El Gobierno convertirá los decretos en excepción y trabaja en una reunión con Junts para engrasar la relación

Control de daños, reparto de culpas y, sobre todo, búsqueda de fórmulas que permitan que cada votación en el Parlamento no se convierta en un Vietnam (Salvador Illa, dixit). Así transcurrió el día después al esperpéntico Pleno del Congreso –que tuvo lugar en el Senado–, en el que el Gobierno afrontó una negociación de infarto que puso en evidencia la precariedad de su mayoría parlamentaria en el primer pleno del año.

En la Moncloa parece que han tomado nota de que no pueden llevar al Parlamento ninguna iniciativa sin antes haberla negociado hasta el último detalle con sus socios, pero también se han propuesto acabar con su cada vez más habitual práctica de gobernar a golpe de decreto. “Desde ahora, será la excepción y no la norma”, aseguran tajantes los socialistas, que admiten además tener un problema de interlocución con Junts, que circunscriben a la dureza en las formas de Míriam Nogueras, pero también con Yolanda Díaz por “su incapacidad para entenderse con Podemos”. 

De un lado, la fractura de ese espacio político se ha cobrado la primera pieza en la cabeza de los parados, al decaer por el “no” de Podemos el decreto impulsado por el Ministerio de Trabajo que modificaba la cobertura por desempleo. De otro, los de Puigdemont han demostrado que son menos fiables y más imprevisibles que ERC y que están dispuestos a tensar la cuerda cuanto sea necesario hasta que Sánchez sucumba a todas sus demandas. Y, en medio, un gobierno empeñado en hacer de la agenda social el eje de su mandato, pero obligado a hacer todo tipo de equilibrios con unos aliados de lo más variopinto cuyos votos son desde el primero hasta el último necesarios.

Por partes. Los socialistas intentan, tras lo ocurrido, poner el foco sobre el carácter social de las medidas aprobadas, el viraje de un independentismo que arrancó con un rotundo “no” pero acabó facilitando la convalidación de los decretos y el “alcance menor” de los acuerdos suscritos con los de Puigdemont teniendo en cuenta de dónde partía la negociación. 

Lo que se ha acordado es el desarrollo de una ley orgánica de delegación –que no de transferencia– de competencias y recursos para que Catalunya pueda hacer una gestión integral de la inmigración conforme al artículo 150.2 de la Constitución. “Por tanto, no se toca ningún aspecto de la Carta Magna y los recursos que anuncia el PP son, una vez más, un brindis al sol”, aseguran. Y respecto al plan de apoyo a las empresas catalanas con el que revertir las consecuencias del decreto de 2017 el PSOE aclara que “ni es una obligación ni mucho menos supondrá en ningún caso sanciones para las empresas que decidan mantener su sede social fuera de Catalunya”. Añade también que queda en el aire lo de los posibles incentivos a las entidades que regresen a la comunidad “en tanto en cuanto esa decisión supondría un agravio para las que en su día se quedaron”. 

Respecto a la subvención al transporte público, el Estado mantendrá el 30% actual, con independencia de que la comunidad autónoma asuma o no su 20%, una condición que ya no existía de tal modo que siempre habrá un porcentaje de ayuda garantizada por el Estado aunque el resto de las administraciones retiren la suya. Y sobre la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el régimen jurídico no cambiará con la disposición aprobada en el real decreto sobre su supresión. Dicho de otro modo: los tribunales españoles conservan su plena capacidad de elevar cuestiones prejudiciales, acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y suspender los procesos afectados mientras resuelve la Justicia europea, como ha sucedido en las últimas décadas y es jurisprudencia pacífica del TJUE y del Tribunal Supremo.

Todo ello ha sido aclarado después de 24 horas de un silencio estruendoso mantenido desde el Gobierno y el PSOE que permitió al independentismo imponer su propio relato sobre las contrapartidas arrancadas, además de molestar a ERC y al resto de aliados parlamentarios. En el PSOE admiten que Junts exigió “algo disruptivo” que le permitiera vender a su parroquia el viraje después de haber anunciado un “no” rotundo a los decretos, pero que en ningún caso se cedió a sus pretensiones iniciales, entre las que se encontraban las sanciones a las empresas que no regresaran a Catalunya, una bonificación estatal al transporte público del 50% y la transferencia íntegra, que no la delegación, de las competencias en materia de inmigración. 

