El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha respondido a los fiscales del procés que su “posición pública” debe reforzar la “imparcialidad” de la institución que representa y su actuación debe estar marcada por los principios de “objetividad e independencia”. Así consta en una carta remitida a los fiscales Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, que le pidieron una “respuesta inmediata” ante las menciones al ‘lawfare’ o judicialización de la política que recoge el acuerdo entre el PSOE y Junts pero no la propuesta legal que finalmente registrada en el Congreso.
En la misiva, García Ortiz señala que cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de la ley de amnistía “exige conocer la definitiva norma que la regule” una vez que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y recuerda que ese posicionamiento, que en todo caso debe ser “técnico jurídico”, “se realizará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda la intervención de la Fiscalía”. Respecto a su función como fiscal general, García Ortiz añade que “velará siempre por la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones democráticas”.
Según publicó El Mundo, los citados fiscales enviaron a García Ortiz una carta en la que sostenía que el “solo hecho” de que se arrojara sobre ellos “la sospecha (...) de una actuación ilegal admitiendo que se podría calificar el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias como injusto, desproporcionado y guiado por motivos políticos solo puede entenderse como un ataque a la Institución”. Y que, por tanto, debía ser objeto de una “respuesta inmediata” del fiscal general del Estado como “cúspide” de la Carrera Fiscal.
La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó al juez Pablo Llarena que dictara una orden de busca y captura de Carles Puigdemont al día siguiente de las elecciones del pasado 23 de julio. El resultado de los comicios democráticos permitía a Pedro Sánchez volver a gobernar si renovaba el bloque de la investidura anterior y sumaba a Junts per Catalunya, la formación de Puigdemont que, a deferencia de la anterior legislatura, resultaba clave para imponer a la suma de PP y Vox.
La petición de los fiscales respondía a la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que el 5 de julio, 19 días antes, había retirado la inmunidad a Puigdemont y Carles Comin, de quien también pedía que fueran detenidos. Los fiscales eligieron las horas posteriores al resultado electoral para firmar su escrito y que se hiciera público.
Son los mismos fiscales que durante el juicio del procés defendieron la acusación por rebelión, esto es, que en el procés se utilizó la violencia y que vieron su tesis fracasada en la sentencia de la Sala Segunda, que preside Manuel Marchena. Los acusados fueron condenados por sedición, la acusación que defendió la Abogacía del Estado, y no por rebelión.
Una de las cuatro fiscales firmantes de la carta a Álvaro Ortiz es Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado con el Gobierno del PP, que desde su puesto en la Fiscalía del Tribunal Supremo publicó una tribuna contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis del Covid. En ella acusaba al poder ejecutivo de “antidemocrático” y de imponer por la puerta de atrás “un verdadero estado de excepción”.
Además, el fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas señaló en una entrevista a Madrigal como uno de los dos fiscales del Supremo que le presionaron para que informara a favor de las querellas presentadas contra el Gobierno central por la gestión de la COVID-19.
El fiscal de Catalunya rechaza valorar la amnistía al ser “un futurible”
También este jueves, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha cerrado filas con el fiscal general y ha rechazado valorar la ley de amnistía al considerarla un “futurible” debido a su estado inicial de tramitación. Durante la presentación de la memoria de la Fiscalía Superior de Catalunya en el Parlament, Bañeres ha rechazado valorar la amnistía a petición de varios grupos parlamentarios: “Hablar de futuribles no me corresponde”, informa Oriol Solé.
“De momento, que yo sepa, no se ha aprobado ninguna ley de amnistía”, ha expresado Bañeres, que ha remarcado que los comunicados de las asociaciones de jueces y fiscales contra la mención al 'lawfare' en el pacto entre el PSOE y Junts quedan “extramuros” de los órganos a través de los que la Fiscalía fija su posición sobre los proyectos legislativos. Así, Bañeres ha recordado que los posicionamientos del ministerio público se abordan, con debate, en la Juntas de Fiscalía, o cuando son “cosas de más arriba”, en la Junta de Fiscales del Supremo y el Consejo Fiscal. “Y la última palabra la tiene el fiscal general del Estado”, ha apostillado.