Con traje negro y corbata verde, poco después del mediodía, ante el retablo barroco que engalana el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, donde en 1812 se promulgó la primera constitución española. Solo, de pie, con las banderas de España y la UE de fondo, Alberto Núñez Feijóo presentó este lunes su Plan de Calidad Institucional en una suerte de declaración institucional pretendidamente cargada de solemnidad. Un documento sin sello del PP (en su lugar, el escudo de España) que nace medio moribundo: rechazado por propios y extraños, con aspectos ya en vigor y descafeinado en su medida estrella: que gobierne la lista más votada. El líder del PP la ha limitado a los ayuntamientos. Y ni aun así ha logrado el respaldo de todos los suyos.
Con La Inmaculada Concepción de Murillo como telón de fondo, Feijóo se erigió en el heredero del liberalismo del siglo XIX que fue pisoteado por el absolutismo encarnado en Fernando VII. “Todos los valores de nuestros antepasados siguen vigentes”, dijo, ante un público donde el único representante institucional era el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. “El eco de las Cortes de Cádiz se extendió por todo el mundo”, añadió. Un eco que se ha propagado “hasta hoy” (por el lunes), día en el que Feijóo decidió, según sus palabras, dar “un paso al frente en un momento crucial de la democracia española”.
Y el momento es crucial porque las bases constitucionales del Estado están en riesgo. El guion “lo escriben los anticonstitucionalistas, independentistas y populistas”, pero lo “interpreta el Poder Ejecutivo a espaldas de la soberanía popular y con menoscabo de la división de poderes”, dijo Feijóo, pese a que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha logrado amplios respaldos en el Congreso a sus principales medidas, como los Presupuestos Generales e incluso la polémica reforma del Código Penal.
El discurso de impugnación de la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez, que Feijóo atajó en un principio y al que se ha subido menos de un año después, alcanza ya al Planeta Tierra: “No somos los únicos en el mundo alarmados por un conjunto de acciones dirigidas a debilitar el Estado de Derecho frente a sus enemigos declarados”. Feijóo sostuvo que “en otros lugares se alzan voces como las nuestras que alertan de la peligrosa inclinación hacia posiciones iliberales” en el Ejecutivo de coalición.
El plan presentado este lunes por el PP contiene decenas de medidas que, en mayor o menor medida, el partido de Feijóo ya había desgranado en los últimos meses. O años, porque algunos de sus planteamientos forman parte del acervo histórico de promesas incumplidas por la derecha madrileña.
Es el caso de la medida estrella del plan, que el propio Feijóo se encargó de comunicar la semana pasada en casi todos sus detalles. Tras cebar durante semanas la cuestión de pactar con el PSOE para que gobierne la lista más votada (una reclamación histórica del PP que nunca ha querido llevar a término en las dos mayorías absolutas de las que ha disfrutado), el dirigente gallego dijo que sería de aplicación solo en elecciones “municipales”.
Así lo reiteró este lunes, y así figura en el plan, donde plantea una reforma de la ley electoral “para garantizar que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos y asegurar la gobernabilidad de la lista más votada”. Un precepto que ya se recoge en la normativa actual en buena parte, ya que la actual redacción de dicha norma contempla que, en caso de que ningún candidato a alcalde logre el apoyo de la mayoría del Pleno municipal, será designado para la Alcaldía automáticamente el primero de la lista más votada.
Feijóo quiere ahora ir un paso más allá, aunque no concreta la literalidad de la reforma que plantea. Eso sí, añade un detalle que hasta ahora no se había revelado: “El Gobierno local no [tendrá] que someter al pleno asuntos de naturaleza gestora”. Más manos libres para la junta de gobierno municipal que, de hecho, ya es competente para la mayoría de las decisiones.
Ayuso, en contra, el Gobierno, también
El recorrido de la medida es ninguno. Los integrantes del Gobierno de coalición lo han rechazado de plano. “Entonces, ¿va a dimitir Almeida?”, respondía con sorna el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, antes de entrar a la reunión de la ejecutiva socialista. Tras la reunión, la portavoz, Pilar Alegría, recordaba que “Feijóo es de Orense y en Orense ordenó darle la alcaldía a la tercera lista a pesar de que el líder del PSdG le pidió por carta que gobernara la lista más votada”. Desde Podemos, directamente han calificado a Feijóo de “analfabeto constitucional”.
Efectivamente, la hemeroteca del PP no acompaña en este caso a Feijóo. Existen decenas de ejemplos de veces en las que el partido gobernó sin ser la lista más votada, o dio el poder a otros con tal de que no lo tuviera el PSOE. Ocurrió en 2019 en Ourense, con Feijóo al frente del PP regional. O en Madrid, Palencia, Zaragoza...
Pero también en comunidades autónomas. Una de las beneficiadas fue Isabel Díaz Ayuso, quien en 2019 perdió contra contra Ángel Gabilondo. O Alfonso Fernández Mañueco, que lo hizo ante Luis Tudanca. Ambos retuvieron el poder para los suyos gracias a uno de esos denostados “pactos de perdedores” que, en este caso, contaron con el apoyo de la ultraderecha. Algo que ya ocurrió en 2018, cuando Juan Manuel Moreno logró la Junta de Andalucía con los votos de Vox.
