El documento tiene fecha de 2009, cuando la crisis ya era oficial, pero antes de que empezara a atisbarse que conllevaría más contestación social de la que los firmantes preveían. Cuando Miguel Blesa, presidente de la caja entonces, celebraba el "éxito" de las preferentes, por las que luego fue a juicio. Visto con ojos de 2009, el documento formaba parte de la normalidad institucional entre interlocutores políticos; visto con ojos de 2014, el documento dice otras cosas.
Se trata de un “Acuerdo por la estabilidad y desarrollo” de Caja Madrid firmado por el PP, Izquierda Unida de Madrid, Comfia-CCOO y la Unión Independiente de Impositores y Consumidores (UIIC). En nombre de los populares, el entonces secretario general del PP de Madrid bajo el mando de Esperanza Aguirre en 2009, Francisco Granados, que hoy duerme en la cárcel a la espera de juicio por la trama corrupta destapada en la operación Púnica.
Sus interlocutores fueron José María Martínez López, secretario general de la rama bancaria de Comfia-CCOO, el secretario general de la UICC, Ángel Rizaldos, y el coordinador de Presidencia de Izquierda Unida de Madrid, Antero Ruiz, hoy suspendido de militancia por la comisión de investigación interna de IU sobre las tarjetas 'black'.
Al pacto se sumaron semanas después, el 28 de julio de 2009, el PSOE, CCOO de Madrid y la UGT. El acuerdo fue calificado aquel día por el aún secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, como "estratégico". José Ricardo Martínez, entonces secretario general de la UGT, aseguró su disposición a asumir las responsabilidades necesarias para que la entidad “atienda la necesidad de las familias, de las pequeñas empresas o de los ayuntamientos en un momento de crisis como el actual”.
Martínez gastó 44.154 euros con su tarjeta 'black' de Caja Madrid y ya está fuera del sindicato. Los consejeros de CCOO Madrid en la caja gastaron un total de 431.000 con sus tarjetas 'black', y socialistas como Pablo Abejas y Antonio Romero dispusieron de 246.315 euros y 252.000 euros, respectivamente.
En este acuerdo, Comfia-CCOO e Izquierda Unida renunciaban a oponerse a ningún candidato a presidente de Caja Madrid que propusiera el PP de Aguirre y Granados, arma que utilizarían desde la presidencia de la Comunidad para sus propios juegos de poder con Rajoy. En el punto 14 del acuerdo, los firmantes “se comprometen a apoyar conjuntamente su nombramiento en los Órganos de Gobierno” que hiciera “el grupo mayoritario”.
¿Qué obtuvieron a cambio los representantes de los sindicatos y partidos de izquierdas? Según la nota de prensa que difundió Izquierda Unida aquel 10 de junio de 2009, el acuerdo “garantiza la naturaleza jurídica de Caja Madrid e impide su privatización”.
Miguel Reneses, el actual número dos de Cayo Lara como secretario de Organización, es uno de los hombres fuertes de IU en Madrid –es diputado autonómico– y vivió en primera línea en 2009 el llamado pacto de estabilidad de Caja Madrid. Reneses era entonces el portavoz de IU en la Comisión de Economía y Hacienda de la Asamblea de Madrid y afirmó lo siguiente: “Es un acuerdo madrileño que preserva a la Caja de operaciones de ámbito de Estado que en estos momentos se puedan estar perfilando en uno u otro sitio”. Y que blindaba la vicepresidencia de la caja para José Antonio Moral Santín –ya fuera de IU–, quien gastó casi medio millón de euros con su tarjeta 'black' entre 1996 y 2012.
Visto con ojos de 2014, la historia fue diferente.
El acuerdo ampliaba, en nombre de “la garantía de pluralidad”, de dos a tres el número de vicepresidencias en el Consejo de Administración. También incrementó de 10 a 12 los miembros de la Comisión Ejecutiva, y “se garantiza la presencia” de “la representación mayoritaria de los trabajadores en el Consejo de Administración”.
Y en el punto final, el 14, la guinda: “Los firmantes de este acuerdo reconocen al grupo mayoritario dentro del mismo, su exclusiva capacidad de propuesta del candidato a Presidente del Consejo de Administración, y una vez valorada por el conjunto de los firmantes su idoneidad y adecuado perfil, se comprometen a apoyar conjuntamente su nombramiento en los Órganos de Gobierno”.
O lo que es lo mismo: el pastel está repartido. Comfia-CCOO, con este golpe de timón, dejaba tirado a su hasta entonces socio, el en ese momento presidente de la entidad, Miguel Blesa, hoy investigado por la justicia y quien les había dado las tarjetas 'black' con las que sus consejeros Pedro Bedia y Francisco Baquero gastaron 78.151 euros y 266.400 euros, respectivamente.
José María Martínez López, firmante del pacto con Granados, permanece hoy por hoy como secretario general de Comfia-CCOO. Y Ángel Rizaldos, además de haber suscrito el acuerdo como secretario general de la UIIC, ha sido militante de IU y consejero de Caja Madrid, donde gastó 20.000 euros con su tarjeta opaca.
El pacto de estabilidad, cuando quiso llevarse a efecto en su punto 14, tuvo como consecuencia una lucha de poder entre el Gobierno regional, de Esperanza Aguirre; y el municipal, de Alberto Ruiz-Gallardón; pero también entre Ferraz y los socialistas madrileños. Aguirre y sus aliados en la Cámara autonómica, promovieron a Ignacio González, actual presidente regional, para relevar a Blesa al frente de la entidad. Gallardón, Ferraz y Génova, que al final inclinó la balanza, impusieron a Rodrigo Rato, hoy fuera del PP y acosado por la justicia a consecuencia de las tarjetas 'black', de las que disfrutó, que se prolongaron bajo su mandato.
“Acuerdo por la estabilidad y desarrollo” de Caja Madrid by eldiario.es