El Gobierno aprueba 'in extremis' medidas de su plan social y fuerza a los partidos a retratarse en plena campaña
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó las elecciones para el próximo 28 de abril tras el fracaso en los Presupuestos con el convencimiento de que tenía un relato que le beneficiaba en las urnas: un bloqueo parlamentario que le impedía llevar a cabo sus medidas sociales y la ruptura con los independentistas porque le pedían un referéndum de autodeterminación. Eso, sumado al auge de la extrema derecha personificada en la foto de Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, juntos en la Plaza de Colón, que moviliza a los suyos, da alas a los socialistas.
Pero en la misma rueda de prensa para comunicar el adelanto electoral, el presidente dejó claro el Gobierno que seguiría “trabajando” hasta el final. El plan de Moncloa es sacar adelante algunas de sus iniciativas estrella de ese plan social antes de las elecciones.
El Ejecutivo sostiene que no se trata de electoralismo pero las reformas legislativas de calado social que se aprueben a partir de ahora tendrán que aprobarse en la Diputación Permanente del Congreso a las puertas de la campaña electoral. Eso forzará a todos los partidos a retratarse en algunas votaciones de asuntos sensibles como la ampliación de las bajas de paternidad, la recuperación de la cotización para las cuidadoras o la mejora de las condiciones para los inquilinos. Todo a unas semanas de pasar por las urnas.
“Hemos hecho muchas cosas que nos habíamos planteado con la llegada de Sánchez al Gobierno pero es obvio que se queda una parte importante de la agenda sin realizar porque no hay presupuestos y por ese motivo el 28 de abril todos seremos juzgados en las urnas”, advirtió la vicepresidenta, Carmen Calvo, quien defendió que el Ejecutivo está en plenas capacidades hasta que se celebren las elecciones, aunque las Cortes se disuelvan el martes.
Calvo aseguró que el Gobierno trabaja con “normalidad”, aunque también reconoció que el Consejo de Ministros se vuelca en aquello que considera “estricto y urgente”. Así lo expresó después de que se aprobara el decreto por el que se equiparan las bajas por maternidad y paternidad de forma gradual hasta 2021, que obliga a las empresas a llevar un registro de sueldos por sexo y que recupera la cotización a la Seguridad Social para las cuidadoras no profesionales.
En esa misma reunión, el Gobierno dio luz verde este viernes a la nueva regulación en materia de vivienda con la que se amplía los contratos de alquiler, establece en tres meses el tope para las fianzas o regula la vivienda turística. A diferencia del decreto que el Congreso tumbó hace unas semanas, el nuevo incluye mejoras en lo que se refiere a desahucios y limitación de precios dentro del contrato. Además, el Ejecutivo aprobó las medidas de contingencia para que España esté preparada para un nuevo escenario en el que Reino Unido salga de la UE sin acuerdo.
La idea del Gobierno era llevar al Congreso solo aquellas cuestiones que tenía seguro que saldrían adelante para evitar nuevas derrotas parlamentarias a las puertas de los comicios. La cautela se ha impuesto entres los dirigentes de Moncloa y de la dirección del partido, vista la complejidad de cualquier negociación parlamentaria en período preelectoral. La Diputación Permanente, el órgano que se encarga de la actividad cuando el Congreso está disuelto, está compuesta por 65 diputados de guardia. El bloque de la moción de censura que hizo presidente a Sánchez cuenta con 33 representantes frente a los 32 que suman PP –y sus aliados– más Ciudadanos.
En el Gobierno consideran que tumbar los decretos sobre igualdad laboral y vivienda le pasaría factura al resto de formaciones y precisamente por eso confían en sacarlos adelante con un “acuerdo total” en la Diputación Permanente. Eso incluye a PP y Ciudadanos, que no se han pronunciado en contra del contenido de las reformas legislativas, pero sí han cuestionado la oportunidad de hacerlo en este momento preelectoral. Pablo Casado ha acusado con dureza a Sánchez de electoralismo por sus “viernes electorales”. “Es una república bananera”, ha dicho el líder del PP, quien ha amenazado con recurrir algunas de las medidas ante los tribunales.
