El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la moción aprobada en el Parlament de Catalunya a instancias de los comunes que pedía la abolición de la monarquía y la reprobación de la actuación del rey en Catalunya. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que tuvo dudas de presentar ese recurso dado que la iniciativa parlamentaria no tiene ningún efecto jurídico más allá de lo declarativo, ha decidido hacerlo a pesar de que el Consejo de Estado no ve base jurídica para ello. Pedro Sánchez considera que llevar ese pronunciamiento en contra de Felipe VI ante el alto tribunal constituye “sentido de Estado” y “un nuevo intento de iniciar un proceso unilateral por proclamar la independencia”.
La portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celaá, ha admitido que el Consejo de Estado ha concluido que la iniciativa aprobada en el Parlament no es un “objeto idóneo para su impugnación”, pero ha enfatizado que “informe del Consejo de Estado no es vinculante”. “El Gobierno agradece y respeta el trabajo y la opinión del Consejo de Estado, pero no comparte esta argumentación jurídica”, ha continuado Celaá: “El Gobierno interpondrá por sentido de Estado recurso ante el Tribunal Constitucional”.
La ministra ha sostenido que ese pronunciamiento del Parlament en el que censuraba la actuación de Felipe VI con respecto al proceso independentista en Catalunya es “inconstitucional” y que, al plantear el fin de la monarquía, supone “un nuevo intento de iniciar un proceso unilateral por proclamar la independencia”. Otro de los argumentos es que la Cámara autonómica se excedió de sus atribuciones. Para el Gobierno, un parlamento regional no puede pronunciarse sobre el modelo de Estado.
Para el Gobierno no se puede cuestionar al rey por ser inviolable
Sin embargo, el Consejo de Estado, adelantado por La Vanguardia, considera que no se puede privar a una “Asamblea representativa como es el Parlament de su capacidad para expresar su disconformidad con la actuación del jefe del Estado en relación con unos sucesos que tuvieron lugar, precisamente, en Catalunya”.
Para el Ejecutivo de Sánchez, la moción del Parlament es “un nuevo intento, como antes anteriores del Parlament, de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una república”. Además, entiende que “no es admisible” que se cuestione la actuación del jefe del Estado por su “inviolabilidad”.
El Gobierno pidió un informe al Consejo de Estado, como es preceptivo antes de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque no vinculante. El Ejecutivo de Mariano Rajoy también se saltó la recomendación de la institución consultiva cuando recurrió la investidura a distancia de Carles Puigdemont. En aquella ocasión, el Consejo de Estado lo desaconsejaba porque no se había producido todavía el hecho.
Sánchez aseguró en el Senado este martes que su decisión de impugnar esa moción respondía al “puro convencimiento” de que la Cámara autonómica se pronunciara sobre la jefatura del Estado. El líder socialista acusó al Parlament de “atacar a las instituciones del Estado”.
Fuentes de la dirección de Podemos critica el recurso del Gobierno ante el Constitucional: “La monarquía no se debe sobreproteger en un país democrático, lo que debe hacer el Gobierno es preguntar a los ciudadanos si consideran que la monarquía sigue siendo la Jefatura de Estado más adecuada y dejar de bloquear en el Congreso que podamos investigar la corrupción”, informa Aitor Riveiro.
Cuestionar el delito de rebelión “no es un gesto”
Catalunya ha protagonizado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras celebrado este viernes en Sevilla. El Ejecutivo mantiene su intención de celebrar una reunión en Barcelona antes de que acabe el año, como anunció Sánchez, aunque deja en el aire la reunión del presidente con Quim Torra. Ambos dirigentes acordaron volver a encontrarse tras su primera toma de contacto en Moncloa, pero el Ejecutivo socialista enfrió esa posibilidad después de que el jefe del Govern diera un ultimátum sobre el referéndum por la autodeterminación.
El cuestionamiento que hizo Sánchez y que secundó la vicepresidenta, Carmen Calvo, del delito de rebelión atribuido al proceso independentista del año pasado se ha llevado buena parte de las preguntas de los periodistas en Sevilla.
Celaá ha asegurado que esa reflexión del presidente y su número dos no pretendía influir en el Poder Judicial: “El Gobierno no pretendía orientarle a ninguna parte”, ha dicho la portavoz que ha recordado que Sánchez “para nada se refirió al Poder Judicial” dentro de su “comparecencia política”.
Sobre las presiones que denuncian miembros del Tribunal Supremo, ha señalado que “todo el mundo es libre para tener sus sentimientos y expresarlos pero no hay ningún tipo de presión al Poder Judicial”. Celaá cree que es “subjetiva” la recepción de determinadas afirmaciones en función de si las personas “se sienten más vulnerables heridas u ofendidas por las manifestaciones que se puedan hacer desde un ámbito u otro”.
El Gobierno promete que no dará órdenes a la Abogacía
“El Gobierno no marca el paso a nadie. El Gobierno es el Gobierno y si verdaderamente los tribunales son independientes, como lo son, no tienen por qué alterar su paso”, ha abundado.
También ha negado que esas dudas sobre la rebelión dado que no hubo violencia ni se trató de un levantamiento militar constituyan un guiño para los independentistas, que le exigen que inste a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado a que retire esa acusación que conlleva las mayores penas para los procesados.
“No es ningún gesto. No necesitamos hacer ningún gesto. Los independentistas conocen que el Gobierno no entra a determinar ni a incidir ni a impactar en las decisiones que pueda tomar el Poder Judicial”, ha expresado la portavoz, que ha prometido que el Ejecutivo no pretende dar ninguna instrucción sobre las acusaciones del Ministerio Público y a los servicios jurídicos del Estado.