El Congreso de los Diputados es, hoy por hoy, un territorio hostil para el Gobierno. A los ya frecuentes escarceos del independentismo catalán de derechas con PP y Vox para conformar una mayoría parlamentaria de oposición se ha sumado esta semana el desmarque de otro socio de investidura como el PNV, alineado con los populares en el debate sobre Venezuela. Y también los primeros avisos de José Luis Ábalos, descolgado del sentido de voto del Grupo Socialista, tal y como él mismo advirtió que haría tras la investigación interna del escándalo del ‘caso Koldo’ que impulsó el Ministerio de Transportes.
Pero, de todas esas piedras en el camino, en la Moncloa solo quita el sueño en realidad lo de siempre: los siete votos de Junts. Y la interlocución de los socialistas con Carles Puigdemont, que no se ha interrumpido en ningún momento a lo largo de todos estos meses, arroja la conclusión de que, en el mejor de los casos, hará falta aún algún tiempo para ver aterrizar de nuevo a su partido en la senda de la colaboración con el Gobierno.
La pesada digestión de la investidura de Salvador Illa, los últimos movimientos del Tribunal Supremo para mantener excluido de la ley de amnistía al expresident y el propio proceso interno que afronta Junts de cara a su congreso extraordinario de octubre sepultan cualquier atisbo de luz en la negociación política con el Ejecutivo. Y por eso en el equipo del presidente asumen que la senda de estabilidad aprobada este martes por segunda vez en el Consejo de Ministros volverá a ser tumbada cuando se vote en el Congreso en un par de semanas.
“Si quiere resultados distintos, haga cosas distintas”, le dijo este miércoles durante la sesión de control la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, a la ministra de Hacienda en referencia a esa próxima votación de una senda de estabilidad que ellos mismos, junto al PP y Vox, tumbaron a finales de julio. “Aquí vamos a votar el modo en que se reparten los 40.000 millones que Europa les ha dicho que pueden gastar de más. Ustedes han decidido que se quedan con el 90% y lo que le queda a Catalunya no llega ni a cien millones. ¿Creen que luchamos por la independencia para conformarnos con tan poco?” arremetió Nogueras contra María Jesús Montero.
Al rifirrafe entre la bancada azul del Gobierno y uno de los socios de la investidura no le faltó tensión por ninguna de las dos partes. En su réplica, la vicepresidenta primera apeló directamente a que Junts reconsidere su postura respecto a la senda de estabilidad, el trámite previo a los Presupuestos Generales del Estado. “Este Gobierno está evitando un recorte de 4.800 millones de euros en comunidades autónomas y ayuntamientos y ustedes votaron en contra de esa senda. Espero que lo reconsideren porque es buena para Catalunya y para el conjunto de los españoles”, le reclamó.
Desde el Ejecutivo admiten en privado que las esperanzas sobre la capacidad de Junts de reconsiderar nada son, en este momento, muy escasas. Aunque lanzan una advertencia a la oposición para que aplacen la fiesta del día en que, previsiblemente, caigan de manera definitiva los objetivos de estabilidad. “Se puede ir olvidando el PP de que demos por perdidos los Presupuestos. Los vamos a presentar aunque sea con la senda del año pasado y vamos a trabajar para sacarlos adelante”, apuntan desde el departamento de María Jesús Montero, donde explican que el proyecto de esas cuentas que llevarán al Parlamento aun sin apoyos está ahora siendo debatido en el interior del Gobierno entre los socios de coalición.
Aunque el escenario de una nueva prórroga presupuestaria es una opción que contempla el presidente del Gobierno, que ya avisó durante el Comité Federal del PSOE que incluso en ese caso continuaría adelante con la legislatura, desde el Ejecutivo abren la puerta a que tras el “otoño caliente” independentista se vuelvan a dar las condiciones para sentarse a negociar las cuentas.
En los contactos de Ferraz con Waterloo se pone sobre la mesa, de hecho, que entre los compromisos que se pidieron a Junts a cambio de la ley de amnistía figuraba la aprobación, al menos, de unos Presupuestos Generales del Estado que permitieran articular el mandato de Pedro Sánchez. Algo que no se acabó plasmando en ningún papel pero que ahora centra las conversaciones entre el PSOE y los independentistas con el objetivo de sacar adelante unas cuentas aunque sea fuera de plazo. Una prórroga presupuestaria el 1 de enero y la aprobación de unos nuevos Presupuestos ya entrado 2025 es, de hecho, el horizonte más optimista que se contempla en el seno del Ejecutivo.
Porque esperan en el Gobierno que el paso de los meses facilite nuevamente la distensión con el independentismo catalán, que afronta procesos internos que dirimirán rumbo, estrategia y liderazgos tras el histórico batacazo que supusieron las elecciones catalanas, las primeras en cuarenta años que no arrojaron una mayoría independentista o nacionalista en el Parlament. De que esa expectativa cristalice o no dependerá realmente la viabilidad de la legislatura.
El mensaje de la Moncloa es nítido: el Gobierno seguirá adelante con o sin Presupuestos y con o sin mayoría parlamentaria que respalde la producción legislativa. Pero más allá de las palabras, en el equipo del presidente tienen claro que el impulso de al menos unas cuentas públicas resultan imprescindibles para mantener en pie la legislatura.