La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez que aparte a Manos Limpias como acusación popular en la causa contra el exdiputado de CiU Oriol Pujol por la presunta trama corrupta de las ITV, al entender que no consta autorización expresa de la junta directiva del sindicato para ejercer esas acciones.
En un escrito, a que ha tenido acceso Efe, el fiscal Fernando Maldonado ha apoyado la petición de la defensa de Josep Tous, exnúmero dos de la Diputación de Barcelona y también imputado en el caso, para que se expulse al nuevo procurador que ha designado el sindicato ultraderechista para representarle en la causa.
El movimiento de la defensa de Tous y de la Fiscalía se produce cuando la investigación del caso de las ITV está ya ultimada y a la espera de ser juzgado por un jurado popular, en una causa en la que Oriol Pujol afronta una petición de cinco años y dos meses de cárcel por cobrar presuntamente comisiones a cambio de mediar a favor de los intereses de empresarios afines.
La defensa de Oriol Pujol estuvo negociando el año pasado con la Fiscalía y las acusaciones un acuerdo que evitara el juicio y garantizara una condena para el exdiputado de CiU cercana a los dos años de prisión, un acuerdo que aunque no llegó a buen puerto aún podría fraguarse antes del inicio de la vista oral, siempre que lo acepten las partes.
El sindicato Manos Limpias en el caso de las ITV pide once años y ocho meses de cárcel para Oriol Pujol, por lo que su eliminación como acusación popular podría allanar el camino para un eventual pacto del exdiputado de CiU que le evite ser juzgado por un jurado popular.
En su escrito, presentado ante la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, el fiscal razona que no es “válido” el poder especial para emprender acciones legales aportado por el procurador de Manos Limpias, en nombre del secretario general del sindicato, Miguel Bernad, que está siendo investigado por extorsión por la Audiencia Nacional.
Para el ministerio público, dicho poder no es suficiente porque la autorización de Bernad “es una mera delegación para ejercitar todo tipo de acciones procesales”, pero no para el ejercicio de la acción popular específica en el caso de las ITV.
La Fiscalía acusa a Oriol Pujol de un delito de tráfico de influencias, uno continuado de cohecho y otro continuado de falsedad en documento mercantil, mientras que solicita tres años y cuatro meses de prisión para su esposa, Anna Vidal.