El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y dirigentes del PP de toda condición extendieron ayer la teoría de que los incendios que asuelan Galicia desde el fin de semana y que provocaron cuatro muertes están causados por “terroristas medioambientales”.
Ese es el término acuñado por la dirección del Partido Popular pese a que de momento no hay detenidos, ni artefactos incendiarios incautados y a que la Fiscalía especializada en Medio Ambiente que coordina las investigaciones no tiene un solo indicio que apunte a una acción concertada. Según fuentes de los cuerpos de seguridad, tampoco hay atestados en la Guardia Civil o el Cuerpo adscrito de Policía Autonómica para respaldar esa tesis.
Tras reunir a su Gobierno, Feijóo utilizó su tono más solemne para advertir: “Los responsables de este terrorismo incendiario deben saber que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como máxima prioridad buscarlos y trabajar para detenerlos”. En cualquier caso admitió que de momento no hay base para sostener la existencia de una trama organizada.
El comisario jefe de Policía en Vigo aseguró que se trabaja con la hipótesis de que “un grupo organizado” causó los incendios en el entorno de la ciudad, pero evitó dar más pistas. Dos personas que han sido interrogadas, supuestamente por ir en moto por zonas próximas a los fuegos, quedaron en libertad sin cargos.
El ministerio del Interior, a través de un portavoz autorizado, admitía a media tarde del lunes que no se ha incautado ningún artilugio incendiario en Galicia y que aunque dos jóvenes fueron sorprendidos con un bidón de gasolina en una zona próxima al fuego pronto se comprobó que era para llenar el depósito de su coche que se había quedado sin combustible.
Pese a la inexistencia de pistas sólidas, los portavoces del Partido Popular se desplegaron por los medios para advertir sobre supuestas tramas criminales, una vieja costumbre de la política gallega desde 1990 cuando el hoy presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, entonces consejero de Agricultura de Fraga, acudía a las ruedas de prensa con pequeños paracaídas supuestamente incautados para probar la existencia de las mafias del fuego que calcinaron aquel año 50.000 hectáreas.
El discurso del enemigo desconocido que prende el monte ha sobrevivido a todos los gobiernos que tuvieron que enfrentarse a crisis de este tipo en los últimos treinta años y sigue vigente, pese a que la estadística oficial señala que 95% de los arrestados en Galicia por incendios forestales lo son por imprudencias y no se ha hallado vinculaciones entre ellos.
El lunes, horas después de que el fiscal jefe de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, pidiese no aventurar hipótesis y repetía que no hay nada que haga pensar en grupos organizados para quemar el monte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aterrizaba en Santiago y decía que los fuegos gallegos no pueden ser fruto de la casualidad. Rajoy no desveló de dónde salen sus sospechas.
De hecho, en la mayoría de los incendios del fin de semana no se han iniciado las investigaciones porque los trabajos aún se centran en apagar las llamas y no será hasta dentro de unos días cuando los agentes de la Policía Autonómica busquen fuego a fuego cada punto de inicio y se puedan deteminar las causas.
La tesis que defendieron el lunes Rajoy y Feijóo es exactamente la contraria que abrazaron en 2007. Entonces, en medio de una campaña que no hizo prisioneros, el Partido Popular se lanzó contra los Gobiernos de Santiago y Madrid, ambos en manos del PSOE, a propósito de la oleada de incendios que se cobró dos víctimas mortales y calcinó 70.000 hectáreas. El partido de Feijóo convocó manifestaciones contra la Xunta que presidía el socialista Emilio Pérez Touriño, y situó en la cabecera a las familias de dos mujeres que habían fallecido dentro de sus coches en Cualedro, un episodio similar al que sucedió la semana pasada en Nigrán.
A esa manifestación en Santiago acudió Mariano Rajoy, entonces en su papel de líder de la oposición. En la plaza del Obradoiro ante los micrófonos, Rajoy negó rotundamente que pudieran existir tramas de criminales tras el fuego y se apoyó en informes de la Guardia Civil para desmentir al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que entonces también se apuntó a la teoría de las mafias.
En aquella marcha convocada por una plataforma afín al PP de la que nunca más se supo, Sos contra o lume, Rajoy pidió a Zapatero que asumiese “sus responsabilidades” y un “plan serio y de verdad” para los damnificados por las llamas.
De aquella época queda la foto que persiguió a Alberto Núñez Feijóo hasta que trascendió el álbum de su amistad con el narcotraficante Marcial Dorado y sus vacaciones por el mar y la montaña. Durante la letal ola de incendios que durante el verano de 2006 arrasó más de 70.000 hectáreas y puso contra las cuerdas al Gobierno bipartito que presidía Pérez Touriño, el entonces líder del PP gallego decidió posar para los fotógrafos con una manguerita de jardín apagando unos hierbajos ataviado con vaqueros, zapatos náuticos y camisa blanca remangada.
Aquella imagen de bombero de diseño contrastaba con los brigadistas teñidos de negro que peleaban noche y día contra unas lenguas de fuego que atacaban las provincias de A Coruña y Pontevedra y propició al líder de la oposición duras críticas desde todos los sectores por el oportunismo que destilaba.
Ya como presidente, Feijóo pidió perdón a su manera por aquella instantánea y explicó que la manguera se la habían puesto en sus manos y que no tuvo intención de protagonizar publirreportajes en medio de la crisis. La escena vuelve al Parlamento gallego de manera recurrente cada vez que la Cámara aborda el problema del fuego. Y ha quedado como símbolo de la guerra sin cuartel que emprendió el PP apenas dos años después de perder las elecciones en Galicia.
Feijóo no solo reclamó dimisiones. Pronunció una frase terrible que ahora resucita en las hemeroteca: “Con nosotros [los gobiernos de Fraga], no moría gente en los incendios. Con ellos, cuatro personas”.