No debe de haber muchos antecedentes de jefes de policía que vean estampada su cara en camisetas de grupos antisistema. Las de Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos, se venden por 17 euros en Internet. Se hizo famoso por su eficiente comunicación de crisis durante los atentados de Barcelona y Cambrils de este verano. Pero el independentismo lo erigió en símbolo después de que un periodista extranjero le afease sus respuestas en catalán (que el mismo Trapero se encargaba de traducir después) a los medios locales.
La condición de héroe se la atribuyó un sector del bloque separatista después de que los Mossos se negasen a cargar en el referéndum del 1-O que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal y que el Superior de Justicia de Cataluña ordenó perseguir. Ahí se ganó también las portadas de la prensa más cercana al Gobierno de Mariano Rajoy.
Trapero es un icono en las dos orillas. Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional le ha puesto la lupa. El teniente fiscal Miguel Ángel Carballo pidió para él prisión incondicional por su actuación durante las manifestaciones del pasado 20 y 21 de septiembre después de que fueran detenidos diez altos cargos de la Generalitat por organizar el referéndum. Sin éxito. La jueza Carmen Lamela lo dejó en libertad con la obligación de comparecer cada 15 días, pero su auto dejaba una puerta abierta para atribuirle un papel en el plan independentista. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha deslizado a algunos periodistas que no solo tiene pensado recurrir ese auto sino que pretende ampliar la investigación al mayor de los Mossos por el papel de la Policía Autonómica durante la jornada del 1-O.
En caso de que la Fiscalía decida finalmente ampliar su denuncia tiene dos grandes pilares en los que sustentar esa decisión. El primero y más importante es el extenso informe que los agentes de la Guardia Civil entregaron tras investigar los sucesos del 20 y 21 de septiembre, y en el que ampliaron las sospechas sobre los investigados al 1-O y a los actos preparatorios de ese referéndum.
Ese ese atestado el que contiene más indicios contra Trapero. Los agentes le acusan de obstaculizar su trabajo durante la jornada de votación, una decisión que, deducen, “no pudo recaer en la voluntad individual de los agentes sino que más bien respondió a un plan premeditado para evitar actuar y que no podía más que proceder del jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico, recuérdese, Carlos Puigdemont, Oriol Junqueras”. Por ahora, los agentes no han sustentado esas conclusiones con ninguna prueba documental.
Además, la Guardia Civil acusa a los Mossos de estar implicados en el proceso independentista, una conclusión extraída del análisis de EnfoCATS. Los agentes requisaron ese documento al exsecretario general de la vicepresidencia, Josep María Jové, y lo presentan como una hoja de ruta que recoge uno a uno los pasos a dar para lograr el enfrentamiento con el Estado y, como consecuencia, la independencia.
Los agentes creen que dentro de ese plan “perfectamente definido”, los agentes a cargo de Trapero habrían proporcionado “la seguridad necesaria” a los miembros del Govern tras la estrategia de EnfoCATS, para protegerles “contra posibles investigaciones de las que puedan estar siendo objeto”. Para sustentar esa acusación, la Guardia Civil ha aportado unos pinchazos telefónicos en los que el director general de los Mossos, Pere Soler, habría dicho que “se había aumentado la vigilancia contra los que han estado más expuestos”, en referencia a los detenidos en la operación contra el 1-O.
Si la Fiscalía y la juez deciden profundizar en el papel de Trapero en la protección de altos cargos y en la actuación de los Mossos durante el 1-O, los agentes tendrán que recabar más evidencias de su participación en los hechos. Hasta ahora, el informe contiene deducciones, pero no se ha acompañado de más pruebas.
El segundo gran pilar en el que la Fiscalía puede apoyar una ampliación de la denuncia es el propio auto de la juez Lamela, que no cierra la puerta a acusar a Trapero de hechos que vayan más allá de la protesta en la Consellería de Economía. La magistrada hace referencia a esos pinchazos telefónicos, aún por investigar.
La jueza señala que en esas conversaciones se “vislumbra una actividad de contravigilancia para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la Policía o de la Guardia Civil”. Es más, escribe que “existen elementos que vinculan” a Trapero con la “estrategia de actuación con finalidad separatista”, y más concretamente con el contenido de EnfoCATS.
Añade en el párrafo que resumen los indicios aún no investigados contra Trapero que no se ha ahondado por el momento en la “pasividad” de los Mossos el 1-O, debido a que la presente causa no se ha ampliado hasta lo ocurrido en esa fecha. Una eventual ampliación de denuncia de la Fiscalía permitiría a la jueza abrir la vía para acusar al jefe de los Mossos de la falta de actuación que la Guardia Civil cree evidente.