El Gobierno ha tenido que ceder a la presión de los grupos parlamentarios ante el riesgo de que el decreto del plan de choque contra la guerra naufrague en el Congreso este jueves. La intención de Pedro Sánchez es que el Parlamento convalidara el plan anticrisis en los términos en los que salió del Consejo de Ministros, pero el portazo que le han dado los socios parlamentarios por el escándalo del espionaje ha obligado al Ejecutivo a replantearse la estrategia la víspera de que se produzca la votación, que asumen que será muy ajustada.
“El real decreto ley de medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania se tramitará como proyecto de ley en el Congreso para permitir las aportaciones de los grupos parlamentarios”, han informado fuentes gubernamentales a última hora de este miércoles, cuando la negociación continúa contrarreloj. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha tenido que improvisar una ronda de contactos con la mayoría de grupos parlamentarios para intentar amarrar los apoyos necesarios, pero la negociación se ha puesto cuesta arriba. A última hora de este miércoles, fuentes socialistas asumen que el decreto será aprobado por la mínima al asumir el rechazo de PP, Vox, Ciudadanos y ERC.
El Gobierno confía, por tanto, en sacar adelante el plan anticrisis con el sí de PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, Más País y varios grupos regionalistas y la abstención de Coalición Canarias. “Un margen de dos o tres votos”, pronostican fuentes socialistas, que admiten que siguen hablando y que hay “varias negociaciones abiertas”. Algunos de esos grupos han solicitado la tramitación como proyecto de ley del decreto para poder incluir cambios y enmiendas. El principal argumento del Ejecutivo para negar esa posibilidad hasta ahora era que la duración de las medidas es de tres meses -ya ha pasado uno- y que su aplicación acabará antes de que acabe la tramitación parlamentaria. Fuentes socialistas insisten en que existe esa “limitación”, pero que lo han aceptado porque así se lo han exigido.
La convalidación se le ha complicado al Gobierno ante la escalada de la tensión con sus aliados parlamentarios por el escándalo del espionaje a líderes independentistas y su entorno. ERC amenazó con dejar de apoyar al Ejecutivo en el Parlamento y también EH Bildu, que iba a avalar el decreto, dejó en el aire su respaldo. “Tumbar la agenda legislativa es el único idioma que entiende el PSOE”, expresó este miércoles el portavoz republicano, Gabriel Rufián, en los pasillos del Congreso.
Minutos antes había emplazado a Sánchez durante su 'cara a cara' en la sesión de control a buscar el apoyo del PP. El presidente le había tendido la mano para mantener la senda del diálogo, aunque ha defendido la actuación del CNI en el marco de la ley. Sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha caldeado aún más los ánimos al justificar el espionaje. “¿Qué tiene que hacer un Estado, qué tiene que hacer un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania, o cuando se 'hackean' organismos como el SEPE o teléfonos de ministros?”, ha expresado en el Parlamento. Sus palabras han caído como un jarro de agua fría en el Govern. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha exigido inmediatamente su dimisión.
El 'no' al PP
Ante esa situación, el Ejecutivo ha abierto incluso la vía PP para intentar salvarlo, pero los de Alberto Núñez Feijóo han condicionado su apoyo a que Sánchez asuma algunas de las medidas que le había propuesto el nuevo líder conservador. En Moncloa desvinculan la aceptación de tramitar el decreto como proyecto de ley para incluir cambios de los grupos a esa petición del PP. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha contestado a la carta que le ha enviado su interlocutor del PP, Juan Bravo, y le ha comunicado la intención de tramitar el decreto como proyecto de ley.
“Respecto a vuestro documento, comprenderás que requiere de un análisis profundo. Es necesario estudiar, entre otras cuestiones, el impacto económico y presupuestario, aspecto fundamental que cualquier Gobierno responsable debe tener en cuenta, y que no viene reflejado en el mismo”, le reprocha la responsable de Hacienda. No obstante, le reitera la “mano tendida para llegar a acuerdos que favorezcan a la ciudadanía y al conjunto del país”.