En las paredes del Tribunal Supremo retumbaron este jueves las afirmaciones de tres destacados independentistas catalanes acerca del valor que confieren a la Constitución española como norma fundamental del Estado y sus compromisos de que nada que pueda ir contra ella utilizarán en el futuro para conseguir sus fines políticos.
Ahora resta por saber si el juez Pablo Llarena valora como sinceras las palabras de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn y, algo más importante, si eso influye de alguna manera en la percepción del magistrado de que existe un elevado riesgo de que vuelvan a participar en hechos tan “graves” como el referéndum secesionista del pasado 1 de octubre.
La posibilidad de que los dos candidatos de Junts per Catalunya Jordi Sánchez y Joaquim Forn, elegidos en las elecciones del 21 de diciembre, presten su apoyo a la investidura de su cabeza de lista, Carles Puigdemont, emerge como escollo para que el juez Pablo Llarena revierta la situación de prisión provisional, explican a eldiario.es fuentes del Tribunal Supremo. Puigdemont, recuerdan estas fuentes, también imputado en la causa por rebelión, sedición y malversación, y permanece huido en Bruselas.
Hace un mes de nada sirvieron los distintos niveles de intensidad con los que los líderes de ANC y Ominium y los consellers del Govern imputados abrazaron la Constitución ante el juez Llarena. Al final, el magistrado dictó un auto en el que distinguió las medidas cautelares para unos y otros según el grado de participación en los hechos investigados, susceptibles de constituir los delitos de rebelión, sedición y malversación. Y los tres, junto a Junqueras, fueron encarcelados, a pesar de que Forn y Cuixart estuvieron entre los más vehementes de cuantos declararon en acatar el orden constitucional.
“El peligro no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de reevaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real”, escribió el 4 de diciembre Pablo Llarena.
Las citadas fuentes advierten de lo inútil que resultaría la exposición de Forn y Sànchez si después votan a favor de investir a un presidente que apuesta por la vía unilateral. En este sentido recuerdan que, de ser Carles Puigdemont, este mantiene un discurso muy diferente al expuesto este jueves por los dos imputados. Su acatamiento de la Constitución se ciñe a dar por finalizado el anterior proceso independentista y a presentarse a unas elecciones convocadas artículo 155 mediante, precisan las mismas fuentes, algo que no sirvió a Junqueras, Forn y Sánchez para salir de la cárcel.
A diferencia de Junqueras
En contraste con la estrategia de defensa del abogado de Oriol Junqueras, Sànchez, Cuixart y Forn no repararon en expresiones que pudieran convencer al juez de que es innecesario tenerles un minuto más en prisión. Los que han resultado elegidos en las elecciones, los candidatos de JXCat Jordi Sànchez y Joaquim Forn, trasladaron al juez su rechazo a cualquier intento de conseguir la independencia de forma unilateral, como hasta ahora, al tiempo que se comprometieron a dejar su escaño si esa vía se recupera.
Cuixart, que confirmó su intención de no dedicarse a la política, dejó una frase en la sala de interrogatorios de aforados de la primera planta que, según fuentes jurídicas, se concreta en que el único referéndum que se puede celebrar para la independencia de Catalunya es el que convoque el Gobierno español.
El otro líder de la sociedad civil en el proceso rupturista, Jordi Sànchez, quiso evitar que ese cambio “paulatino” que Llarena expuso en su auto necesite de más tiempo para demostrarse, a pesar de que insistió en que él nunca ha sido partidario de la vía unilateral. Según trasladó su abogado, Jordi Pina, a la salida de la declaración, Sànchez utilizó el último turno de palabra para dirigirse al magistrado y pedirle directamente que lo sacara de la cárcel con el argumento de que su cambio de actitud difícilmente puede ser demostrado desde la prisión de Soto del Real.
Se eleva el listón para otros imputados
Con independencia de que sirvan para su excarcelación, las declaraciones de estos tres imputados han elevado el listón de las exigencias del Tribunal Supremo. Aún no están acordadas sus declaraciones, pero la Fiscalía ya ha solicitado que declaren los nuevos imputados. Entre ellos, Anna Gabriel y Mireia Boya, miembros de la CUP, el partido antisistema que plantea de forma más decidida la ruptura con el Estado, así como otros miembros del Comité Estratégico, que dibujaba el documento Enfocats, también de ERC y la antigua Convergencia, quienes pudieron tener una participación decisiva en los hechos investigados.
Esta era la primera ocasión en que los tres encarcelados tenían ocasión de declarar sobre los hechos investigados, ya que su declaración de diciembre se realizó en el marco de una vista para revisar su situación personal y ante la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, se negaron a hacerlo por no haber tenido tiempo para estudiar la causa.
Llarena hablaba en su auto de diciembre de “una explosión violenta” al frente de la cual situaba a Sànchez y Cuixart, por su papel en el cerco a la conselleria de Economia del 29 de septiembre, y en el que implicaba a Forn por la actitud pasiva que mostraron los Mossos d’Esquadra. De los dos primeros decía que “modularon los actos de violencia que se desplegaron, facilitando finalmente la salida de la comisión judicial gracias al pleno dominio de lo acontenido”.
“Unos hechos violentos -escribía el magistrado- a los que acudió el propio Oriol Junqueras i Vies y que se vieron propiciados porque las fuerzas encargadas del orden público -que estaban bajo responsabilidad de D. Joaquim Forn i Chiariello- favorecieran o no desplegaran ninguna actuación que pudiera ponérles término”.
Este jueves, Sànchez se refirió a esos hechos como “vandálicos” aunque no violentos y ha insistido en que, como Cuixart, intentó detenerlos, según fuentes presentes en la declaración. Forn quiso desentenderse del trabajo operativo de los Mossos porque esa tarea no le correspondía, añadió que siempre alentó a los agentes a que respetaran las órdenes judiciales y que nunca puso trabas para que las cumplieran, ni el día del cerco a la Conselleria ni en el referéndum del 1 de octubre.
Los abogados de Sànchez y Forn presentan este viernes los recursos contra la prisión de sus defendidos mientras que la letrada de Cuixart lo hará en los próximos días. Previo posicionamiento de las partes, incluida la Fiscalía, el juez Llarena decidirá si los primeros encarcelados por el proceso soberanista siguen o no en prisión preventiva.