La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sospechan que el Canal de Isabel II (CYII) fue utilizado para dar un pelotazo en Colombia en 2001, doce años antes de la operación que dio origen a las pesquisas sobre la empresa pública, la adquisición con sobreprecio de una empresa en Brasil en 2013. El modus operandi parece repetirse, pero no así sus protagonistas. La compra de la colombiana Inassa tuvo lugar mucho antes de que Ignacio González tuviera el control de la empresa pública de aguas; en aquella época el presidente de la Comunidad de Madrid era Alberto Ruiz-Gallardón.
Los indicios existentes en el sumario de la Operación Lezo motivaron que Anticorrupción solicitara dirigir el procedimiento contra Ruiz-Gallardón y todo su equipo de Gobierno, un movimiento que impidió la prescripción de los posibles delitos el pasado noviembre de 2016. El expresidente de la Comunidad de Madrid no está en estos momentos imputado, pero como avanzó eldiario.es, la Audiencia Nacional estudia el histórico de sus ingresos. En un escrito del pasado mes de abril, los fiscales del caso recogen que, “presuntamente, Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González”
Estos son las cinco líneas de investigación que aparecen en el sumario de la Operación Lezo sobre Alberto Ruiz-Gallardón y varios miembros de su Gobierno, en las que trabajan la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y las unidades adscritas a ésta de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).
1. La decisión de expandir el Canal por Latinoamérica
La empresa pública abastecía de agua exclusivamente a los madrileños desde 1851. Los funcionarios de IGAE han analizado toda la legislación que concierne al CYII y han encontrado dos reales decretos de 1977 que establecen: “Corresponde al Canal la gestión del servicio público de suministro y distribución de agua potable en el área de Madrid mediante la realización de los estudios, obras y servicios necesarios”. El segundo de esos dos reales decretos también dice que “el Gobierno, por decreto, podrá ampliar las funciones del Canal a nuevos servicios relacionados con los que constituyen su objeto”.
Un informe de la IGAE de hace un año, incorporado al sumario, concluye que la normativa no aclara “qué se entiende por servicios relacionados con los que constituyen su objeto, en particular si estos pudieran referirse únicamente a nuevos servicios dentro de su ámbito territorial o también a un nuevo ámbito territorial”. Al tiempo, recoge otros cinco decretos, publicados entre 1992 y 1994, y que fueron destinados a autorizar participaciones concretas en distintas licitaciones públicas, concretamente en la provincia de Badajoz y en los países de Argentina y Perú.
El CYII también cuenta con una ley reguladora, posterior a los decretos de 1977. Se trata de la 7/1984, que en su apartado 6 establece, de forma general, que “la explotación de los servicios de aducción y depuración promovidos directamente o encomendados a la Comunidad de Madrid será realizada por el Canal de Isabel II en todo el territorio de la Comunidad de Madrid”. Colombia y Brasil quedaban por entonces lejos.
2. Comprar en Colombia y aprobar el marco legal cinco meses después
El 29 de noviembre de 2001, el Consejo de Gobierno de Madrid aprobó la constitución de una “sociedad vehículo mercantil” denominada Canal Extensia y a su vez autorizaba a ésta a adquirir acciones de la colombiana Inassa por un total de 83 millones de euros. Pero no fue hasta el 4 de abril siguiente, cinco meses después, que el Decreto 51/2002 introdujo una modificación en su artículo 3 para ampliar la actuación del Canal “fuera de dicho ámbito territorial (Madrid), previa la realización de los estudios, obras y servicios necesarios, y de la suscripción de los oportunos convenios”.
Según esto, Ruiz-Gallardón tomó primero una decisión y después se dotó del marco normativo necesario. En el decreto de modificación se especifica: “El Canal de Isabel II podrá participar en sociedades, en posición mayoritaria o minoritaria, previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”. La Guardia Civil concluye en un informe de abril de 2017 que “parece que se trata de un decreto aprobado ad hoc, ya que precisamente viene a ampliar las funciones del CYII de manera expresa para algo que ya se había producido meses atrás y que podría sugerir dudas sobre la cobertura legal de dicha operación”.
En la querella que dio origen a la causa que investiga la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción ya afirmaba: “La propia autorización concedida por dicho Consejo de Gobierno resulta cuando menos dudosa, si se tiene en cuenta que en el año 2001 Canal de Isabel II podría no estar legalmente facultado para la constitución de Canal Extensia S.A, ya que su actividad y objeto social se limitaba a la Comunidad de Madrid hasta que en abril de 2002 (una vez adquirida Inassa) se habilitó al Canal de Isabel II para prestar sus servicios en cualquier territorio)”.
