El Partido Popular sigue dispuesto a prolongar el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene sumida a la institución más importante del tercer poder del Estado en una situación de parálisis inédita en democracia. Tras más de cuatro años de excusas crecientes y cambiantes y solo dos meses después romper unilateralmente la última negociación cuando estaba a punto de culminar, la formación de Alberto Núñez Feijóo endurece de nuevo sus condiciones al recuperar la exigencia de que los 12 vocales judiciales del CGPJ sean elegidos de forma directa por los jueces.
Así consta en una proposición de ley que el grupo parlamentario presentó el 30 de diciembre en el Congreso y que incluye también algunos de los puntos del pacto alcanzado en octubre con el PSOE y que el PP dinamitó en el último momento. La novedad es que ese texto, conocido este martes, contiene la propuesta de cambiar ya el método de elección de los vocales del CGPJ para que los jueces elijan a 12 de los 20, los que pertenecen a la carrera judicial. Y eso supone el regreso a un planteamiento de máximos al que el PP había renunciado en su última negociación con el Gobierno y que Feijóo rompió ante las críticas internas y de las terminales mediáticas más conservadoras.
El texto íntegro del acuerdo al que llegó entonces el Ejecutivo y el principal partido de la oposición no ha trascendido. Pero Esteban González Pons, principal negociador del PP en materia judicial, reconoció tras la ruptura de las conversaciones que su voluntad era que “constara que el CGPJ tenía que emitir un dictamen para que jueces y magistrados elijan a sus vocales”. Es decir, dejaba en manos del órgano renovado la elaboración de un informe –no vinculante– sobre esa reforma. Y suponía, por tanto, que el PP estaba dispuesto a abordar la renovación con las actuales reglas de juego.
En el sistema vigente, los 12 vocales judiciales son elegidos por una mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado sobre una lista determinada por los propios jueces. Para entrar en ese listado es necesario tener el aval de 25 jueces o de una asociación judicial y cada juez y cada asociación puede respaldar a 12 jueces. El nombramiento de los otros ocho vocales juristas sí depende únicamente de las Cámaras. Con este movimiento, Génova busca retratar al PSOE en la negativa a permitir que sea la propia carrera judicial la que elija a sus representantes en el CGPJ a través de una proposición de ley que está en los términos a los que había renunciado en la última negociación con Moncloa.
En el PSOE consideran que el texto que el PP ha enviado al Congreso “no es nada nuevo”. “Es una de las excusas que incluyen en su catálogo para no renovar el CGPJ”, aseguran en la dirección socialista. Desde Moncloa emplazan, además, a Feijóo a recuperar el acuerdo que alcanzaron antes de que el líder del PP volara por los aires las conversaciones. “La proposición de ley que se pactó está lista para ser firmada cuando el PP quiera y supere el temblor de piernas”, señalan fuentes gubernamentales.
La premisa fundamental de los de Sánchez es que la renovación del CGPJ que lleva ya más de cuatro años con su mandato caducado debe producirse antes de cualquier hipotético cambio en el sistema de elección. “Es Europa la que dice que primero hay que renovar el CGPJ”, recuerdan en Ferraz. A partir de ahí, el Ejecutivo sí está dispuesto a retomar la negociación en el acuerdo consistente en tres documentos a los que solo faltaban pequeños detalles por pulir: uno donde se explicaba el pacto alcanzado con el PP; otro que contenía la proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con la intención de impedir las puertas giratorias en la Justicia; y el tercero con la lista de los 20 vocales y los 12 suplentes del nuevo CGPJ.
Las fracasadas iniciativas de Casado
La fórmula actual de elección parlamentaria fue ratificada en un pacto suscrito en 2001 entre el PP y el PSOE durante la segunda legislatura de José María Aznar. Los conservadores tampoco propusieron este cambio legal en sus dos mayorías absolutas. Feijóo recupera ahora un cambio en el sistema de designación de los vocales que su predecesor en el puesto, Pablo Casado, promovió en el Congreso hasta en dos ocasiones aunque esas iniciativas fueron tumbadas por el pleno del Congreso por amplia mayoría.