Encuentro en Moncloa el martes por la noche

No obstante, tanto el Gobierno como Ferraz admiten que hay un problema de interlocución grave con Míriam Nogueras, a quien atribuyen unas formas mucho más duras que las del secretario general de Junts, Jordi Turull, en la negociación. El veto que los neoconvergentes han impuesto al ministro de Presidencia fue otro problema a sortear durante la negociación, debido a la notable desconfianza de los de Junts hacia Félix Bolaños, que en el PSOE aseguran que tiene que ver con “Yolanda Díaz y las advertencias contra él que hizo a los de Junts durante los contactos que tejió con los de Puigdemont antes de la investidura”. 

Ambas cuestiones se pusieron de manifiesto durante una reunión entre los negociadores que tuvo lugar el martes por la noche en Moncloa y a la que asistieron Bolaños y María Jesús Montero, por la parte del Gobierno, y Nogueras, Turull y el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet. Pese a los intentos, durante el encuentro no hubo manera de que los independentistas se avinieran al “sí” a los decretos.

Para vencer esta situación, Santos Cerdán, de quien Turull remarcó este jueves el papel clave que ha jugado en las negociaciones, explora estos días con Bolaños y con el secretario general de Junts la posibilidad de mantener una nueva reunión a tres bandas para vencer todo tipo de suspicacias. La cita será este mismo mes, según fuentes independentistas y también del PSOE, que se resisten a dar más detalles tras remarcar la necesidad de discreción en estos encuentros.

Ambas partes han adquirido el compromiso, desvelan los socialistas, de que no se repita lo vivido en el Senado este miércoles y están decididas a establecer una dinámica continuada de trabajo que haga posible avanzar en los acuerdos. Es el objetivo que se pretende con la próxima cita entre Cerdán (PSOE),  Turull (Junts) y Bolaños (Gobierno), a quien los de Puigdemont se refieren como el “anestesista mayor del reino”, por la solemnidad con la que rebajaba en el anterior mandato los pactos que ERC decía haber arrancado a los socialistas.

Montero apremió a Sumar a negociar con Podemos

Por otra parte, los socialistas cargaron este jueves con dureza contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras desvelar que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, le ofreció sin éxito alguno incluir la ayuda a los parados en el decreto ómnibus ante el riesgo de que los diputados de Podemos se negaran a apoyar un texto impulsado por la líder de Sumar. Este extremo lo han confirmado a este diario hasta tres ministros socialistas, pero lo niegan desde el departamento de Díaz.

Desde el PSOE añaden también que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, emplazó a su colega por activa, pasiva y perifrástica durante todo el miércoles a que negociara con la formación de Belarra, algo que también declinó y obligó al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, a asumir la interlocución con Podemos.

“Quería lucir con una medida social y colgarse una medalla que en todo caso le corresponde al conjunto del Gobierno, y su empecinamiento y animadversión con los morados ha hecho que los parados sean los principales damnificados”, asegura un ministro socialista, que sospecha que de haberse incluido la ayuda en el decreto ómnibus los de Podemos no hubieran ido tan lejos como llegaron. Se trata de algo que ya sólo pertenece al terreno de la especulación y que no lleva más que a ahondar en el relato de una coalición mal avenida que sólo beneficia a la derecha.

Lo que sí se le ha trasladado a la líder de Sumar desde varios frentes del Gobierno es que la guerra abierta de ese espacio no beneficia a la izquierda en su conjunto y mucho menos a un Ejecutivo cuya estabilidad depende de, entre otros muchos, los votos de Podemos. La consigna es que en adelante deje a un lado las diferencias personales o partidistas y se faje en limar asperezas con el partido que fundó Pablo Iglesias, como hacen los socialistas con el resto de socios parlamentarios.

Lo que ocurra en adelante en esa relación, como el devenir de la legislatura, es una incógnita.