La Fiscalía no ve motivos para reabrir la causa que Cristina Cifuentes inició contra los periodistas que destaparon su máster falso, Ignacio Escolar y Raquel Ejerique. El pasado 21 de enero el juzgado de instrucción número 29 de Madrid archivó el caso por descubrimiento y revelación de secretos alegando que no había indicios de que la información que publicó elDiario.es se hubiese obtenido por una vía ilícita. Cifuentes recurrió esa decisión y el ministerio público insiste en esa línea: “No es posible atribuir el acceso y filtración de los pantallazos a ninguno de los investigados”.
La querella se presentó tras las primeras informaciones sobre el caso Máster. El Juzgado la admitió a trámite en abril de 2018. En ella se acusaba a los dos periodistas, autores de la exclusiva, de “la ilícita obtención de documentos académicos personales, amparados por la Ley de Protección de Datos”. Los abogados de Cifuentes aseguraron en la querella que los periodistas de eldiario.es actuaron “con fines lucrativos” y que, por todo ello, se les debería condenar a penas de entre dos años y medio y cinco de cárcel.
“De las diligencias de investigación practicadas durante más de dos años no se han revelado indicios suficientes frente a persona alguna de comisión de los actos delictivos imputados: acceso no autorizado a base de datos de la URJC, apropiación de datos protegidos de la querellante y cesión de los mismos en perjuicio de tercero, o publicación de dichos datos con conocimiento de su origen ilícito”, sostuvo el juez para argumentar el archivo.
Ahora, ante el intento de Cifuentes de seguir adelante con la causa, el fiscal Fidel Solera Guijarro le recuerda que el sistema informático de la URJC “no registraba los accesos a datos concretos, por lo que no se dispone de información alguna relativas a consultas sobre asignaturas de expedientes”. Añade en su escrito que la Universidad facilitó una lista de hasta 400 personas autorizadas para entrar en ese sistema y hacer cambios.
“No es posible conocer quién realizó los pantallazos que posteriormente fueron divulgados” por elDiario.es, argumenta la Fiscalía porque “podrían haber accedido más de 400 personas al contenido publicado”.
El escrito dice que el profesor Salvador Perelló admitió haber recibido unos pantallazos sobre las notas de Cifuentes en su correo físico de la Universidad, y que él remitió a los medios para que los investigaran. “A lo largo de la instrucción no se ha podido acreditar ni que accediera a la intranet de la URJC para capturar los documentos publicados ni que los pantallazos que reenvió a los periodistas fueran los mismos que se publicaron”, aclara el escrito.
La Fiscalía recuerda que tanto Ignacio Escolar como Raquel Ejerique declararon que que no podían revelar sus fuentes, que ignoraban el origen de los documentos y que contrastaron la información recibida, y que no se ha acreditado durante la investigación que tuvieran vinculación alguna con el resto de los investigados. Tampoco que conocieran el origen ilícito de la información, pero sí “la relevancia pública de la misma y la veracidad de la información publicada”.
“La incertidumbre sobre la obtención de los documentos publicados, por exigencia de la dimensión objetiva de la libertad de información, no puede resolverse mediante una presunción de ilicitud y más teniendo en cuenta que, en el presente caso, los datos publicados eran los estrictamente indispensables para, cumplir la finalidad perseguida de justificar la veracidad de la noticia”, concluye la Fiscalía.
Los periodistas se limitaron al ejercicio “legítimo del derecho fundamental a la libertad de información” y no publicaron ningún dato personal que no estuviera relacionado con la noticia. Por lo tanto, la Fiscalía pide que no se atienda al recurso de Cifuentes y se archive definitivamente la causa.