El fiscal general promete nuevas directrices contra la corrupción y advierte de que no se convertirá en un “opinador”

Álvaro García Ortiz ha culminado este miércoles los trámites preceptivos para renovar el cargo de fiscal general del Estado. Tras el acto solemne de toma de posesión en el Tribunal Supremo se ha dirigido a la sede de la Fiscalía General del Estado, ubicada en la calle Fortuny de Madrid. Allí ha pronunciado un discurso en el que ha desvelado que la institución tiene avanzadas una serie de circulares relacionadas con la lucha contra la corrupción, ha reivindicado su “neutralidad” y ha advertido de que no se convertirá en un “opinador” de la actualidad política o judicial. “Me mantendré siempre —y así mantendré a la institución— en el espacio de lo jurídico”, ha afirmado. 

García Ortiz, que sustituyó a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado en septiembre de 2022, fue confirmado de nuevo en el puesto el pasado noviembre. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acordó su continuidad en un momento delicado para él, después de que el Alto Tribunal anulara el ascenso a la mayor categoría de la carrera de su predecesora y también cuando estaba siendo fuertemente cuestionado por algunos sectores conservadores del Ministerio Público, que criticaban que no se hubiera pronunciado sobre la ley de amnistía y las menciones al ‘lawfare’ o judicialización de la política recogidas en el reciente acuerdo entre el PSOE y Junts. 

Después, la mayoría conservadora del caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó declararlo idóneo para el cargo de fiscal general del Estado. Es un asunto al que no se ha referido en su discurso de este miércoles, aunque sí lo hizo en su intervención en el Congreso el pasado diciembre, cuando se declaró víctima de un “tribunal de honor”. En este primer discurso de su segundo mandato al frente del Ministerio Público, García Ortiz ha reivindicado la “neutralidad y objetividad” de la figura del fiscal general y ha reiterado que no tomará postura “en cuestiones estrictamente políticas”. 

“Nada debe perturbar la postura procesal del Ministerio Fiscal ante los juzgados y tribunales. Un comentario u opinión realizado al margen de nuestros mecanismos estatutarios supone asumir un modelo en el que la mera voluntad del fiscal general se impone a la arquitectura de toda una institución constitucional”, ha insistido. Y ha añadido que convertirse en un “opinador” lo situaría permanentemente “en el centro de la polémica”. “Y las polémicas siempre favorecen a unos y perjudican a otros. Ese no es el modelo de Ministerio Fiscal imparcial que proclama nuestra Constitución. No es, tampoco, mi modelo de Ministerio Fiscal”, ha sentenciado. 

Mejoras “parciales” en el Estatuto

Respecto a sus objetivos para este nuevo mandato, García Ortiz ha desvelado que la Secretaría Técnica tiene avanzadas una serie de circulares con nuevas herramientas para los fiscales en la lucha contra la corrupción. Se ha referido concretamente a “un conjunto de doctrina vinculante respecto de los delitos de prevaricación administrativa, malversación, enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios”. 

También ha prometido que impulsará “mejoras parciales” en el Estatuto de la Fiscalía con el objetivo de lograr mayores parcelas de autonomía, modernización y transparencia. También ha anunciado que pretende aprobar varias instrucciones encaminadas a “reforzar el sistema de controles y contrapesos de la institución y mejorar el régimen de toma de decisiones”. Según ha aseverado, estas Instrucciones abordarán el sistema de discrepancias en el seno de la Fiscalía, las avocaciones y sustituciones en los procedimientos, la dación de cuenta a los superiores jerárquicos y la labor de visado por las jefaturas y los delegados de las especialidades.

Por otro lado, también ha asegurado que potenciará la “función social” de la Fiscalía en aquellas áreas de protección de los intereses públicos, sociales y difusos donde en ocasiones el derecho llega con dificultad. “En definitiva, proteger la dignidad de las personas cualquiera que sea su estado, origen, condición o situación legal o jurídica”, ha sentenciado.