La Fiscalía reprocha la “falta de argumentos” del juez García Castellón para atribuir terrorismo a Puigdemont

Nuevo escrito del fiscal del caso Tsunami Democràtic, Miguel Ángel Carballo, en el que cuestiona la investigación por los altercados independentistas de 2019 que está llevando a cabo el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. El Ministerio Público reprocha la “falta de argumentos” del magistrado para atribuir acciones de “matiz terrorista” al expresident Carles Puigdemont; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; o el miembro de la mesa del Parlament Rubén Wagensberg, según un escrito fechado este miércoles adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es.

El fiscal critica a García Castellón por cometer “flagrantes contradicciones” y considera “totalmente injustificada e inmotivada” la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo para que asuma el caso Tsunami Democràtic e impute por terrorismo a Puigdemont. En 2017, Carballo fue el fiscal que solicitó a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela la detención de Puigdemont y de los consellers que se encontraban con él en Bruselas. También fue quien pidió prisión preventiva para Oriol Junqueras y el resto de miembros del Govern tras el referéndum del 1-O. 

Coincidiendo con la negociación sobre la amnistía, el juez reactivó la causa de Tsunami Democràtic que había abierto cuatro años atrás. Sus últimas resoluciones evidencian el intento de incardinar en uno de los delitos más graves del Código Penal los altercados independentistas de 2019 y de incluir a Puigdemont en una acusación que nunca le afectó. El expresident llevaba ya dos años en Bélgica cuando se sucedieron las protestas. 

Así, el magistrado trata de atribuirle una “posición” de “autoridad incuestionable” en Tsunami con supuestos indicios que la Guardia Civil y la Fiscalía ven irrelevantes. Entre ellos, considera “especialmente llamativa, como indicio incriminador” una conversación un tanto críptica con un empresario sobre las protestas en la que afirma: “El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro, y confirmará lo que yo siempre he dicho (y que me llevó a decidir ir al exilio): perderemos”. 

También sustenta la vinculación terrorista en nuevos atestados de los Mossos sobre la afectación de la protesta en el aeropuerto de El Prat, donde murió de un infarto un ciudadano francés; o la personación en la causa de policías que fueron gravemente lesionados durante los altercados. 

En contraposición, el fiscal mantiene su tesis de que los hechos son constitutivos de desórdenes públicos graves y que, en consecuencia, la causa debería enviarse a los juzgados de Catalunya. En este sentido, considera que toda esta nueva información “no ha incidido en absoluto ni ha aportado dato nuevo alguno” sobre la supuesta implicación del expresident y el otro aforado, el citado Wagensberg. Y remarca como “especialmente significativo” lo relativo al Puigdemont, sobre el que recuerda que “ni siquiera la Guardia Civil efectuaba atribución alguna de los hechos objeto de la investigación”.

“Las diligencias se han centrado en investigar, o acreditar más bien, las consecuencias de los actos de desorden público llevados a cabo en Cataluña a finales de 2019 por diversos colectivos y por varias personas, pero no ha incidido ninguna de las diligencias acordadas, ni practicadas, en la responsabilidad supuesta de los aforados. Es más, ha extendido la práctica de diligencias a la acreditación de hechos que ni siquiera se recogen en los informes de inteligencia de la Guardia Civil, llevando a cabo una amplitud del objeto del procedimiento carente de justificación”, critica Carballo. 

El escrito evidencia también las tiranteces entre el juez y fiscal cuando este último afirma que en los fundamentos de algunas de sus resoluciones el magistrado “llega a confundir el fenómeno de Tsunami Democratic con los CDR”, que es otra de las causas que instruye García Castellón y en la que la Fiscalía reclama hasta 27 años de cárcel para ocho de los 12 encausados a lo que sí atribuye delitos de organización terrorista, tenencia de sustancias explosivas e intento de estragos de terroristas.

En este sentido, Carballo subraya que “se trata de entidades o actuaciones absolutamente diferentes”. Y añade que resulta “relevante” cómo se atribuye en los informes de la Guardia Civil a alguno de los investigados en Tsunami su interés en contactar y contar con la actuación de los CDR, “exponente evidente de que no se trata del mismo fenómeno”, dice el fiscal.