La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha mostrado a favor de investigar por un presunto delito de estafa a los responsables de Madeira Invest Club (MIC), la oficina de inversión apadrinada por el eurodiputado de extrema derecha Alvise Pérez y que cerró de forma sorpresiva el pasado 16 de septiembre. Hasta entonces había cautivado a miles de inversores gracias a las desorbitadas rentabilidades que ofrecía, de hasta el 53%, con supuestas inversiones en obras de arte digitales e intangibles y otros bienes de lujo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitió una alerta sobre este club de inversión el 22 de mayo de 2023 y advirtió de que la compañía no estaba autorizada para realizar las actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva.
Tras su repentino cierre, varios colectivos de afectados se querellaron contra la sociedad y “otras personas físicas y jurídicas” relacionadas por delitos de estafa, apropiación indebida, organización criminal, falsedad en documento mercantil o blanqueo. Ahora, el Ministerio Público reclama que se admitan a trámite estas denuncias y que se acumulen en un mismo procedimiento. También ha reclamado que la causa sea declarada secreta, según ha informado la Fiscalía del tribunal especial en un comunicado.
Este procedimiento transcurre en paralelo al iniciado tras la confesión del fundado del MIC, Álvaro Romillo —alias Luis CryptoSpain—, que dirigió un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que aseguraba haber pagado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez. Ese escrito ya está en manos de la representación del Ministerio Público en el Tribunal Supremo, que estudia si pudo existir un delito de financiación ilegal en el cobro de ese dinero en efectivo por parte del ahora eurodiputado. En su escrito a la Fiscalía, Romillo se ofrecía a liquidar sus bienes para compensar a los inversores, que pueden ser varios centenares y que habrían perdido decenas de millones de euros, de acuerdo a las citadas denuncias.
La denuncia inicial la lanzó la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios (ANCES), que tiene unos 200 asociados y está presente en otros pufos financieros investigados por los tribunales como son el caso Ninmbus, Herrero Brigantina o Juicy Fields. Esta asociación presentó un escrito en la Audiencia Nacional solicitando la declaración como testigo del eurodiputado y que devuelva los 100.000 euros para resarcir a los afectados por la presunta estafa.
No obstante, fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional han precisado que, al menos por el momento, en ninguna de las denuncias presentadas contra el MIC no aparece denunciado Alvise, ni se pide inhibición al Tribunal Supremo —el único tribunal que le puede investigar dada su condición de eurodiputado. Tampoco ha habido ninguna ampliación de la denuncia, de acuerdo a estas mismas fuentes.