La Fiscalía del Tribunal Supremo se opone a investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos al emitir un comunicado con el que pretendía desmentir diversos bulos sobre el doble fraude fiscal confeso del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Así lo expone la teniente fiscal del Alto Tribunal, Ángeles Sánchez Conde, en un informe que examinará la Sala de lo Penal, encargada de decidir si abre una causa contra el máximo representante del Ministerio Público.
En su escrito, Sánchez Conde argumenta que la exposición razonada elevada por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco Goyena no tiene suficiente base para imputar a García Ortiz. Y defiende que el comunicado que difundió la Fiscalía sobre las conversaciones con el abogado de la pareja de Ayuso “se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, los infundios publicados por los diarios El Mundo, Vozpopuli y Libertad Digital, así como por el jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.
Así, el escrito insiste en que “ningún extremo” de los contenidos en la nota informativa de la Fiscalía en la que se detalló de manera cronológica los hechos era desconocido cuando se hizo pública, pues ya se habían publicado en varios medios de comunicación. “Todos los datos que se dicen revelados por esa nota informativa eran, en realidad, datos de público conocimiento”, sostiene la teniente fiscal. E insiste en que “tanto la existencia de la investigación por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental [contra la pareja de Ayuso] como la formulación de denuncia por el Ministerio Fiscal y el contenido de los correos electrónicos habidos entre fiscal y letrado ya habían sido publicados en diversos medios de comunicación”.
Además, la teniente fiscal afirma que fue “imprescindible” difundir esa nota con información veraz ante la “falsedad” tanto de algunas publicaciones periodísticas, como de manifestaciones realizadas desde el “entorno” de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El escrito alude también a la “reacción virulenta” del “entorno” de la pareja de Ayuso, que trató de poner el “foco” sobre la fiscal jefa de Madrid —imputada en causa— por su “posible vinculación político-ideológica” antagónica a la de Ayuso.
Una “campaña periodística”
A juicio de la Fiscalía, se puso en marcha una “campaña periodística orquestada para poner en entredicho la actuación de la Fiscalía española, que aparecía aderezada con datos que en modo alguno eran ciertos” y que colocaba a la institución “en una situación de grave desprestigio”, lo que determinó que se considerase “indispensable” desmentir dichas afirmaciones con el objetivo de “trasladar a la opinión pública la corrección de la actuación del Ministerio Fiscal”.
El Tribunal Superior de Madrid dejó la causa en manos de la Sala de lo Penal del Supremo el pasado mes de julio, cuando el juez instructor elevó una exposición razonada apuntando a la necesidad de imputar a García Ortiz como máximo responsable del comunicado. “La cabal prosecución de las presentes diligencias, haría, a nuestro juicio, necesario su contrastación con la versión de los hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado”, explicaba el auto con el que el TSJM dejaba el futuro procesal del fiscal general en manos de la sala que preside Manuel Marchena en el Supremo.
La decisión sobre imputar o no al fiscal general estará en manos de un tribunal de cinco magistrados presidido por Manuel Marchena y con Susana Polo como ponente, además de Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela. Además de la exposición razonada procedente del TSJM los jueces también estudiarán una querella de Manos Limpias y de la Fundación Foro Libertad y Alternativa, de la que forman parte entre otros Alejo Vidal-Quadras, el diputado del PP en Madrid Daniel Portero, el exministro Jaime Mayor Oreja y Fernando Savater.