Los próximos meses supondrán un recorrido especial dentro del vía crucis judicial que arrancó para el Partido Popular hace doce años con el estallido del caso Gürtel: el próximo 8 de febrero se celebrará el juicio de la pieza conocida como caja B, siete años después de que los 'papeles de Bárcenas' hicieran aflorar el sistema de financiación con dinero negro de grandes empresarios que existía en el partido desde hacía al menos dos décadas.
Esta cita judicial resulta insalvable desde hace tiempo para la formación de Pablo Casado, que sin embargo ha visto en los últimos meses como la situación se agrava con la reapertura de otra vía de la investigación de su financiación irregular que había sido archivada en 2015. Se trata de aquella que, más allá del pago de la sede de Génova con dinero negro, indagó en la posibilidad de que las entregas a la caja B del partido se hicieran a cambio de adjudicaciones concretas efectuadas por administraciones gobernadas por el PP.
La reapertura de esta línea de investigación, dentro de la misma pieza de la caja B, trata posibles delitos de cohecho, malversación y prevaricación. La instrucción avanza de tal forma que antes de que acabe 2021 pueda haber finalizado y amenace con un segundo juicio resultante de los 'papeles de Bárcenas', según calculan fuentes del caso. El nuevo juez de la caja B, Santiago Pedraz, solicitó recientemente toda la documentación sobre 23 contratos adjudicados a la constructora del donante del PP Alfonso García Pozuelo por parte de siete ministros de José María Aznar.
El Partido Popular también estará pendiente del mensaje que dirigió Bárcenas a las acusaciones populares poco antes de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia de Gürtel y abocara a su mujer, Rosalía Iglesias, a entrar en prisión. El último abogado de Bárcenas ha dejado de defender al ex tesorero del PP estas Navidades y las acusaciones aguardan a conocer qué información puede ofrecer a estas alturas el condenado, previsiblemente a cambio de mejoras en la situación penitenciaria de su esposa.
Pendientes de la imputación de Cospedal en Kitchen
Las revelaciones del caso Villarejo han provocado además que al mismo tiempo que el PP sea juzgado en la caja B como responsable civil —1,2 millones de euros—, la instrucción de la pieza Kitchen pueda ir fijando responsabilidades sobre quienes intentaron boicotear esa investigación judicial de la financiación irregular del partido.
El juez Manuel García-Castellón tiene encima de la mesa desde septiembre una petición de la Fiscalía Anticorrupción para que impute a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal por su presunta implicación en el intento de sabotaje del caso de la caja B. Pablo Casado alcanzó la presidencia del PP frente a Soraya Sáenz de Santamaría con el apoyo que le brindó Cospedal tras quedar apartada en la primera vuelta de las primarias. El escándalo de las grabaciones con Villarejo obligó a Cospedal a dejar la política.
Pablo Casado nunca contó con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, uno de los principales imputados en Kitchen, para su nuevo diseño del PP. Sin embargo, y pese a los excesos acreditados en el Ministerio del Interior de la época, incorporó a Jorge Fernández Díaz a su ejecutiva como vicesecretario de Interior y Libertades, viéndose obligado después a apartarlo. Fernández Díaz es el imputado en Kitchen hasta ahora que más alta responsabilidad desempeñó en el Gobierno de Rajoy, ministro del Interior.
A Ignacio Cosidó, que fue director general de la Policía, le regaló uno de los pocos cargos que pudo repartir desde la oposición en 2018, el de portavoz en el Senado. También tuvo que prescindir de él con posterioridad y ahora Cosidó se ve señalado por otros imputados como conocedor del espionaje a Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Uno de los comisarios imputados ha pedido ya al juez que declare como testigo.
En fechas próximas a que comience el juicio de la caja B está previsto que arranque la comisión de investigación del Congreso sobre esas maniobras del Gobierno de Rajoy y del Partido Popular para evitar la investigación de su contabilidad paralela y el pago de sobresueldos a sus dirigentes. Mientras el partido se sienta en el banquillo es previsible que responsables de la formación y de aquel Ejecutivo tengan que acudir al Parlamento a dar explicaciones. Tras las vacaciones de Navidad los grupos parlamentarios deberán acordar la lista de comparecientes y si, entre ellos, estará Mariano Rajoy.
Una posible condena al partido a partir del segundo semestre
Eso, en cuanto al primer semestre de 2021. El segundo también tiene reservado otro sobresalto para el PP. En septiembre arranca el juicio por la pieza de Gürtel que aborda la actuación de la trama en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. En su sesión inaugural se podrá escuchar a la Fiscalía verbalizar la acusación al Partido Popular como responsable civil, como la que motivó su condena por ese mismo concepto en el juicio de la primera época e idéntica a la que hará también Anticorrupción en la vista por el caso de la caja B. Está por ver cuándo los respectivos tribunales tendrán lista ambas sentencias —Caja B y Boadilla— y si, al menos en el caso de primera, puede estar antes de que finalice 2021.
Otro caso de financiación irregular, en este caso del PP madrileño, debería avanzar significativamente en los próximos meses. Se trata de la pieza 9 del caso Púnica, donde está imputada Esperanza Aguirre, la que fuera presidenta de la formación en Madrid y uno de los referentes de Casado en su carrera dentro del PP. La previsible finalización de la instrucción del caso conllevará la decisión de García-Castellón acerca de si Aguirre enfila el banquillo o la causa queda archivada en lo que a ella respecta.
Idéntica decisión en ese caso Púnica deberá tomar el juez respecto a otra presidenta del PP en Madrid, Cristina Cifuentes. A su vez, el antecesor de ésta, Ignacio González, se sentará previsiblemente en el banquillo por el caso de corrupción en torno a la empresa pública de aguas madrileña Canal de Isabel II. Tres piezas de esta causa han sido ya instruidas y González se enfrenta por el momento a una suma de 14 años de cárcel de acuerdo a las peticiones de la Fiscalía.