Como si fuera el Captain Louis Renault en Casablanca, el Partido Popular ha caído en la cuenta, con sorpresa e indignación, de que en las últimas décadas se ha producido un trasvase habitual de cargos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con el Judicial. Alberto Núñez Feijóo, ahora, y Pablo Casado, hasta que los suyos le echaron, han puesto como condición sine qua non para renovar el caducado Poder Judicial acabar con lo que han dado en llamar “puertas giratorias”, esto es, que responsables políticos no acaben en puestos relevantes de la judicatura. Feijóo se parapeta así en esta reforma, junto a una amplia modificación legislativa que va más allá del gobierno de los jueces, para mantener el bloqueo en el que la derecha ha instalado al Consejo General del Poder Judicial, primero, y al Tribunal Constitucional, ahora.
En el PP saben de lo que hablan pues han elevado esta práctica a la categoría de virtud. Empezando por el actual presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Designado durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuya mayoría absoluta utilizó el PP para blindar una gran mayoría conservadora en órganos constitucionales, fue dos veces director general en los gobiernos de José María Aznar. Entre 1996 y 2000, de Objeción de Conciencia. Después, hasta 2004, de Relaciones con la Administración de Justicia.
Su paso por el Ejecutivo de la mano del partido que hoy lidera Feijóo no le impidió llegar a la cúspide del sistema judicial español. Lesmes pasó a la Audiencia Nacional, donde el CGPJ de entonces –nombrado durante la mayoría absoluta de Aznar– le ascendió a presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Más tarde saltó al Supremo, a la Sala Tercera, también con el apoyo conservador. Allí fue el ponente de la ilegalización de Sortu, que después anuló el Tribunal Constitucional. Y de ahí, a presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo.
Este proceso también ha funcionado a la inversa. Alguien que lo ejemplifica muy bien es el senador Fernando de Rosa, quien en una reciente intervención en la Cámara Alta impartió una lección de independencia entre poderes del Estado, mientras acusaba al Gobierno de querer “ocupar” el Tribunal Constitucional. “La renovación del Consejo General del Poder Judicial es el medio para conseguir el fin: nombrar magistrados que se manchen las togas con el polvo del camino, como dijo Cándido Conde-Pumpido”, aseguró sin que le temblara la voz.
Pero, ¿quién es Fernando de Rosa? Es senador, pero antes ha sido muchas cosas. De Rosa es juez y llegó a ser decano en Valencia, cuando ya militaba públicamente en el PP. Después dio el salto a la política. En 2003, Francisco Camps, a quien él mismo afilió a la Alianza Popular de Manuel Fraga, le nombró secretario de Justicia de la Generalitat valenciana. En la siguiente legislatura le ascendió a consejero de Justicia y Administraciones Públicas, pero un año después lo dejó para poner rumbo al Consejo General del Poder Judicial: De Rosa pasó de consejero autonómico del PP a vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces. Después volvió a la judicatura: el nuevo CGPJ, que llegó a presidir por los escándalos económicos de Carlos Dívar, lo nombró presidente de la Audiencia Provincial de Valencia. Era 2015. Cuatro años después, Pablo Casado lo fichó para las listas al Senado, en las que llegó a su actual destino.
Son dos ejemplos del histórico trasvase de dirigentes del PP a la Justicia, y viceversa. Dos de muchos. Uno no muy alejado del Senado donde conviven Feijóo y De Rosa sería el de Enrique López. El hoy consejero de Presidencia, Justicia e Interior en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso negoció en nombre del PP de Casado las fallidas intentonas de desbloquear la renovación del CGPJ.
Pero antes tuvo una dilatada y exitosa carrera judicial que le llevó, en el último tramo, hasta la cúspide de la Audiencia Nacional, concretamente a la por entonces recién creada Sala de Apelaciones del tribunal especializado. En 2001, el PP de José María Aznar, otra vez gracias a su mayoría absoluta, le eligió vocal del CGPJ. En el órgano de gobierno de los jueces fue designado portavoz y se convirtió en uno de los azotes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y de sus avances sociales, con airadas declaraciones oficiales como representante del Poder Judicial contra el matrimonio igualitario, el Estatut de Catalunya, contra la ley de Violencia de Género o la de Memoria Histórica.
Tras abandonar el CGPJ en 2008 siguió su ascenso. Dos años después, todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP lo avalaron como candidato al Tribunal Constitucional. Siete años llevaba el PP intentando situar a Enrique López en el tribunal que interpreta la norma fundamental con la oposición del PSOE, que consideraba que no cumplía con los requisitos establecidos. Finalmente, Enrique López se incorporó al tribunal que interpreta la norma fundamental y si las leyes de los distintos gobiernos se ajustan a la misma. Pero el magistrado tuvo que dimitir en 2014 por circular en moto con el triple de la tasa de alcohol permitida.
