La Fiscalía del Tribunal Supremo avisó en junio, noviembre y diciembre de 2020 al rey emérito de que estaba siendo investigado. Cada una de esas notificaciones formales se correspondía con unas diligencias previas abiertas por el fiscal Juan Ignacio Campos y se produjeron antes de que llevara a cabo las dos regularizaciones fiscales, en las que pagó a Hacienda un total de cinco millones de euros.
Según publica El País, esas notificaciones fueron genéricas y en ellas solo se le comunicó que estaba siendo investigado por hechos que podían ser penalmente relevantes, pero sin entrar en detalles. Las dos primeras, las de noviembre y diciembre, se produjeron antes de que pagara a Hacienda 678.394 euros para tratar de eludir la investigación por el uso de tarjetas opacas; la tercera la recibió antes de abonar 4,4 millones por los vuelos privados que financió la fundación que manejaba su primo.
El avance de las investigaciones en el Ministerio Fiscal tendrán que aclarar si esas notificaciones anulan las regularizaciones que llevó a cabo Juan Carlos I. El Código Penal dice que saldar las cuentas pendientes con Hacienda anula la vía penal siempre que se produzca antes de que el investigado tenga conocimiento de las diligencias contra él. Habrá que determinar si esas notificaciones se pueden considerar como “conocimiento formal”; El País asegura que fueron “genéricas” y que no se aclaraba los presuntos delitos fiscales.
Eso sí, en esas notificaciones se llegó a ofrecer al abogado del Rey, Javier Sánchez-Junco, que se personara en los procesos abiertos contra su cliente para conocer más detalles de las investigaciones, pero este lo rechazó. El detalle de esas diligencias se estaba publicando en los medios de comunicación, antes también de que el rey pagase a Hacienda.
Por ejemplo, el primer pago se produjo después de la información de elDiario.es sobre las tarjetas opacas y cuando ya había pasado un año de que la Fiscalía Anticorrupción interrogara al que fuera asistente del rey teniente coronel Nicolás Murga, a través de quien se habrían canalizado los pagos de las tarjetas procedentes del empresario mexicano amigo del rey Allen Sanginés-Krause.
A día de hoy esas diligencias de investigación no se han transformado en una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, órgano judicial ante el que está aforado Juan Carlos I desde su abdicación en 2014. Fuentes de la Fiscalía sostienen que el retraso en la respuesta de las comisiones rogatorias remitidas a varios países para la obtención de información sobre la actividad del monarca no han permitido presentar una querella contra Juan Carlos I por presuntos delitos cometidos desde que perdió la inviolabilidad.
Al menos en el momento de la regularización de los más de 4 millones de euros, la Agencia Tributaria no había abierto una inspección al monarca, pese a que era público desde hacía meses que había disfrutado de más de 8 millones de euros en vuelos y hoteles sufragados por la fundación creada en Liechtestein por un primo del rey y que éste nunca declaró a Hacienda, lo que provocó las quejas de las asociaciones de Técnicos e Inspectores del Ministerio. Al tiempo, la regularización de los fondos sirvió para que la Fiscalía comenzara a indagar también en el origen del dinero utilizado para saldar las deudas con el fisco y que fueron aportados al monarca por empresarios amigos.
Los cuatro delitos que podría haber cometido Juan Carlos I actuando como comisionista internacional, y que en febrero plasmó la Fiscalía española en su comisión rogatoria, figuraron por primera vez en un escrito de la Fiscalía suiza en la que ésta pedía información a las autoridades españolas. Se trata de los mismos delitos que investiga el fiscal de Ginebra Yves Bertossa en una causa que mantiene imputados, por el momento, a Corinna Larsen, antigua relación extramatrimonial del rey emérito, y al gestor de fondos y abogado de éste en Suiza, Arturo Fassana y Dante Canónica, respectivamente.