3. La utilización de una sociedad radicada en un paraíso fiscal
La compra de las acciones de Inassa a través de una sociedad radicada en Panamá se acordó “a solicitud” del consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja; “a propuesta” del Consejero de Hacienda, Juan Bravo; y previa “deliberación” del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las firmas estampadas son del consejero de Hacienda y del presidente, Alberto Ruiz-Gallardón, según recoge el informe de la Guardia Civil de abril pasado. Mayor Oreja afirma que él ya no era consejero cuando se aprobó la compra de Inassa, al haber sido sustituido por Pedro Calvo.
Interamericana de Aguas y Servicios Sociedad Anónima (Inassa) fue creada en el año 1996 y era operada por la sociedad Triple A de Barranquilla (Colombia). El 51% de Inassa pertenecía a una sociedad pública española, la Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (Agbar) y el 49% restante a un fideicomiso vinculado al Banco Ganadero de Colombia.
Aunque falta por determinar la cantidad, los investigadores creen que Agbar vendió en el año 2000 su participación por 7 millones de dólares a la Sociedad de Aguas de América, la mercantil panameña utilizada por el Canal para la adquisción del 75% de las acciones de Inassa. Nada se sabe aún sobre cómo llegó Extensia a hacerse con las tres cuartas partes de la sociedad, toda vez que Agbar solo tenía el 51%. Con la compra del 100% de la panameña, Extensia también adquiría el 51% de otra sociedad llamada Watco Dominicana. El informe de la IGAE concluye que Canal Extensia no cumplió el acuerdo del Consejo de Gobierno, que solo autorizaba a comprar Inassa. A pesar de ello, nada se hizo desde la Comunidad de Madrid.
Es en este punto donde los investigadores sitúan el primer pelotazo del Canal. Al comparar el valor de venta de las acciones de Agbar y los 83 millones de euros que pagó un solo año después el Canal con fondos públicos de los madrileños, se pudo generar “una ilícita plusvalía” de 66 millones, recoge la querella de Anticorrupción.
Pero no solo eso. La operación recoge el entramado turbio en el que se incurre por recurrir a una sociedad en Panamá. Resulta que la Guardia Civil ha descubierto que el “vehículo mercantil”, según se refería el Gobierno de Gallardón a la sociedad panameña, es propiedad de un bufete de abogados del país, por aquel entonces considerado en España un paraíso fiscal. Obaldía & García Paredes constituyó Aguas de América el 2 de marzo de 2000 y la disolvió el 21 de febrero de 2002, “circunscribiendo curiosamente las fechas de actividad al periodo de tiempo comprendido entre la compra de Inassa a la empresa catalana Agbar y su posterior venta a la mercantil Canal Extensia”, dice la querella.
“El uso instrumental de sociedades erradicadas (sic) en un paraíso fiscal sólo tiene una explicación desde el punto de vista de la opacidad de la operación y el ocultamiento del destino real de los fondos públicos destinados a la compra”, afirma Anticorrupción. Los fiscales del caso destacan que se utilizó esta vía a pesar de que era una compra-venta de acciones entre dos sociedades del sector público español, Extensia y Agbar. “La utilización instrumental de esta sociedad panameña carecía de toda justificación económica y repudiaba la regularidad jurídica, no obstante lo cual la operación se realizó”.
“Su carácter opaco -añade la Guardia Civil- impide a fecha de hoy identificar a los primeros beneficiarios de los fondos ya que sus directores parecen ser abogados de un conocido bufete panameño que actuarían como pantalla, sin que hasta la fecha se haya podido conocer de manera fehaciente quién o quiénes se encontraban realmente tras esa sociedad”.
4. Los pinchazos telefónicos y las reuniones grabadas
Una parte importante de la Operación Lezo se apoya en las conversaciones intervenidas a los principales imputados. En ellas también se habla del pelotazo en la época de Alberto Ruiz-Gallardón. El 21 de julio de 2016, agentes de la UCO se sentaron cerca del expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino en la cafetería del hotel Villamagna. Frente al presunto testaferro de Ignacio González, fotografiaron a un hombre en silla de ruedas, el empresario colombiano José Manuel Daes Abuchaibe, conocido como Yuyo. En el encuentro, Rodríguez Sobrino se ofreció a colaborar con Yuyo en posibles inversiones de éste en Colombia, a pesar de que llevaba ya meses fuera de la empresa pública madrileña.
“¿Cuánto le entraba al Canal?”, pregunta en un momento el empresario colombiano. Y Rodríguez Sobrino comienza sus explicaciones: “A Canal le han entrao, te digo la cifra total, a Canal le han entrado 65 millones, eso es lo que le han entrao” (…) “A ver, invirtió en una operación, eh… que tú conoces 95… en la que le robaron 25 millones, porque cuando yo entré, Yuyo, aquello valía 10, aquello valía 10”.
