Ya está la orden de arresto en manos de la Fiscalía de Bruselas. Pero, de momento, no les sirve, porque está redactada solamente en castellano.
“La Fiscalía de Bruselas ha recibido el 15 de octubre de 2019 la orden de arresto emitida por la justicia española redactada en español”, afirma en un comunicado: “A la vista de la complejidad del dossier y las dos órdenes de arresto europeas previas contra Puigdemont, el dossier requiere un análisis jurídico en profundidad: el país requeriente debe facilitar la traducción de la orden en una de las tres lenguas nacionales [flamenco, francés o alemán] o en inglés. Contactada, la justicia española ha afirmado que hará la traducción a lo largo de la próxima semana”.
De acuerdo con la Fiscalía, “una vez que se hayan recibido las traducciones de la orden de detención europea y todos los anexos, la Fiscalía de Bruselas la analizará”.
El procedimiento habitual con respecto a las órdenes de detención europeas emitidas por un país europeo contra uno de sus nacionales ubicados en el territorio belga es que después de recibir el mandato, el papel de la fiscalía es hacer las primeras verificaciones de la orden: identidad y nacionalidad de la persona buscada; nombre, la dirección, el número de teléfono y fax y el correo electrónico de la autoridad judicial emisora; una indicación de la existencia de una sentencia ejecutoria, orden de arresto u otra decisión judicial ejecutoria que tenga la misma fuerza dentro del alcance de esta disposición; la naturaleza y la calificación legal del delito; una descripción de las circunstancias en que se cometió el delito; la sentencia impuesta, si se trata de una sentencia definitiva, o la escala de sanciones previstas por la ley para el delito; y verificar si el hecho en el que se basa la orden de detención europea constituye un delito según la ley belga.
Este lunes, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena consideró que la sentencia del procés es un “elemento de refuerzo” de la “responsabilidad” en el 1-O de Carles Puigdemont, para el que ha pedido que se reactive la orden europea de detención por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos. El magistrado accedió este lunes a la petición de la Fiscalía, que consideró que la aclaración de hechos que hace la sentencia acaba con las dudas en el plano internacional.
El expresident de la Generalitat se encuentra en Bélgica desde el 31 de octubre de 2017, cuatro días después de la aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Puigdemont se encuentra en situación de procesado “en rebeldía” pero no ha sido juzgado porque la ley española no permite hacerlo “en ausencia” del acusado cuando las penas que se piden son superiores a dos años.
Por su parte, Puigdemont ha asegurado este martes en Bruselas que ya preveía que se fuera a reactivar la euroorden después de la sentencia del procés. Sin embargo, ha asegurado que la justicia española tendrá que explicar por qué ahora solicita la extradición por un delito distinto al de las anteriores ocasiones cuando “los hechos son los mismos”. “Habría que preguntarle a los creativos de la justicia”, ha remarcado.
Puigdemont ha insistido que está “a disposición” de la justicia belga, donde hay “una auténtica separación de poderes”. El expresident ha señalado que durante años el Estado ha hablado de “una falsa acusación de violencia” de la que se ha servido para “violar los derechos políticos de muchas personas”. “Es un daño irreparable”, ha lamentado sobre la suspensión de los cargos que han sido elegidos en las elecciones de abril y mayo.