El Gobierno de Pedro Sánchez cuestiona el informe del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que reclama la puesta en libertad de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. En un duro comunicado remitido a los medios de comunicación, el Ejecutivo pone en duda la “independencia e imparcialidad” de los redactores y reclama a los “responsables y a los supervisores” de la organización que “refuercen el rigor, independencia y ecuanimidad de sus trabajos y permanezcan alerta ante los intentos de manipulación y desinformación a los que puedan ser sometidos”.
El informe, realizado a instancias de los líderes independentistas encarcelados, les da la razón y pide su puesta en libertad. Además, sostiene que no hubo violencia en el procés y que las acusaciones penales buscan “coaccionar a Sànchez, Cuixart y Junqueras por sus opiniones políticas en torno a la independencia de Catalunya”. Y considera que la celebración de Soraya Sáenz de Santamaría por haber “descabezado” a los líderes independentistas vulneró su presunción de inocencia. Con todo, el informe no es vinculante para España.
El Ejecutivo critica duramente al grupo de trabajo al considerar que se ha dejado llevar por la “manipulación” independentista y califica de “grave” que emita el dictamen “poco antes de que quede vista para sentencia la causa” que se está juzgando en el Tribunal Supremo. “Una lamentable circunstancia que podría ser interpretada como una interferencia en un proceso penal en marcha”, señala el Gobierno. La fecha de aprobación del informe, según figura en el documento, fue el pasado 25 de abril, y se envió al Ministerio de Exteriores este lunes.
El Gobierno critica que los expertos “dan por hecho que las concentraciones celebradas los días 20 y 21 de septiembre de 2017 eran manifestaciones convocadas en favor del referéndum del 1 de octubre y no concentraciones destinadas a obstaculizar la actuación de comisiones judiciales”, en referencia a la protesta frente a la conselleria de Economía. Cabe recordar que esta es una de las cuestiones que tendrá que dirimir el Supremo, ya que la Fiscalía sostiene que la protesta forma parte de la rebelión, mientras que los líderes sociales la enmarcan en un mero ejercicio de los derechos de reunión y manifestación.
El Gobierno acusa a los redactores del informe de “no saber de qué delitos están acusados en España” Junqueras, Sànchez y Cuixart, si bien el informe sí precisa que se enfrentan al delito de rebelión y que la denuncia inicial contra los líderes de Òmnium y ANC en la Audiencia Nacional fue por sedición.
En este sentido, el informe, antes de presentar sus conclusiones, recoge tanto la denuncia presentada por los tres independentistas como las alegaciones presentadas por el Gobierno. El Gobierno contestó el 8 de agosto la denuncia presentada en febrero por los independentistas y recordó que en España “rige la separación de poderes”, por lo que en la decisión de enviar a prisión provisional a Junqueras, Sànchez y Cuixart intervino el Poder Judicial, no el Ejecutivo ni el Legislativo.
En base a la misma separación de poderes, el Gobierno alegó que las declaraciones de varios políticos tildando de golpistas a los líderes soberanistas no interferían en las decisiones de los tribunales. Asimismo, el Gobierno indicó a la ONU que las actuaciones judiciales “no pueden entenderse como una reacción a la aspiración política legítima de separación de Catalunya, sino exclusivamente como una medida judicial, por unos hechos concretos, llevados a cabo al margen del Estado de Derecho”.
Los expertos de la ONU, no obstante, no creen “convincentes” las alegaciones del Gobierno, y se decantan por las tesis de Junqueras, Sànchez y Cuixart. En su comunicado, el Gobierno afea en especial que el grupo de trabajo considere que el referéndum de autodeterminación “está permitido en España”, y que sostenga que los “procesos de participación ciudadana, sean por individuos o a través de organizaciones, son expresiones legítimas del ejercicio de la libertad de opinión y de expresión”.
La respuesta del Ejecutivo a estas valoraciones de la ONU es contundente: “Consideran que es legal en España la convocatoria de un referéndum de independencia de una parte del territorio, cuando es claramente contraria a la Constitución Española. No tienen en cuenta el principio de separación de poderes y la independencia judicial, llegando a pedir al gobierno de España que adopte medidas que sólo corresponden al Poder Judicial”.
“Dan por cierto –abunda el Gobierno– que en España se juzga a las personas por sus ideas, y no por sus actos, obviando que quienes en Cataluña tienen y expresan ideas independentistas no son perseguidos por la justicia”.
Según el comunicado, se “pone de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos de control internos para evitar su utilización con fines espurios” por parte de ese grupo de trabajo dependiente de Naciones Unidas. La responsable de España Global, Irene Lozano, ha asegurado que los autores del informe “están deslegitimando el trabajo de la ONU de proteger los Derechos Humanos” porque, según ha indicado a Europa Press, “son víctimas de la campaña de desinformación”.