Esos 95 millones es una cifra próxima a los que se invirtieron para la compra del 75 por ciento de Inassa y el 51% de Watco en 2001. Rodríguez Sobrino entró en Inassa en 2006 y se refiere a una operación anterior en el tiempo, lo que parece concordar con el pelotazo de 2001. Los investigadores anotan los 25 millones de desfalco de los que habla Rodríguez Sobrino, hoy en prisión incondicional.
Otro de los indicios contra Gallardón fue obtenido por la UCO el 11 de noviembre de 2016 en el despacho profesional de Ignacio González. Allí se habían dado cita el expresidente de la Comunidad, su antiguo compañero de partido Eduardo Zaplana y el abogado uruguayo Fernando Belhot. La conversación fue recogida por los micrófonos instalados por la Guardia Civil con autorización del juez.
En un momento de la charla, los interlocutores comienzan a hablar de Ruiz-Gallardón. Zaplana afirma que se lo encontró en un acto de FAES, que hablaron de un próximo viaje a México del exministro de Justicia y que éste, “sin cortarse”, le dijo: “Tengo que recuperar el tiempo perdido y no salgo de América porque tengo que ganar mucho dinero”. “Delante de cinco o seis personas”, añade Zaplana, quien apostilla: “Como diciendo que está ganando una fortuna… O aflorando algo”.
Para señalar a Ruiz-Gallardón, Anticorrupción y la UCO se sirven de otro tramo de la conversación grabada el 11 de noviembre en el despacho de Ignacio González. Zaplana se extraña de que “Alberto” no hubiera vendido en su época el Canal a los “Buines” (los informes concluyen después que se refiere a la familia Bouyges). “Claro, no se atrevía”, afirma González. “Le faltaron cojones”, se suma Zaplana. Y apostilla el expresidente de la Comunidad: “No se atrevía porque Alberto hizo una operación de que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II”.
González añade: “No soy como esta gilipollas que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes ni imaginar”.
Edmundo Rodríguez Sobrino también habla de Inassa en otra conversación intervenida el 13 de diciembre de 2016 en su despacho profesional. Charla con el abogado Carlos Rodríguez Fernández sobre la posible venta de Inassa y recuerdan cómo se adquirió. “Qué tipo de acuerdo se hizo con los búgaros (fonético) para impedir un concurso público. Ahora, bueno, eso es Gallardón, ¿no? Y no eso no eres tú… Eso es Gallardón”. Los investigadores creen que se refieren a cómo el Gobierno de Ruiz-Gallardón evitó la fórmula del concurso público en la adquisición de Inassa en 2001.
En una llamada desde el teléfono fijo de su despacho, Rodríguez Sobrino habla el 15 de marzo de 2017 con el abogado Manuel Gómez de la Bárcena. Queda poco más de un mes para su detención y Rodríguez Sobrino adopta medidas porque cree que tiene las comunicaciones intervenidas. Se desconoce si habla seguro por el fijo o sospecha que le están grabando. Ambos se refieren a la investigación por la compra de Emissao en 2013 y comentan una publicación de elconfidencial.com del día anterior sobre el pelotazo de Inassa. “Se están remontando a la época de…”, dice Gómez de la Bárcena. “Sí, de Gallardón”, contesta Rodríguez Sobrino (…) Es donde realmente hubo“, añade más adelante.
5. Un ambicioso proyecto de expansión en Latinoamérica que nadie fiscaliza
Los investigadores destacan cuatro informes de la Cámara de Cuentas (2002, 2003, 2013 y 2015) que alertan de la falta de fiscalización del conglomerado de empresas del Canal en Latinoamérica, un gigante que crecía lejos de cualquier control. El grupo de aguas es auditado por KPMG, pero se trata de un tipo de auditoria sobre las cuentas anuales, de tipo financiero, al que le basta constatar que las cuentas publicadas se corresponden con la verdad.
“Cabe preguntarse -dice uno de los informes de la Guardia Civil si la desatención llevada a cabo por parte de los responsables de la Comunidad Autónoma de Madrid a lo largo de los años respecto a los pareceres incluidos en los informes de la Cámara de Cuentas madrileña pudiera tener como intención final eludir los controles sobre el conglomerado internacional de empresas públicas”.
La IGAE dejó por escrito en su informe del 8 de junio de 2016 que la falta de fiscalización del proceso de expansión por Latinoamérica que emprendió Gallardón crea “una situación potencial de riesgo y de falta de control”.