La Fiscalía de la Audiencia Nacional desprecia el informe policial fantasma sobre la financiación de Podemos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional rechaza investigar el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre la supuesta financiación de Podemos procedente de Irán y Venezuela. La Fiscalía ha pedido al juez Eloy Velasco que archive la denuncia presentada contra la dirección de la formación morada, según informa la Cadena Ser.

La querella, presentada por Unión Cívica Española-Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España, se basaba en el informe PISA, un documento policial sin sello de ninguna unidad y que el Ministerio del Interior atribuyó a la “inteligencia” policial que se ubica en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía. El informe apuntaba a que Podemos recibió dinero de Irán y Venezuela desde paraísos fiscales.

Según la información de la Ser, el fiscal Miguel Ángel Carballo recuerda que el informe “carece de cualquier membrete oficial que acredite tal carácter oficial”, que se trata de “un conjunto desordenado” de recortes de prensa y que no contiene ningún indicio que pueda ser utilizado como prueba. El fiscal también descarta que Podemos cometiese delito fiscal y, en el caso de la supuesta financiación ilegal, señala que cuando se produjeron los hechos ese delito no existía.

El informe ya fue despreciado por la Fiscalía del Tribunal Supremo por tratarse de una “mera remisión de informaciones no autenticadas”. En esa ocasión la denuncia archivada partía de Manos Limpias, y en el escrito la Fiscalía señalaba que esas informaciones no contrastadas había sido “difundidas públicamente por los medios de comunicación sin ofrecer indicios accesibles y racionales”.

El informe PISA fue elaborado por una unidad que se ubica en la DAO, al frente de que ha estado el comisario Eugenio Pino, y en la que creó una estructura secreta que ha cobijado a un grupo de agentes dedicados a combatir las preocupaciones políticas del Gobierno. eldiario.es reveló en noviembre de 2014 la estructura que operaba sobre el terreno en Cataluña y la que elaboraba después los informes que acababan en los medios de comunicación.

A pesar de que tanto los fiscales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han desacreditado el informe, el Tribunal de Cuentas sí que lo ha tenido en cuenta, y lo ha incorporado a la fiscalización de las cuentas de Podemos.