La vicepresidenta Ribera visita Murcia en medio de una escalada de acusaciones políticas por la crisis en el Mar Menor

La vicepresidenta para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, viaja este miércoles al Mar Menor en medio de la escalada de tensión política entre el Gobierno central y regional tras la crisis medioambiental por los episodios de miles de kilos de peces y moluscos muertos por anoxia, es decir, falta de oxígeno en el agua. Una situación derivada de años de contaminación por la agricultura intensiva y el vertido de miles de kilos de nitratos vertidos a la laguna. La visita la ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros de este martes, en la que sostuvo que esta situación “no es fruto de un fin de semana”, sino que se trata de “muchos años de inacción y permisividad” del Gobierno de Murcia.

Ribera se encontrará con representantes ecologistas de la Región, pescadores y alcaldes de los diferentes municipios afectados por la situación. Al final de la jornada, la vicepresidenta se reunirá con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a quien ha dirigido una carta esta semana en la que pide que se resuelvan los expedientes de sanción que “no están siendo tramitados por el Gobierno de Murcia, que es el competente como consecuencia de la ley del Mar Menor”. Según ha afirmado Isabel Rodríguez, se trata de “800 expedientes” del Seprona y la Fiscalía.

El Gobierno regional culpa al estatal

Por su parte, el Gobierno murciano ha negado que existan 800 expedientes sin tramitar en relación a la protección del Mar Menor: “Es rotundamente falso que exista una dejación del ejercicio de las competencias de la Comunidad en esta materia, tal y como ha dicho hoy la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras la celebración del Consejo de Ministros”. Desde el Gobierno regional han señalado que “tienen abiertos 113 expedientes de restitución de regadío ilegal, sobre una superficie total de 2.130 hectáreas. Se trata del total de los expedientes recibidos de la Confederación Hidrográfica del Segura, por lo que no existe ninguna orden sin tramitar”.

Si en un primer momento, el Gobierno murciano no quiso reconocer que se trataba de una anoxia, como la ocurrida en octubre de 2019, después no dudó en presentar una denuncia en la Fiscalía contra la ministra “por su inacción y falta de aplicación de medidas”. Todo menos relacionar la falta de oxígeno de la laguna salada con los vertidos de los cultivos agrícolas en la zona del Campo de Cartagena, muchos de ellos ilegales. López Miras ha insistido en varias ocasiones en que el “problema” no lo ha generado su gabinete, echando la pelota sobre el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha reprochado que lleva dos años sin pisar el Mar Menor, aunque “hicieron campaña en 2019 en sus orillas”. Y puso deberes al Ministerio para la Transición Ecológica: “Recuperar el calado en la gola de Marchamalo para paliar este episodio, es de las pocas medidas que se pueden tomar a corto plazo para oxigenar el Mar Menor”. 

Miras ha llegado a reclamar este martes la urgencia de “vaciar el acuífero, que ya está contaminado, porque tiene 300.000 toneladas de nitratos de las últimas décadas de actividad”, al tiempo que ha sentenciado que los vertidos “no llegan de empresas agrícolas”. El jefe del Ejecutivo murciano considera que trata de una crisis “de carácter nacional, es una crisis de Estado y me gustaría que el Gobierno de la nación la tratase como tal, porque hemos tenido otras crisis nacionales como el Prestige, en la que el Ejecutivo central invirtió 1.000 millones de euros”.

En cuanto a la introducción de nutrientes por la Rambla del Albujón, el presidente murciano señaló que “no se está haciendo nada para evitarlo”. “En estos momentos, damos un paso contundente al frente y pedimos la transferencia de competencias de costa y cuenca del Mar Menor para actuar en el acuífero y la rambla de una vez por todas; no quiero seguir con las manos atadas y si me señalan como responsable, pueda serlo”, sentenció López Miras, quien ha insistido en que llevan tres años pidiendo que se ejecute el Plan de Vertido Cero.

La ministra Ribera se reunirá por la mañana en la localidad marmenorense de Los Alcázares con los alcaldes de la zona y representantes de diferentes organizaciones como la Plataforma SOS Mar Menor, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), WWF-Adena, Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y la Cofradía de Pescadores. También celebrará la ministra una reunión con el presidente murciano, Fernando López Miras, y el consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo a las 15 horas en el Palacio de San Esteban. Desde el Gobierno central insisten en la obligación que tiene la comunidad de resolver los expedientes sancionadores instruidos a los responsables de los vertidos contaminantes.

La portavoz del Gobierno señala a López Miras

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha responsabilizado al Ejecutivo murciano que preside el PP de forma ininterrumpida desde 1995 de esta crisis medioambiental que afecta a la mayor albufera de España. “Es la consecuencia de un periodo muy dilatado de inacción y falta de cumplimiento del Gobierno de Murcia en lo que se refiere a la ejecución de las sanciones, lo que es un consentimiento doloso de una situación irregular que es lesiva para el medioambiente y el Mar Menor”, ha dicho Rodríguez. “No es un conflicto de competencias, sino de dejación de competencias”, ha concluido.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez sale así al paso de las críticas que ha recibido tanto por parte del Gobierno regional que encabeza Fernando López Miras como por el presidente del PP, Pablo Casado, quien ayer mismo reclamó desde una explotación vitivinícola murciana al Gobierno central que tome medidas ante el desastre medioambiental del Mar Menor.

“Esto no se produce en un día ni en un fin de semana, es la consecuencia de muchos años de permisividad con acciones lesivas para el medio ambiente que están lesionando a otros agricultores que sí cumplen las normas”, ha explicado Rodríguez, quien ha asegurado que existen 8000 hectáreas cultivadas de forma ilegal “sin concesiones de agua”.

El Gobierno central ha tomado las medidas que ha podido, según ha explicado la portavoz. Por ejemplo, declarar “el acuífero en riesgo químico” para lo que no han contado con el apoyo del Gobierno de Murcia, ha denunciado. Algo que “afecta a la economía” porque pone en duda “la reputación de productos exportados al sector turístico”.

“El Gobierno de España está comprometido a buscar soluciones. Lo primero es acabar con los vertidos y hemos hecho lo que podíamos hacer. Ahora falta ejecutar las sanciones”, ha reiterado. Después, ha añadido, será el momento de “recuperar la zona”, para lo que, ha recordado, se contemplan planes concretos en el marco de los fondos europeos. Rodríguez ha señalado que la visita de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a Murcia está relacionada con ese plan de recuperación.

Ribera también comparecerá ante el Congreso la semana que viene, según ha adelantado Isabel Rodríguez. Además de la vicepresidenta tercera, lo harán el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la de Sanidad, Carolina Darias. Los tres lo harán antes sus respectivas comisiones, para dar cuenta de las actuaciones de sus ministerios precisamente sobre Murcia, Afganistán y la gestión de la pandemia, respectivamente.

Quien no acudirá al Congreso de forma extraordinaria será el presidente del Gobierno. La Diputación Permanente debatirá este miércoles las peticiones de comparecencia del jefe del Ejecutivo planteadas por diferentes grupos, pero Isabel Rodríguez ha zanjado la cuestión y ha dicho que Sánchez volverá a rendir cuentas ante el Parlamento en septiembre, cuando se recuperen las habituales sesiones de control de los miércoles.