A pesar de la confianza del Gobierno en conseguir el apoyo para sus iniciativas, hay algunos aspectos que aún no han abordado con los demás grupos antes de aprobarlos. “Si usted se mira como se han ido aprobando las leyes y reales decretos habrá visto que no ha quedado ni un solo grupo que haya apoyado en uno u otro caso”, explicó la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En Fomento cuentan con el apoyo de Unidos Podemos, con quien han negociado este decreto ante el rechazo al primero aunque lo ha tachado “insuficiente”, y también de PDeCAT. ERC y PNV son igualmente necesarios en el que caso de que la derecha vote 'no' (el escenario cambia con una abstención de PP o Ciudadanos).
PNV pone condiciones
El PNV ha supeditado su apoyo a los decretos a que se aprueben algunas transferencias a Euskadi que están pendientes. La vicepresidenta se quitó la presión recordando que el Gobierno está trabajando en el seno de la comisión bilateral, pero no dejó claro si las transferencias se van a acelerar: “Con PNV lo que hemos hecho es sacar adelante cuestiones que acordaron con anterior Gobierno y que, por desidia, no sacaba adelante”. Calvo emplazó a los nacionalistas vascos a apoyar el decreto de vivienda. Sin embargo, en el grupo que dirige Aitor Esteban aseguran que no han tomado una decisión al respecto.
Tampoco con ERC ha negociado el Gobierno, aunque en esta ocasión sí le hicieron llegar el texto con anterioridad a su aprobación en el Consejo de Ministros, pero aún no se han pronunciado. PDeCAT sí ha anunciado su apoyo a las medidas de vivienda, aunque no recoge las bonificaciones en el IBI que reclamaban. Lo que ha lamentado Carles Campuzano es que no se haya dialogado respecto al de igualdad laboral.
El Ejecutivo sí lo negoció con Unidos Podemos y también con los agentes sociales. Fuentes gubernamentales aseguran que a la patronal no le convencía la ampliación de los permisos de paternidad pero que “no se levantó de la mesa” por lo que confían en que el resto de formaciones secunden el decreto. Además, el Gobierno lo ha sacado adelante en una fecha muy simbólica: una semana antes de la movilización del 8M por el Día de la Mujer Trabajadora. Esas mismas fuentes consideran que el Congreso no puede rechazar esas medidas justo antes de los comicios.
En el caso del Brexit, el Ejecutivo considera que saldrá aprobado sin problemas porque se trata de una cuestión que va más allá de la política: “Esta es una respuesta del país, del Estado en la que esperamos que haya acuerdo total. Se trata de proteger nuestros intereses en una materia tan importante como que salga el Reino Unido de la UE”, dijo Calvo. Sin embargo, algunos grupos, entre ellos el PNV, han cuestionado que el Gobierno formara un grupo para abordar esas medidas de contingencia y que no haya contacto con él.
A la espera de cambios en la reforma laboral
Aunque el Consejo de Ministros ha aprobado estas medidas sin tener los apoyos cerrados, sigue convencido de que todo lo que lleve al Congreso en las próximas semanas debe estar muy calculado. Por un lado, la prórroga presupuestaria condiciona el crédito que necesitan los ministerios para financiar esas reformas. Por otro, Sánchez quiere evitar cualquier derrota antes de las elecciones.
Uno de los asuntos que está negociando el Ministerio de Trabajo es la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, pero para llevarlo a cabo necesita del acuerdo de los agentes sociales aparte de los grupos políticos. El gran problema para eliminar algunas de esas cuestiones ha sido el PDeCAT, que apoyó al PP, a pesar de que no lo necesitaba: Rajoy ya contaba con mayoría absoluta para sacar adelante esas reformas. El departamento que dirige Magdalena Valerio está determinado a modificar vía decreto las partes más dañinas para los trabajadores de la reforma laboral, así como medidas de protección social (como el aumento de las ayudas contra la pobreza infantil y la recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años).
Una vez que se aprueban en el Consejo de Ministros, los decretos tienen un mes de vida antes de ser convalidados en el Congreso. Será Ana Pastor la que se encargue de poner fecha a la Diputación Permanente para que se voten definitivamente y, si PP y Ciudadanos rechazan las medidas, los socialistas volverán a contener la respiración para que nada falle. Los números son muy ajustados y las urnas están muy cerca: un solo diputado puede decidirlo todo.
