El Gobierno acelera la agenda legislativa antes de las vacaciones

El Gobierno de coalición ha decidido aprovechar las últimas semanas del curso político previas al parón veraniego para acelerar su agenda legislativa. El objetivo es tratar de marcar la agenda informativa y reconectar cuanto antes con el electorado progresista tras el varapalo que supuso para PSOE y Unidas Podemos el triunfo incontestable del PP en las elecciones andaluzas.

El Ejecutivo atraviesa por un momento clave para garantizarse sobrevivir hasta el final de la legislatura, previsto para el otoño de 2023. Se ha abierto una nueva brecha en la coalición –que los dos partidos trabajan ya para cerrar– por la pretensión del ala socialista de incrementar el gasto militar, no compartida por Unidas Podemos, pero también por la respuesta que se debe dar a la creciente inflación o a la crisis migratoria. Y existe un descontento en los socios parlamentarios habituales, los partidos del conocido como bloque de la investidura, que presionan a Moncloa para que emprenda un claro giro a la izquierda en los próximos meses que contrarreste el crecimiento del apoyo electoral a las derechas al que apuntan todas las encuestas.

En ese contexto, el Gobierno confía en que el debate del estado de la nación de la semana que viene sirva a Sánchez para defender ese viraje hacia políticas más progresistas. Pero, además, este miércoles se confirmó que en ese mismo Pleno extraordinario del Congreso, el Ejecutivo tratará de sacar adelante tres normas de profunda carga ideológica: la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, la reforma exprés del Poder Judicial para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional y la convalidación del decreto anticrisis, que contiene la segunda tanda de medidas económicas y sociales para hacer frente a las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania.

PSOE y Unidas Podemos confían en contar con el apoyo del bloque de la investidura para salvar estas votaciones. Para ello, tras el varapalo de las andaluzas, el Gobierno aceleró la negociación de la ley de memoria, tras tenerla meses en el cajón. Gracias a los acuerdos con distintos socios, el lunes se aprobó el dictamen de la ley en la Comisión Constitucional del Congreso. La norma no cuenta, por el momento, con el apoyo de ERC, que se abstuvo en la comisión y que exige una reforma de la Ley de Amnistía que no contempla el Ejecutivo.

Pero tras el acuerdo alcanzado la semana pasada con EH Bildu, que permitió sacar adelante el dictamen –también gracias al apoyo de PNV, Más País, PDeCAT o Compromís–, las fuerzas del Gobierno ya no necesitan a los republicanos catalanes, si bien siguen confiando en que finalmente la respalden en el Pleno del jueves de la semana que viene. El pacto con la formación abertzale generó resistencias en algunos sectores del PSOE, principalmente porque amplía el ámbito de aplicación de la ley más allá del final de la dictadura, a 1983, cuando ya gobernaban los socialistas. El presidente del Gobierno de entonces, Felipe González, aseguró el martes que la norma “no” le “suena bien”.

Renovar el Tribunal Constitucional ante el bloqueo del PP

El miércoles está previsto que se tome en consideración la proposición de ley del PSOE para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) renovar dos de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato venció el pasado 12 de junio. Ante el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ, la norma aborda la modificación de un simple artículo de la ley del Poder Judicial, el 570 bis de la LO 6/1985, y el mismo miércoles se votará si se tramita con carácter de urgencia y en lectura única.

De ser así, la modificación por lectura única se votará el jueves y cuenta con el apoyo de Unidas Podemos –que quería que fuera más ambiciosa– y de los principales socios del Ejecutivo.

Respecto a la convalidación del decreto anticrisis, que fue pactado entre los miembros de la coalición in extremis, minutos antes de su aprobación en el Consejo de Ministros del 25 de junio, las fuerzas del Gobierno también confían en sacarlo adelante en el Pleno de la semana que viene con el apoyo de los socios de la investidura que, aunque lo consideran insuficiente, creen que es un buen paso adelante en la puesta en marcha de una agenda social que palie las consecuencias de la inflación.

A diferencia del decreto anterior, el Ejecutivo esta vez sí inició los contactos con los socios nada más ser aprobado en el Consejo de Ministros. El texto incluye medidas como la rebaja los abonos transporte, ayudas de 200 euros a familias vulnerables o la aplicación del impuesto a los beneficios de las eléctricas este mismo año.

Por el momento el decreto no cuenta con el respaldo del principal partido de la oposición, el PP, aunque sobre todo la parte socialista del Gobierno presiona a los de Alberto Núñez Feijóo para que lo apoyen. “Nadie se puede permitir que un decreto de estas características cayese. Significaría que al día siguiente todas las medidas dejarían de estar en vigor”, advirtió el martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Mensajes para calmar la tensión

Otras normas que han generado discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos se abordarán en el Congreso en el nuevo periodo de sesiones que comenzará en septiembre, tal y como explicó este miércoles el portavoz socialista en el Parlamento, Héctor Gómez. Se trata de la Ley de Vivienda, en la que los socios de la coalición han chocado por los límites al alquiler, y la reforma de la 'ley mordaza', que lleva meses en tramitación por las diferencias con los aliados parlamentarios. Gómez aseguró en rueda de prensa que ambas normativas están “muy avanzadas” en las respectivas comisiones en las que se están tramitando, con lo que confía en sacarlas adelante sin problemas en el nuevo curso político.

La coalición trata además de calmar la tensión de principios de semana por las diferencias sobre el aumento del gasto de Defensa comprometido por Sánchez y que se visibilizó el martes con la decisión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de convocar la Comisión de Seguimiento del acuerdo de coalición. “Para dar un mensaje de tranquilidad a mi país, sé que desde el cuidado que profeso a una coalición que quiero, el presidente [Pedro Sánchez] y yo misma vamos a buscar todas las fórmulas imaginativas para alcanzar un acuerdo no solo acerca del presupuesto de Defensa sino en lo que a mí me interesa más: que las gentes de mi país no sufran”, ha asegurado la propia Díaz este miércoles, durante una rueda de prensa en Roma, donde se reunió con miembros del Ejecutivo italiano.

Pedro Sánchez y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, escenificaron por su parte plena sintonía y se dedicaron buenas palabras durante la presentación del plan del Gobierno frente a la pobreza infantil que tuvo lugar en Madrid. “Vamos a seguir gobernando. Intentaremos reorientar el gasto para que haya más inversión en sanidad, dependencia o igualdad”, apuntó, además, la ministra de Igualdad, Irene Montero, remarcando el compromiso de todos los ministros de Unidas Podemos con la coalición.