De escenificar durante toda la campaña del 23J fuertes tensiones entre ellos, a admitir que están condenados a entenderse. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han certificado a la vuelta de vacaciones, con el pacto cerrado en Murcia y la reunión del pasado martes para la investidura del líder del PP, que su alianza política va a ser duradera. Durante el encuentro que mantuvieron en el Congreso, ambos dirigentes políticos sellaron esa unión entre “dos partidos muy diferentes, pero capaces de llegar a acuerdo en todas partes”, en palabras de Abascal. “Ha habido respeto y hemos sido capaces de anteponer la defensa de la igualdad a cualquier discrepancia política”, admitía después Feijóo, cuyo partido al final se ha visto obligado a asumir muchas de las exigencias ideológicas de Vox, principalmente en materia de violencia de género, igualdad, memoria democrática, derechos LGTBI o educación.
Abascal llegaba a la cita de este martes con la promesa pública de que sus 33 diputados darán sus votos a Feijóo en la investidura, previsiblemente fallida, que tendrá lugar a finales de septiembre. Como ya había dicho anteriormente, el partido ultraconservador renuncia a entrar en un más que improbable Gobierno del PP. Juntos no suman mayoría absoluta y el líder del PP es incapaz, de momento, de lograr otros apoyos, en parte debido a su alianza con la extrema derecha. La investidura, admitían ambos, tiene pocas probabilidades de prosperar.
Tras la cita, Feijóo agradeció al líder de Vox su apoyo “sin condiciones”. La reunión, que duró casi dos horas, venía precedida del anuncio de la alianza en Murcia para investir a Fernando López Miras. La formación de extrema derecha ha logrado lo que venía reclamando desde las elecciones del pasado 28 de mayo: entrar en el Gobierno autonómico. “Con Vox hay legítimas divergencias que tenemos y que podremos tener en el futuro, pero ha habido respeto. Así será en las comunidades en las que hemos llegado a un acuerdo de gobernabilidad, y así lo será de cara a la investidura”, dijo este martes Feijóo.
Con el pacto ya firmado en Murcia –la sexta comunidad donde el PP se ha apoyado en Vox para gobernar–, el ambiente este martes entre ambos dirigentes era de absoluta cordialidad y sintonía. Ni siquiera el fuerte malestar que se instaló en la formación de extrema derecha después de ver que el PP no les cedía ningún puesto en la Mesa del Congreso, como esperaban, lograba empañar esta forzada alianza entre las dos formaciones políticas que se inició a raíz de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. El PP consiguió ganar a los socialistas en la mayoría de comunidades, pero en casi todas dependía de Vox para poder gobernar ante la imposibilidad de hacerlo en solitario.
El último pacto para gobernar en coalición llegó el lunes en Murcia, después de semanas de tiras y aflojas, de declaraciones del PP que negaban a Vox y de la extrema derecha amenazando con ir a una repetición electoral. Pero la ruptura no llegó, y PP y Vox sellaron un acuerdo que implica la entrada de los de Abascal en el Gobierno de López Miras: la formación de extrema derecha se hace con una vicepresidencia, asociada a Seguridad, Interior y Emergencias, y con la Consejería de Fomento. Además han firmado un acuerdo, donde de nuevo hay cesiones a la agenda más ultra con el veto parental o supresión de subvenciones a los sindicatos.
El primero de esos pactos llegó antes de la cita del 28M. Más de un año antes. Fue el acuerdo alcanzado en marzo de 2022 en Castilla y León, donde Vox ostenta la vicepresidencia del Gobierno y dos consejerías, además de la presidencia de las Cortes. Fue el primero de muchos, a pesar de que desde la dirección nacional del PP quisieran entonces circunscribir el acuerdo firmado por Alfonso Fernández Mañueco a una decisión del partido a nivel territorial.
Feijóo, recién llegado a la dirección del PP tras la traumática salida de Pablo Casado, quiso desmarcarse de ese pacto, pero la cita en las urnas solo un año después ha dejado sobre la mesa la dependencia de los populares con la formación de extrema derecha.
A los de Murcia y Castilla y León hay que sumar los gobiernos de coalición en la Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón. En Baleares, los de Feijóo intercambiaron dejar a Vox fuera del Gobierno autonómico cediéndoles puestos en los Consells de Mallorca y de Menorca. La extrema derecha se abstuvo para facilitar la investidura de Marga Prohens.
