“Estoy profundamente orgulloso de todo aquello que ustedes están intentando ensuciar”. Así se dirigió este viernes Alberto Ruiz-Gallardón a los diputados de la oposición en la comisión de investigación de la corrupción en la Asamblea de Madrid. Ante ella ha comparecido por el que la Fiscalía Anticorrupción considera el primer pelotazo del Canal de Isabel II en Latinaomérica, efectuado en 2001.
“Si hubiera tenido toda la información que han dado (exconsejeros y técnicos del Canal) yo hubiese aprobado la operación”, dijo en referencia a la compra de la colombiana Inassa por un valor muy superior al real, según la Fiscalía y la Guardia Civil, y a través de una empresa radicada en el entonces paraíso fiscal de Panamá.
Cuando el diputado de Podemos Miguel Ongil le trasladó las rotundas afirmaciones de la querella de la Fiscalía Anticorrupción del caso Lezo, Ruiz-Gallardón aseguró que son conclusiones previas a la información y testimonios que ha recopilado la comisión de investigación. “Tengo muchas dudas de que después de esta comisión alguien pueda sostener eso”, ha dicho el expresidente madrileño.
En los próximos días está previsto que la fiscal Ana Cuenca, quien ha tomado el relevo de su compañero Carlos Yáñez, presente sus conclusiones sobre la necesidad de solicitar la citación como imputado de Alberto Ruiz-Gallardón. En la querella que dio origen al caso Lazo se acusaba al Gobierno presidido por Ruiz-Gallardón de haber generado una “ilícita plusvalía” de 66 millones de euros con la compra de Inassa, de haberlo realizado de forma opaca en un paraíso fiscal y de comprar sin disponer de un marco legal para ello.
Sobre los pinchazos telefónicos en los que Ignacio González alude al desvío de fondos con la compra de Inassa y culpa a Gallardón o su equipo, el compareciento dijo desconocerlos. Y añadió que sí le consta un escrito de la defensa de González aportado al juez del caso en el que descarta haber conocido pelotazo alguno en la compra de la empresa colombiana.
La querella original de la Fiscalía presentaba un posible “pacto de silencio” entre Ignacio González y Gallardón por el cual el primero ocultaría lo descubierto durante la etapa del segundo y además repetiría una operación similar en 2013 con una empresa brasileña.
Como reveló eldiario.es en junio pasado, Gallardón y González se reunieron, a pesar de haber dejado la política y ser enemigos irreconciliables, después de que saltaran los primeros escándalos del Canal. Gallardón ha dicho hoy en la Asamblea que “nunca” ha hablado con González del Canal una vez los dos dejaron la política. “No, rotundamente no”, dijo este viernes el compareciente sobre el supuesto “pacto de silencio” con González
El 51% de Inassa pertenecía a una sociedad pública española, la Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (Agbar). El Gobierno de Gallardón aprobó en noviembre de 2001 la compra del 75 por ciento de su compra y los créditos bancarios necesarios para la misma. El consejo de administración del Canal, la empresa pública de los grandes beneficios, acordó por su parte que la compra se hiciera a través de una empresa vehícular que se creó a tal efecto en Panamá.
Según los técnicos y consejeros que han comparecido en la Asamblea madrileña se hizo así porque lo exigió el vendedor y en nada perjudicó a los fondos públicos del Canal. Los investigadores del caso Lezo consideran, por contra, que es una operación “opaca” que podría haber escondido el desvío de 25 millones de euros de fondos públicos.
Aunque falta por determinar la cantidad, los investigadores creen que Agbar vendió en el año 2000 su participación por 7 millones de dólares. Al comparar el valor de venta de las acciones de Agbar y los 83 millones de euros que pagó un solo año después el Canal con fondos públicos de los madrileños, se pudo generar “una ilícita plusvalía” de 66 millones, recoge la querella de Anticorrupción.
“Ético, legal y beneficioso para los madrileños”
Gallardón defendió los beneficios que la expansión por Latinoamérica ha traído al Canal de Isabel II. Los diputados de la oposición le preguntaron por si le parecía “ético” comprar con dinero público a través de un paraíso fiscal. “Siendo legal y beneficioso para los madrileños, a mi me parece ético”, ha respondido.
Antes que Gallardón, comparecieron sus consejeros Pedro Calvo y Juan Bravo. Ambos, como Gallardón, pusieron de manifiesto las diferencias con la gestión de la época de González, imputado por organización criminal y otros delitos, y de Esperanza Aguirre. Calvo, expresidente del Canal y antiguo consejero de Medio Ambiente, le soltó al portavoz de Ciudadanos, Carlos Zafra: “”No confundan churras con merinas porque vengan del mismo lugar“.
Pedro Calvo puso en duda la investigación de la Fiscalía. “No todos los papeles que lee uno se tienen que dar por ciertos, aunque sean de la Fiscalía Anticorrupción”, ha asegurado. Sobre la utilización de Panamá para la adquisición de Inassa, el exconcejal de Medio Ambiente afirmó: “Es verdad que Panamá fue un paraíso fiscal, pero no lo fue para el Canal”.
Por su parte, Juan Bravo, exconsejero de Hacienda, ha afirmado los dos miembros del Gobierno responsables y conocedores de los acuerdos para la compra de la filial son Calvo y él. Bravo instó a los diputados a que despejen las “sombras” sobre una gestión que calificó de “impecable”.
Ambos exconsejeros, al igual que Gallardón defendieron que las tres tasaciones del Canal -la banca Rothchild, posterior comisionista, el economista Emilio Ontiveros y los técnicos del Canal- consideraron que el precio que se pagó era superior incluso al real. Los tres comparecientes también esgrimieron el informe del despacho Garrigues para considerar legal y oportuna la compra a través de Panamá.
Antes había comparecido Francisco Olmos, directivo de Agbar antes de la venta y después nombrado gerente de Inassa. Admitió que las acciones que poseía le generaron “algo menos” de 2,8 millones de euros que reinvirtió en el Canal y tributó en España. “Le propondremos para una medalla”, respondió el diputado Ongil.