La primera ocasión fue en 2018, después de que la publicación de un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Juan Ignacio Cosidó, jactándose de controlar “por detrás” [con el nombramiento de Manuel Marchena] la sala más delicada del Tribunal Supremo frustrara el primer intento de renovación del actual CGPJ, que se había planteado sin tocar el sistema de elección de los vocales. Solo cuando el acuerdo saltó por los aires, el PP cambió de criterio y planteó acabar con la elección parlamentaria de los vocales judiciales. Lo hizo introduciendo in extremis una enmienda en una reforma judicial más amplia promovida por Ciudadanos. Pero ambos partidos se quedaron solos y la iniciativa fue rechazada en diciembre de ese año por 176 votos.
Casado lo volvió a intentar meses después. En octubre de 2020 presentó una reforma judicial más amplia que incluía la elección directa por parte de los jueces de los 12 vocales judiciales, pero también otras medidas como modificar el sistema de mayorías de los nombramientos judiciales o impedir que pudiera ser nombrado fiscal general del Estado quien hubiera desempeñado un cargo político en los diez años previos. La mayoría de la Cámara Baja –con 154 síes y 190 noes– tumbó esa iniciativa en septiembre de 2021. El PP solo logró el apoyo de Vox y Ciudadanos.
El sistema de elección directa por parte de los jueces de los 12 vocales judiciales que exige de nuevo el PP es el que estaba en vigor hasta 1985. Con estas reglas del juego, la candidatura de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) —que era la única constituida hasta ese momento en el ámbito judicial— ganó en 1980 las elecciones al CGPJ y copó todos esos puestos a pesar de que había listas abiertas. Además de la APM, se presentaron la Candidatura Judicial Independiente y la Candidatura Independiente de Magistrados de Trabajo, según contó El País.
La elección parlamentaria de los vocales del CGPJ se instauró en 1985, cuando el PSOE de Felipe González gobernaba con mayoría absoluta. En esa decisión pesó la composición conservadora de la carrera judicial y la voluntad de los socialistas de que la mayoría parlamentaria tuviera cierto reflejo en la estructura judicial. Es el modelo que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez al entender que “garantiza que los poderes del Estado emanen de la ciudadanía” al tiempo que respeta la participación de los jueces, que colaboran en la preselección.
El escándalo que supuso en diciembre que la mayoría conservadora del Constitucional frenara por primera vez en la historia la tramitación de una reforma legal en el Parlamento –precisamente, la presentada por los partidos del Gobierno, que contenía una enmienda para renovar el tribunal– ejemplifica cómo el hecho de que los nombramientos y decisiones las hagan jueces no es garantía plena de independencia e imparcialidad.
Las asociaciones de jueces tampoco se ponen de acuerdo sobre cómo hay que elegir a los vocales judiciales del Poder Judicial. La mayoritaria y conservadora APM defiende la designación directa por los jueces “sin restricciones”, mientras las moderadas Francisco de Vitoria y Foro Judicial incluyen matices a la elección corporativa para incluir a las “minorías”. Solo la progresista Jueces para la Democracia apoya el actual modelo.
La batalla del relato en 2023
Nada más comenzar 2023 el Gobierno y el principal partido de la oposición han dejado claro que sus posiciones están tan alejadas como en el fin del año anterior, aunque tanto Sánchez como Feijóo quieren mantener vivo el debate sobre el Poder Judicial. PSOE y Unidas Podemos han pospuesto por ahora el registro de la proposición de ley pactada con la mayoría parlamentaria –y que tumbó el Constitucional– con la que pretendían forzar precisamente su renovación. “No es algo prioritario”, reconocen en la cúpula socialista una vez que el órgano de gobierno de los jueces designó a sus dos candidatos.
No obstante, las fuentes consultadas no descartan impulsar alguna iniciativa al entender que “es necesaria una reflexión sobre qué hacer cuando uno de los dos grandes partidos que sostienen el espíritu del 78 se vuelve contra el sistema y éste queda absolutamente desprotegido”. “El PP está ahora mismo en una posición de incumplimiento de la Constitución que no por repetida, deja de ser incomprensible en un partido que se decía de Estado”, agregan.
La consecuencia de este bloqueo es que el CGPJ está metido de lleno en su quinto año de mandato caducado en una situación absolutamente precaria: con un presidente “por sustitución” elegido tras la dimisión de Carlos Lesmes, un pleno mermado (con 18 de sus 21 miembros originales) y unas atribuciones también limitadas. Desde marzo de 2021 tiene prohibido ejercer su función principal: realizar nombramientos en la cúpula judicial, lo que ha derivado en una amenaza de colapso en el Tribunal Supremo porque no se pueden cubrir vacantes.
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