El recientísimo pasado del PP no priva a su jefe de filas de proponer lo que él mismo no quiso hacer. Pero, en esto, Feijóo tampoco es una excepción. La posición del PP sobre si debe, o no, gobernar la lista más votada, y cómo, es cambiante. “A mí me interesa esto de la lista más votada”, dijo Feijóo la semana pasada. Su predecesor también lo pensaba, hasta que en abril de 2019 logró 66 diputados y las encuestas vaticinaban el que, efectivamente, fue uno de los peores resultados en autonómicas y municipales de la derecha tradicional apenas un mes después.
Entonces, el PP pasó a defender esos “pactos de perdedores” de los que tanto renegaron quienes antes habían ocupado la planta noble del edificio situado en el 13 de la calle de Génova de Madrid.
“Nos tememos la respuesta del sanchismo”, concluyó Feijóo su alocución: “Menosprecio, descalificación y falsedad”. Pero, en realidad, fue lo que se encontró incluso antes de presentar su propuesta, y no precisamente por el Gobierno ni el presidente.
La primera crítica le llegó de los suyos. Ni 24 horas después de compartir escenario con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña se desmarcó del planteamiento de su jefe de filas. Ayuso primero recordó en una entrevista en Antena 3 que ella misma gobernó en 2019 sin ser la lista más votada, cuando el PSOE ganó las elecciones, y defendió que si los “bloques” suman, no le “parece mal” que gobiernen. Después, durante un acto público, insistió en que cuando los bloques suman ella es partidaria de esos gobiernos, y por eso quizás habría que hablar más de “segundas vueltas” y no de que gobierne la lista más votada porque. en ese caso, “las minorías” siguen teniendo más peso que los partidos con más votos. Para ello, puso el ejemplo de Bildu con la reforma laboral.
La dirigente madrileña deslizó además que la propuesta no tiene sentido porque ni el PSOE ni “la izquierda” van a aceptarla. “En definitiva, no me compete a mí y la izquierda nunca aceptaría esto, así que no sé para qué vamos desde los gobiernos autonómicos a opinar”, despachó el asunto durante uno de sus actos como presidenta regional, a pesar de que la propuesta de Feijóo plantea que la lista más votada de los municipios gobierne, y Ayuso es la presidenta del PP de Madrid, además de presidir la Comunidad. “Esto no me compete a mí y las direcciones de los partidos decidirán y se acatarán”, zanjó.
Ayuso ha puesto precisamente el objetivo en el poder municipal que le queda al PSOE de la región en grandes localidades del sur y del este, sobre todo. Y donde no necesariamente que gobierne sí o sí la lista más votada le vendrá bien a ella.
Del Constitucional a al CGPJ, RTVE... o Correos
Pero no solo el Gobierno y Ayuso han rechazado la medida. Desde Vox y Ciudadanos tampoco la defienden. “¿Y si es Bildu o ERC, van a a apoyarles?”, le replicó el portavoz de la ultraderecha, Jorge Buxadé, quien zanjó: “No responde a nuestro sistema democrático. Nuestro sistema democrático es un sistema de mayorías políticas”.
La nueva portavoz política de Ciudadanos, Patricia Guasp, dijo en el mismo sentido: “Esta propuesta de la lista más votada se carga la representatividad. Va en contra de la voluntad de los ciudadanos”. La recién elegida dirigente zanjó: “Me parece muy lamentable que los que creen que son la alternativa al Gobierno de Sánchez se erijan en defensa de un sistema electoral que no defiende que un ciudadano es igual a un voto”.
La medida de la lista más votada se comió buena parte de las otras 59 que recoge el documento, y que en buena parte están dedicadas al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. El bloqueo del CGPJ que desde hace más de cuatro años ejerce el PP, y que intentó extender sin éxito al tribunal de garantías, no se aborda en el documento (pese a que no tiene logo del PP, sino el escudo de España). Tampoco un método para impedir que vuelva a ocurrir.
Sí se avanza, sin concretar, en que los 12 vocales de extracción judicial se elijan exclusivamente por jueces y magistrados, sin ninguna participación de las Cortes Generales donde reside esa soberanía popular que, según Feijóo, el Gobierno de coalición ignora.
El PP arremete contra la falta de “libertad de expresión” en RTVE o la Agencia Efe, sin explicitar a qué se refiere y cuando los profesionales de la radio televisión pública gallega han protagonizado decenas de protestas por las injerencias políticas del Gobierno que el propio Feijóo dirigió.
El dirigente gallego plantea también acabar con “la obscena colocación de afines en órganos como el CIS, el CNI, la CNMV, la CNMC, el INE, INDRA, RTVE, Correos”. El propio Feijóo fue designado presidente de Correos en 2000 por el Gobierno de Aznar. Antes, había sido director del Insalud entre 1996 y 2000.
Feijóo plantea también recuperar de forma limitada el recurso previo de inconstitucionalidad, vigente ahora mismo solo para los Estatutos de Autonomía. O “desligar” la figura del Fiscal General del Estado de la del Gobierno imponiendo un mandato de cinco años, aunque en ningún momento plantea que no sea elegido por el Ejecutivo.
El líder del PP firmó solemne el “contrato” a los pies de una imagen religiosa. En 2009, en el Parador de los Reyes Católicos, selló uno similar justo antes de ser elegido presidente de la Xunta de Galicia. Feijóo confía tener una suerte similar para este 2023.