La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado este lunes la petición del PP y otros acusados de anular el juicio del caso Gürtel argumentando la nulidad de las grabaciones a los principales acusados. El Ministerio Público se ha opuesto igualmente a todas las cuestiones previas presentadas por los abogados de la defensa para anular el proceso y ha advertido que existe en la causa una “abrumadora prueba” contra los 37 que se sientan en el banquillo.
La fiscal Concepción Sabadell ha sido la encargada de exponer los argumentos de la Fiscalía y ha comenzado por defender la legalidad de las grabaciones efectuadas por uno de los acusados, José Luis Peñas, que todos los imputados han intentado anular alegando que chocaban con su derecho a la intimidad.
Según la fiscal, no tiene sentido intentar anular el juicio tumbando las grabaciones, porque estas no son el origen del caso. Lo son las propias “manifestaciones del señor Peñas, soportadas en las grabaciones”. Así que excluirlas “en ningún caso motivaría la nulidad de la causa”.
Pero es que además, para la Fiscalía son perfectamente legales. Sabadell ha recordado que durante la fase de instrucción se confirmó su validez, y ha rechazado que vulneren el derecho fundamental a la intimidad. “Ninguna de ellas se refiere al concreto contenido -a la intimidad de los acusados-, todas versan sobre su actividad profesional, sobre una actividad ilícita profesionalizada”, ha añadido.
Peñas fue acusado en jornadas anteriores de haber grabado a otros presuntos miembros de la trama con la intención de extorsionarles, otro argumento utilizado por las defensas para solicitar la nulidad de la prueba, así como que las cintas estaban manipuladas. Frente a esto, la fiscal Sabadell ha respondido que “algunas” de esas grabaciones resultan “incriminatorias” para el propio Peñas.“ Si las hubiese seleccionado no hubiéramos tenido acceso a ellas”, ha dicho la fiscal.
En un momento posterior, Sabadell ha tenido ocasión de rechazar otra de las peticiones del PP, consistente en que si no se anulara la causa, el partido fuera excluido de la misma porque son sus grupos municipales en Pozuelo y Majadahonda los posibles responsables civiles como partícipes a título lucrativo.
El abogado del PP, Jesús Santos, había acusado a la Fiscalía de lanzar acusaciones “inconcretas” y “genéricas” de las que no era posible defenderse. Sabadell ha citado todas las páginas en las que, ha defendido, se concreta la acusación al PP y ha concluido: “El Partido Popular es, de acuerdo con estas páginas, quien se beneficiaba en más de 245.000 euros, de los delitos de cohecho y malversación”. La acusación, ha añadido la fiscal, es “plenamente válida y no procede su expulsión del procedimiento”.
Durante su exposición, Sabadell también ha cargado contra aquellas defensas que han pretendido anular la causa aludiendo a la ilegalidad de las grabaciones ordenadas por Baltasar Garzón durante la instrucción, y que acabaron con una condena de inhabilitación contra el juez. La fiscal ha recordado a los abogados que hubo “un largo incidente de nulidad” que acabó con “el expurgo de todo aquello que derivaba de las grabaciones. La prueba que ha accedido a este juicio es plenamente válida”.
En cuanto a las pruebas concretas que han pedido los distintos abogados, la fiscal ha rechazado apoyar la petición de algunas acusaciones de que declare el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Sin entrar a valorar el fondo de la petición, Sabadell ha explicado que coincide con el criterio de la sala y que, sin perjuicio de cómo pueda avanzar el juicio, “por el momento no procede”.
Durante su intervención, que ha durado algo menos de una hora, la fiscal ha rechazado todas las cuestiones previas de los abogados defensores. Así, ha descartado que los delitos hayan prescrito, ha validado la documentación procedente de Suiza -ese a falta de un último trámite por parte de las autoridades de ese país- y ha defendido el cambio de orden en las declaraciones de los acusados, que tanta sorpresa causaron en los abogados defensores.
El abogado del Estado pide pruebas de que las grabaciones están manipuladas
En su turno, el abogado del Estado, Edmundo Bal, también ha rechazado las cuestiones previas de los abogados defensores. Les ha animado a que presenten pruebas de que las grabaciones de Peñas están manipuladas, ha defendido el uso de la documentación sobre las cuentas en Suiza y ha rechazado los argumentos de prescripción. Aunque la justicia localizase a los autores después de advertir los delitos, de permitirse ese cálculo que quieren hacer las defensas, “el derecho premiaría a los delincuentes más listos”, a aquellos que logran ocultarse durante más tiempo de la justicia.
Durante su exposición, Bal se ha opuesto también a que el tribunal libere fondos de los acusados para que estos puedan pagar los honorarios de sus costosos abogados, porque les ha recordado que en España “al que no se puede pagar un abogado, se le asigna uno de oficio”. Por lo tanto, ha dicho, no hay causa de indefensión.
Tras el abogado del Estado han intervenido los letrados de las acusaciones. Los del PSOE de Valencia y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha sido especialmente críticos con la postura del PP, al que han acusado de “poner palos en la rueda de la justicia”.
Francisco Montiel, de ADADE, ha recordado que la formación incurrió en fraude procesal, por lo que fue expulsada como acusación, y ha acusado a su abogado de sumarse a la estrategia del resto de acusados de “obstaculizar la labor de la justicia”. Ha recordado también la labor de los dirigentes del partido contra los sucesivos jueces de instrucción, “que han sufrido presiones mediáticas evidentes”.
El letrado de los socialistas valencianos, por su parte, ha señalado que el PP ha incurrido en una contradicción al pedir la anulación de las grabaciones de Peñas, porque el partido se personó como acusación en el caso que se originó a raíz de esas grabaciones. “¿Entonces consideraba que era nulo todo el procedimiento? ¿O cuando ha venido a pedir la nulidad de todo el procedimiento está cometiendo un fraude de ley porque ejerció una acusación indebida?”, se ha preguntado el abogado.