La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado nueva documentación sobre los actos del pasado 20 y 21 de septiembre, por los que están imputados por sedición el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana, el presidente de la ANC Jordi Sánchez y Jordi Cruxart, de Òmnium Cultural. Se trata de más de 300 folios y vídeos aportados por la Guardia Civil, que también incluyen los incidentes ocurridos durante el referéndum del 1-O.
Fuentes de la Fiscalía han explicado que han recibido esa “voluminosa documentación” esta misma mañana. La han aportado agentes de la Guardia Civil -que también han solicitado nuevos requerimientos- y se refiere a los actos precedentes a los incidentes del 20 y 21 de septiembre, pero también a días posteriores.
Esas fuentes indican que parte de la documentación abarca a los hechos ocurridos el 1-O durante la celebración del referéndum y afecta directamente a los ya imputados, además de a otras personas que aún no están afectadas por este proceso. La Fiscalía estudiará ahora esos informes y “el soporte audiovisual” entregado por los agentes, y analizará si amplía la denuncia a lo ocurrido el 1-O.
Tras aportar esa documentación, la Fiscalía y las partes han pedido suspender las comparecencias previstas para hoy para evitar futuras causas de nulidad. Pero la jueza Carmen Lamela se ha negado y ha decidido continuar con las citaciones.
De los cuatro, tan solo el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha contestado a todas las preguntas para rebatir el informe presentado por la Guardia Civil, en el que se acusa a la policía autonómica de no hacer lo suficiente para proteger a la comitiva judicial y a los agentes de la Guardia Civil. Fuentes jurídicas señalan que sus explicaciones exculpatorias han sido “no convincentes”.
El presidente de la ANC Jordi Sànchez, solo ha contestado a su abogado, y Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural, se ha negado a declarar alegando que este tribunal no es competente para juzgarles. La intendente de los Mossos, Teresa Laplana, ha comparecido por videoconferencia debido a sus problemas de salud y también ha optado por no declarar.
Sin medidas cautelares
La jueza les citará de nuevo cuando las defensas y la Fiscalía estudien los cientos de documentos entregados por la Guardia Civil. Es por esta razón que la Fiscalía ha decidido no solicitar por el momento medidas cautelares, y fuentes fiscales apuntan a que será tras las nuevas declaraciones, y una vez estudiada esta documentación, cuando decidan que medidas piden a la jueza.
La causa nace de una denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En ella se relataban las actuaciones que se produjeron en el marco del operativo judicial desplegado contra altos cargos de la Generalitat responsables de la organización del referéndum del 1-O.
Dichas concentraciones, que se saldaron con varios coches de la Guardia Civil destrozados, buscarían “tratar de cambiar ilegalmente la organización territorial del Estrado y declarar la independencia de una parte del territorio quebrantando el principio de la unidad de la Nación española”, según expuso la juez de la Audiencia Nacional en el auto por el que admitía a trámite la denuncia.
En ella se señalaba a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, las organizaciones que montaron en La Rambla un puesto para voluntarios desde donde se organizaban los turnos de relevo para las concentraciones ante la Consejería de Economía.
Sànchez y Cuixart “llamaron a la 'movilización permanente' desde este jueves a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo”, añade el escrito. Mientras la comitiva judicial esperaba dentro de la Consellería, fuera “tres vehículos oficiales de la Guardia Civil fueron atacados por la muchedumbre, obligando a los agentes a refugiarse en el edificio de Hacienda”.