Gallardón es el ministro que más evita el Parlamento
Nunca un dirigente político había logrado dilapidar tan deprisa la buena imagen que tenía entre un amplio sector de la ciudadanía como Alberto Ruiz Gallardón. El exalcalde y expresidente de la Comunidad de Madrid inició la legislatura como uno de los ministros mejor valorados del Gobierno de Rajoy pero en menos de dos años se ha situado a la cola en casi todas las encuestas en dura pugna con el titular de Educación, José Ignacio Wert, y de la ministra de Sanidad, Ana Mato.
Las estadísticas también le colocan como uno de los miembros del Gobierno que más evita ir al Congreso para someterse al escrutinio de la oposición. De hecho, en lo que va de legislatura solo ha comparecido en dos ocasiones en Comisión, un récord que comparte con Mato y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aunque todos ellos se han visto obligados a dar cuenta en los plenos de su gestión.
La primera vez que Gallardón acudió a petición propia a la Comisión de Justicia del Congreso fue el 25 de enero de 2012 y lo hizo para presentar las líneas de actuación de su Ministerio, un protocolo que deben cumplir todos los ministros de los gobiernos de turno. Ese día ya se vislumbró que su mandato iba a levantar muchas polémicas.
Sin embargo, tuvo que pasar más de un año para que volviera por segunda vez a la Comisión de Justicia, esta vez a requerimiento del PSOE e Izquierda Plural. Fue en mayo de 2013 para informar sobre las reformas de Ley Orgánica del Poder Judicial y la de Enjuiciamiento Criminal, en cuyos borradores había participado un grupo de expertos nombrado por el Gobierno.
Entre medias de esas dos comparecencias ha habido numerosas peticiones de los grupos de la oposición para que Gallardón diera explicaciones sobre asuntos que afectan a su departamento, como el controvertido indulto a un kamikaze que mató a un joven de Alzira en 2003; o el caso del dirigente de Nuevas Generaciones del PP, Ángel Carromero, implicado en Cuba en el accidente de tráfico en el que murió el disidente cubano Oswaldo Payá. Al final, Carromero fue extraditado a España para cumplir la pena de cuatro años pero a los pocos días de ingresar en prisión Justicia le concedió el tercer grado.
Aun así, en estos dos años que van a cumplirse de legislatura, Gallardón ha tenido que hacer frente en el pleno a numerosas interpelaciones de la oposición, entre otros asuntos, por el archivo masivo de las diligencias de investigación en los casos de robo de bebés, que realizó UPyD; o sobre el incumplimiento de la ley de la Memoria Histórica, al no haber retirado ni un solo símbolo de la dictadura franquista desde su llegada al poder en 2011, como denuncio Izquierda Plural, que también intentó en vano que el ministro explicara la actuación de la Abogacía del Estado “como brazo ejecutor de apoyo a la infanta” en el caso Nóos.
El ministro tampoco acudió al Congreso a dar explicaciones sobre las irregularidades destapadas por El País del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, al que defendió casi hasta su dimisión. Sobre estos asuntos el ministro se ha limitado a hablar brevemente en pasillos o a contestar someramente en las sesiones de control de los miércoles a preguntas de los grupos parlamentarios. Las peticiones para que comparezca en Comisión han sido vetadas por el PP, que sistemáticamente utiliza su mayoría absoluta para impedir que el presidente y sus ministros acudan a rendir cuentas al Parlamento.
Lo cierto es que casi todas las decisiones que ha ido tomando han conseguido soliviantar no solo a la mayoría de los grupos de la oposición, sino también a la propia judicatura, por no hablar de las organizaciones feministas y de diversos colectivos sociales que nunca se han creído esa supuesta imagen progresista que intentaba ofrecer el ministro y que encima le ha costado muchos disgustos con el sector más conservador de su partido, donde apenas cuenta con apoyos. El paradigma es la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, contra la que han clamado incluso algunas mujeres de su propio partido. También el último anteproyecto anunciado por su departamento, el de la ley de Demarcación y Planta, ha empezado a recibir duras críticas de las asociaciones judiciales.
Algunos de sus desplantes al Congreso han sido sonados. Sin ir más lejos, a finales de junio no asistió al debate para aprobar su polémica reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que los socialistas ya han anunciado que llevarán ante el Tribunal Constitucional.
El 22 de julio, durante su intervención en el curso de verano de la Universidad Complutense, Gallardón anunció que el cargo de ministro de Justicia será su “última responsabilidad política”, con lo que frenaba las especulaciones que siempre se han hecho sobre él y su aspiración de ser el sucesor de Mariano Rajoy. Es una curiosa coincidencia después de que el diario El Mundo publicase unos días antes que Javier Iglesias Redondo, abogado de Álvaro Lapuerta, el otro extesorero del PP imputado, había visitado a Bárcenas en la cárcel el 8 de julio ofreciéndole un acuerdo para que permanezca callado a cambio de la anulación de la causa y la destitución del titular de Justicia por otro más favorable a sus intereses. La versión que ofreció el diario es que Iglesias le dijo a Bárcenas: “Si hablas, tu mujer irá a prisión. Si callas, caerá Gallardón y se anulará el proceso”[if gte mso 9]>
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