Los fiscales conservadores llevan al Supremo la obligación de comunicar si preparan opositores

La conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales ha decidido llevar hasta el Tribunal Supremo la orden de la Fiscalía General que obliga a los miembros del Ministerio Público a declarar si preparan opositores. En un comunicado, esta asociación explica que la sala tercera ya ha admitido a trámite su recurso contra esta medida, que también se encontró con la oposición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y con la acogida favorable de la Unión Progresista de Fiscales.

Tal y como adelantó elDiario.es el pasado mes de julio, la entonces fiscal general Dolores Delgado dictó un Decreto en el que se obligaba a los miembros de la carrera fiscal a informar sobre si estaban o no preparando opositores a la carrera judicial o fiscal. El objetivo, según fuentes del organismo que ahora dirige Álvaro García, es evitar que un fiscal que prepara opositores pueda también formar parte de un tribunal que posteriormente tendrá que examinar a esos aspirantes a miembros del Ministerio Público.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que dirige Salvador Viada, ya presentó sus reparos ante la propia Fiscalía pero ahora la Asociación de Fiscales ha anunciado que a finales del mes pasado presentó un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Un recurso que, según explican en un comunicado, ha sido admitido a trámite para proceder a estudiar todo el expediente. La asociación también pidió medidas cautelares para que esta obligación quedara en suspenso antes del 30 de septiembre, fecha en que los fiscales tienen obligación de haber comunicado esta información.

Esta asociación entiende que la obligación de declarar si un fiscal prepara opositores ya viene recogida en el reglamento de 1969 y que la intención de la Fiscalía General es abrir el “peligroso camino” de permitir que este organismo imponga “nuevas obligaciones al antojo del fiscal general”, creándose un “nuevo catálogo de obligaciones” al margen de las normas que ya existen. Según la AF, esta es una obligación “no prevista en la norma, innecesaria y desproporcionada” que puede afectar a los derechos a la “intimidad, libertad y protección de datos”.

Tal y como explicó elDiario.es en varios reportajes a lo largo de 2020, jueces y fiscales en activo dedican parte de su tiempo a preparar a opositores para las pruebas de acceso aprovechando su experiencia. En algunos casos estos preparadores declaran el dinero que cobran y la cantidad de gente a la que imparten lecciones, pero otros no lo hacen lo que implica cientos de euros cobrados en dinero negro y sin dar ningún tipo de parte ni a la Fiscalía ni al Consejo General del Poder Judicial.