Algunas negociaciones no fueron fáciles, sobre todo en Extremadura, donde la después presidenta, María Guardiola, se tuvo que “tragar” –en sus propias palabras– sus declaraciones de que “no podía dejar entrar” en su gobierno “a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a la papelera una bandera LGTBI”. Incluso llegó a afirmar que su “único patrimonio” era su palabra. Al final cedió presionada por Génova para poder ser investida presidenta y Vox entró con una consejería en su gabinete.
Mucho más fáciles fueron las que ambos partidos mantuvieron en la Comunidad Valenciana. Allí el 'popular' Carlos Mazón entregó a Vox tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, y también la presidencia de Les Corts. Fue el primero en firmar tras el 28M y abrió la veda. Quedan para el recuerdo las palabras del portavoz nacional del PP, Borja Sémper, sobre las “líneas rojas” de su partido.
En Aragón, su compañero Jorge Azcón ha cedido también dos carteras y la presidencia del Parlamento a la extrema derecha. El dirigente, horneado en las Nuevas Generaciones del partido, tardó un poco más en cocinar el acuerdo, que se selló en agosto y sin la presencia del futuro presidente.
Azcón ha afrontado sin pestañear el primer escándalo protagonizado por dos de los nuevos directores generales de Vox con sus mensajes de exaltación del franquismo colgados en sus redes sociales. El nuevo presidente aragonés se ha negado a cesarles. Cree que son hechos “desafortunados”, pero ha señalado que él juzgará a sus cargos “por lo que vayan a hacer de cara al futuro”.
Los pactos entre PP y Vox han alcanzado también a numerosos ayuntamientos. La extrema derecha cifra en siete capitales de provincia y 140 municipios en donde no ganó la derecha, pero las dos formaciones sumaron mayoría para gobernar. En muchos de ellos se han suprimido los departamentos de Igualdad, y entre los perfiles propuestos por la extrema derecha para formar parte de los gobiernos municipales y autonómicos, y también para presidir parlamentos, se han prodigado negacionistas de las vacunas, del cambio climático o de la violencia de género.
Los conservadores lograron arrebatar el poder al PSOE en importantes capitales de provincia como Valladolid, Burgos, Toledo o Guadalajara, pese a no ganar las elecciones. Los denominados “pactos de perdedores” –un término acuñado por el PP en 2015, cuando la izquierda cerró acuerdos para alcanzar gobiernos municipales o autonómicos sin ser primera fuerza– se dieron en al menos medio centenar de localidades, que suman casi dos millones de habitantes. La extrema derecha ocupa desde las municipales puestos de poder en 140 localidades.
Para lograr el apoyo de Vox, el PP cedió importantes carteras en autonomías y ayuntamientos. Por ejemplo, en Burgos la extrema derecha pilota la cultura y la seguridad ciudadana y, en el caso de Elche, tienen una concejalía de Familia y Mayores así como la de Promoción Económica y Formación y la de Pedanías, Camp d’Elx y Vertebración Territorial.
Debate interno en el PP: ¿legitimar o no a Vox?
Aunque pudiera parecer que el PP se había quitado los complejos de pactar con la extrema derecha tras todos esos acuerdos, el debate interno las últimas semanas entre los dirigentes autonómicos del PP sigue siendo si hay que desmarcarse de Vox o legitimarlo como socio válido.
El sector más conservador del partido, que lideran la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su predecesora en el cargo Esperanza Aguirre o la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, apuesta por señalar a Vox como socio preferente, al que hay que validar frente a los “ataques de la izquierda” que lo cuestiona como un partido democrático y constitucional por sus mensajes racistas y negacionistas del cambio climático o la violencia de género.
Este sector considera que el resultado de las elecciones generales, que dejaron a Feijóo y Abascal lejos de la Moncloa, son el resultado de los “desprecios” que el PP hizo a Vox durante la campaña electoral.
Desde la dirección, sin embargo, hay una parte que considera que un hermanamiento con Vox les cierra puertas a nivel estatal puesto que sus alianzas con el partido de Abascal les impiden pactar con otras fuerzas que en el pasado fueron socios, como es el caso del PNV. Y les lastran electoralmente en algunas regiones.
Esas voces reclaman mostrar más distancia con Vox, como ocurrió en la negociación de la Mesa del Congreso dejando a los de Abascal sin puesto, un distanciamiento con el que el PP trataba de atraer a esos socios del pasado. En cualquier caso, con las alianzas recientes y la reunión del martes entre los líderes conservadores, PP y Vox evidencian que son socios preferentes.