El Gobierno ajusta la ley de amnistía para sortear el boicot judicial y pasar el filtro europeo sobre terrorismo

El Gobierno revisa con lupa el articulado de la ley de amnistía y se afana en pulir durante la tramitación parlamentaria hasta el más mínimo detalle que pueda dificultar su aplicación por parte de los tribunales. Este martes el PSOE logró pactar con Junts y ERC un ajuste en la redacción de los supuestos que quedan excluidos de la medida de gracia. En concreto, la enmienda registrada se refiere al delito de terrorismo, para el que ahora el texto pasa a diferenciar aquellos casos que “hayan causado violaciones graves de derechos humanos”, que quedarían al margen del amparo de la ley, de los que no. 

El movimiento del Ejecutivo con sus aliados parlamentarios se produce en paralelo a las últimas maniobras del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Tras retomar después de cuatro años la causa de Tsunami Democrátic por las movilizaciones en torno al aeropuerto del Prat en 2019, el magistrado ha sugerido al Supremo la imputación de Carles Puigdemont, Marta Rovira y otras diez personas por un delito de terrorismo relacionado con el fallecimiento por infarto de un ciudadano francés en mitad de esas movilizaciones.

Tanto en el Gobierno como en el PSOE, donde habían insistido en los últimos días en que la exclusión de los delitos de terrorismo suponían “líneas rojas” infranqueables, intentan desvincular públicamente la revisión del artículo 2 de la ley de ninguna decisión judicial. Lo que sostienen oficialmente es que los cambios introducidos suponen meros “ajustes técnicos” para reforzar la seguridad jurídica de la norma. 

“Hemos pactado con los grupos parlamentarios dos enmiendas técnicas que mejoran una ley que ya era sólida y completamente conforme a la Constitución. Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de la amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos”, defendió en ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

La anterior redacción de la norma excluía de su aplicación los actos de terrorismo siempre y cuando hubiera sentencia firme. Esa estructura permitía, en principio, abarcar las dos causas que más han tensado las negociaciones: la citada de Tsunami Democràtic y la de los miembros de los Comités de la Defensa de la República (CDR), que están acusados de organización terrorista por planear protestas en 2019. Ambos procedimientos están todavía en fase de instrucción. Es decir, ni siquiera han sido juzgados. 

Pero fuentes del Ejecutivo reconocen que es una cuestión que había generado un gran debate jurídico y que en las últimas semanas habían surgido dudas sobre que esa redacción pudiera pasar el filtro del Tribunal Constitucional, donde la norma será recurrida tras su aprobación con toda seguridad. La clave era una posible vulneración del derecho de igualdad, dado que el terrorismo era el único de los delitos cuya inclusión o no en la norma estaba vinculada a la existencia de una sentencia firme. No ocurría así, por ejemplo, con los actos dolosos contra las personas o las torturas. 

Es un asunto sobre el que también llamó la atención el informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso que salió a la luz la semana pasada y que criticaba la “indefinición” en los delitos que quedarían amnistiados. Según ese dictamen, que no es vinculante, el hecho de que la aplicación de la amnistía afectara a los delitos de terrorismo “sólo cuando haya recaído sentencia firme” podía ser “contraria al Derecho europeo”. 

En realidad, nadie en el Gobierno ni en Ferraz cree que ninguno de los actos derivados del procès catalán puedan encasillarse en casos de terrorismo homologables a la experiencia acumulada en España respecto a la violencia de ETA, los GRAPO o el islamismo radical. Y por eso observan con suspicacia algunos de los pasos dados recientemente por magistrados como García Castellón, algo que verbalizó expresamente la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, poniendo voz a un pensamiento generalizado que, sin embargo, ninguno de sus compañeros ha querido respaldar públicamente. 

En Junts reconocían este martes que esos últimos movimientos del juez García Castellón y la guía que una plataforma de juristas distribuyó entre los jueces para frenar la aplicación de la amnistía motivó su pacto con el Gobierno. Y, aunque admitían su satisfacción por el acuerdo alcanzado, insistían en que su objetivo es ampliar el ámbito de aplicación de la amnistía para blindarla totalmente ante hipotéticas decisiones judiciales. En las filas independentistas se mantiene vivo el temor a que, aun con este cambio, haya personas vinculadas al procés que puedan quedarse fuera. 

En la Moncloa ponen en valor que el acuerdo con el independentismo catalán hace que Junts y ERC se alejen de los propios postulados que defendieron hace solo una semana, cuando en sus propias enmiendas alegaban por la eliminación total del delito de terrorismo como causa de exclusión de la amnistía. Y creen que la corrección del artículo viene a paliar un problema de seguridad jurídica que había sido detectado por las judicaturas españolas y europeas.

Fuentes del Ejecutivo admiten, de hecho, que la redacción anterior que fijaba el límite de la amnistía en las sentencias firmes por terrorismo suponía en la práctica una acogida generalizada a la medida de gracia porque no existirían ninguna de esas sentencias antes de la entrada en vigor de la ley, previsiblemente en abril. Algo que, según reconocen esas mismas fuentes, había suscitado un intenso debate jurídico respecto a la consistencia legal que pudiera tener esa diferencia de trato entre los amnistiados. 

Frente a esta redacción, el nuevo texto acota la aplicación de la ley teniendo en cuenta elementos como la “intencionalidad” y “gravedad” de la conducta realizada y no la fase procesal en la que esté un procedimiento. Es un cambio sustancial que fuentes socialistas atribuyen a un intento de “homologar” el régimen de exclusión de este tipo penal al resto de conductas que también quedan fuera de la aplicación de la amnistía. 

Además, la enmienda transaccional pactada recurre a los parámetros fijados por el convenio europeo de derechos humanos. De esta forma, sostiene en el PSOE, se garantiza la existencia de “una referencia clara y de carácter internacional para esta cuestión”. Fuentes socialistas reiteran que no es cierto que la nueva redacción amplíe el perímetro de la amnistía, mientras que en los partidos independentistas dejaron ver este martes su satisfacción con el cambio acordado aunque mantuvieron vivas sus enmiendas que incluyen una pretensión de máximos: sacar el terrorismo del capítulo de exclusiones. 

La otra enmienda pactada por el Gobierno de coalición y los independentistas catalanes —que también lleva la rúbrica de EH Bildu, PNV, Podemos y el BNG— trata de blindar los “efectos” de la ley una vez aprobada. Así, modifica el artículo 4 para establecer que la suspensión “por cualquier causa” de un procedimiento relacionado con el procés “no impedirá el alzamiento” de las medidas cautelares acordadas antes de la entrada en vigor de la amnistía. Por ejemplo, una petición de extradición o las órdenes de detención en España que siguen en vigor contra Carles Puigdemont y los exconsellers que permanecen en Bélgica desde 2017.

La anterior redacción recogía que, en todo caso, “se alzarán las medidas cautelares incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones”. El nuevo texto, al no acotar las causas de suspensión que posibilitan levantar medidas cautelares, deja abierta la puerta a que esas medidas también se levanten si alguno de los jueces que tiene que aplicar la ley plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para ver si es compatible con el derecho de la UE, como todo apunta a que sucederá.