El caso de Enrique López es paradigmático. Tras su breve paso por el Constitucional volvió a su plaza en la Audiencia Nacional, pero sus propios compañeros le apartaron de los tribunales que juzgarían los casos de corrupción del PP por incumplir el precepto de “apariencia de imparcialidad”. En 2019, Ayuso lo incorporó a su Gobierno. En una entrevista que concedió a La Razón en 2021 dijo: “El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial”. En la misma línea, hace solo unos días, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, aseguró a El País: “Los juristas somos casi todos conservadores”.
Hay otros casos anteriores, como la ministra de Justicia del primer Gobierno de Aznar, Margarita Mariscal de Gante, quien llegó al Consejo de Ministros tras convertirse en la primera mujer elegida como vocal del CGPJ, en 1990 y a propuesta del PP. Mariscal de Gante fue diputada del PP por Albacete entre 2000 y 2004. Después fue designada, también a propuesta del PP, para el Tribunal de Cuentas, donde fiscaliza las finanzas de todos los partidos, incluido el PP. O José Merino Jiménez, quien pasó de director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid presidida por Alberto Ruiz-Gallardón a ser elegido vocal del CGPJ a propuesta del PP, durante la mayoría absoluta de Aznar.
El PP considera al Gobierno “abusivo”
Con esta mochila a cuestas, el PP de Feijóo ha hecho de la independencia judicial el parapeto para no acceder a renovar el CGPJ, cuyo mandato va camino de los cuatro años caducado. Un bloqueo que inició el PP de Casado (a cuya dirección pertenecía Enrique López) y que se ha extendido al Tribunal Constitucional, que tiene cuatro vacantes desde el pasado mes de junio.
El sector conservador del Poder Judicial ha decidido boicotear los nombramientos que le corresponden por orden de la Constitución de 1978. Y, sin esas designaciones, el Gobierno no puede acometer las suyas, pues van de la mano según la norma fundamental del Estado.
El proceso conduciría a la natural alternancia que se da en los altos órganos constitucionales y que, según quisieron quienes redactaron la ley fundamental y quienes la ratificaron en referéndum, debe responder en cierta medida a la representación popular en las Cortes Generales y el Gobierno. Así ha sido hasta ahora con el bloque conservador, que incluso ha llevado su control mucho más allá de lo establecido legalmente.
Pero esto al PP le parece “abusivo”. Así lo ha dejado escrito el vicesecretario de Política Institucional, Esteban González Pons, uno de los dirigentes que más influencia ejerce sobre Feijóo, en una carta remitida este jueves a su contraparte en el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Pons personaliza la estrategia de bloqueo del Poder Judicial, heredada de Casado y aumentada por la nueva dirección. Él ha dado por rotas las negociaciones, las ha recuperado o ha justificado las negativas de su partido a cumplir el mandato constitucional. Es el mascarón del PP en su supuesta travesía hacia la independencia judicial. El mismo González Pons que ejercía de vicesecretario de Estudios y Programas del partido cuando, en 2013, Rajoy usó su mayoría absoluta para reducir las mayorías necesarias para renovar el CGPJ sin la oposición. Como diputado, votó a favor de la reforma.
En la misiva, Pons (en nombre de Feijóo) reitera las condiciones del PP para acceder a cumplir la Constitución y la ley. Unos requisitos que van más allá del propio CGPJ y atañen, por ejemplo, a las “puertas giratorias” entre la política y la Justicia. O a la Fiscalía General del Estado. A las oposiciones para acceder a la judicatura (preparadores que cobran en B y clasismo mediantes), pero para que no se modifiquen en este caso. O a eliminar el papel de los parlamentos autonómicos en la designación de magistrados de los tribunales superiores de justicia regionales.
Una colección de requisitos que en el PP consideran “de mínimos” y que siempre han considerado un todo que el Gobierno debe aceptar como condición previa de que Feijóo y los suyos se sienten a negociar. Un intento de convertir sus 88 diputados en una mayoría suficiente para cambiar leyes que los otros partidos no desean modificar.
El PP no ha dudado incluso de utilizar a las instituciones europeas en su cruzada y, aunque desde la Comisión Europea sí se “recomienda” a España que transite hacia un CGPJ más independiente de los partidos, la última vez que se pronunció fue clara: primero, renovación del Poder Judicial; y luego, debatir la reforma. Con todo, en su última ofensiva después de que Carlos Lesmes haya amenazado con dimitir al frente del gobierno de los jueces, Pons ha remitido sendas cartas a la vicepresidenta europea encargada de Valores y Transparencia, la checa Vera Jourová, y al comisario de Justicia, el belga Didier Reynders.
Menos de 10 años después de modificar la ley para dejar sin maniobra a la oposición y nombrar un CGPJ afín declarado en rebeldía, el PP ha descubierto con escándalo, como Renault en el Rick's Cafe, que “aquí se juega”, es decir, la connivencia entre políticos y altos cargos judiciales. En la película antinazi rodada en 1942, el jefe de la policía clausura el local de juego mientras recibe su parte de las ganancias. Una metáfora que se acomoda como un guante a la situación de la justicia española 80 años después.