El Gobierno encarrila el desmontaje de las reformas más polémicas del PP

Pedro Sánchez llega al ecuador de la legislatura convencido de que la agotará tras superar el primer trámite de los Presupuestos Generales del Estado. A ese debate, el Gobierno acudió con la herida de la bronca por la reforma laboral recién cerrada. Con los avances en esa negociación y los flecos que PSOE y Unidas Podemos han cerrado respecto a la 'ley mordaza', la coalición enfila el desmontaje del grueso de las reformas que el PP acometió en sus seis años en el poder. 

El acuerdo programático sellado por Sánchez y Pablo Iglesias en diciembre de 2019 contenía el concepto “derogación” para seis de las grandes reformas que impuso Mariano Rajoy. La primera a la que se puso fin fue a la LOMCE, después de quedar sus trabajos muy avanzados en el primer mandato de Sánchez tras la moción de censura. El Senado dio luz verde a la nueva normativa educativa a finales del año pasado y se empezó a implementar en el presente curso académico. 

La corrupción marcó el mandato de Rajoy hasta el punto de que fue desbancado de Moncloa por la sentencia que juzgó los hechos de la Gürtel cometidos entre 1999 y 2005 y cuya investigación se prolongó durante seis años. Fue el PP el que impuso una modificación legal para limitar a seis meses (prorrogables hasta un máximo de 18) el tiempo que podían durar las instrucciones judiciales. PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a eliminar ese tope. No obstante, no fue una derogación como tal: la modificación del artículo 324 de la ley de Enjuiciamiento Criminal estableció un límite de doce meses prorrogado de seis en seis de forma ilimitada. 

Otra de las imágenes habituales durante los primeros años del Gobierno del PP fueron las movilizaciones sociales. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsó una nueva ley de seguridad ciudadana que fue bautizada como 'ley mordaza'. Su aspecto más lesivo –las penas de cárcel para los piquetes en las huelgas– ya se ha eliminado. A pesar del compromiso inequívoco de los partidos que apoyan a la coalición, la derogación de esa normativa lleva meses bloqueada en el Congreso. A falta de un “texto definitivo” y de abordar el asunto con el PNV, PSOE y Unidas están ultimando un acuerdo para “avanzar en derechos de ciudadanía, haciéndolos compatibles con la preservación de la seguridad ciudadana, desde una perspectiva progresista”, según fuentes socialistas. Desde Unidas Podemos se apuesta por rebajar las sanciones económicas y sustituirlas por trabajo comunitario. Uno de los asuntos más polémicos, las devoluciones en caliente, se abordará en la ley de extranjería y no en la tramitación de la mordaza. 

La polémica de la reforma laboral

También encara la recta final la negociación de la reforma laboral tras una crisis en el seno de la coalición por lo que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, consideró una “injerencia” de Nadia Calviño en la negociación. El conflicto se saldó con un mecanismo de coordinación para preparar las reuniones con sindicatos y patronal. A pesar de que buena parte del problema se ha centrado en el debate semántico sobre el concepto “derogación”, lo cierto es que PSOE y Unidas Podemos ya renunciaron a cambiar algunos de los aspectos como los días de indemnización por despido. Lo que sí se eliminó ya fue el despido objetivo por bajas médicas. 

Los elementos que están ahora mismo sobre la mesa del diálogo social son los considerados “más lesivos” o “más urgentes” de la legislación de Rajoy, como se ha denominado a varias cuestiones relacionadas con la negociación colectiva. También se abordará la subcontratación o la temporalidad. Poco después de asumir la cartera de Trabajo, Díaz explicó que otras cuestiones se analizarían más adelante dentro de la elaboración del entonces llamado “Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI”. Será entonces cuando se aborden las causas de despido, ampliadas con la reforma laboral del PP, que acabó con la autorización administrativa previa en el caso de los despidos colectivos y que también ha estado en la agenda de la coalición, informa Laura Olías.

El Gobierno recuperó la revalorización por ley de las pensiones conforme al IPC que había retirado el PP en el marco del primer bloque del sistema de pensiones acordado con patronal y sindicatos. El paquete de medidas, que está en tramitación parlamentaria, incluía incentivos para atrasar la edad de jubilación o la derogación del factor de sostenibilidad que incluyó Rajoy, aunque nunca llegó a aplicarse. El Gobierno está afrontando ahora la segunda fase de negociación del sistema, que también debe estar vigente cuando empiece 2022, de acuerdo a lo pactado con Bruselas y entre las medidas que se abordan con sindicatos y empresarios está el periodo de cómputo las pensiones. 

Algunas de las promesas para acabar con medidas impuestas por el PP se han cumplido parcialmente. El acuerdo programático de la coalición se comprometía a “la eliminación progresiva de los copagos introducidos en 2012 a lo largo de la legislatura”. Algunos de los copagos se han eliminado –por ejemplo, para los pensionistas con las rentas más bajas o para los menores de edad con más de un 33% de discapacidad–. La otra pata era impedir la imposición de nuevos copagos. Tanto Salvador Illa como Carolina Darias han asegurado que se establecerá en la Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. 

El reto de una nueva ley del aborto

En ese anteproyecto, que ha pasado por la comisión de secretarios y subsecretarios –el paso previo a que vaya al Consejo de Ministros–, también se iba a incluir la recuperación de la sanidad universal que dilapidó el PP. Nada más llegar a Moncloa en 2018, Sánchez aprobó un decreto ley en el que revirtió parte del recorte devolviendo la sanidad pública a las personas sin papeles, pero la normativa con la que se hizo dejó una serie de grietas que son las que ahora se tendrán que subsanar, informa Gabriela Sánchez. Unidas Podemos ha mostrado su rechazo al borrador porque considera que mantiene los elementos privatizadores que impuso la ley de José María Aznar. 

El Ministerio de Igualdad ha sacado ya a consulta pública el proyecto con el que pretende recuperar el derecho al aborto de las mujeres de 16 y 17 años sin que sea necesario el consentimiento paterno, que fue una limitación que impuso el PP. Sanidad, por su parte, acaba de recuperar la reproducción asistida en la sanidad pública para mujeres lesbianas y sin pareja que se eliminó en 2014. La orden firmada por la ministra de Sanidad, Carolina Darías, incluye también a las personas trans.

También para final de año pretende el Ministerio de Política Territorial tener listo el texto con el que poner fin a la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que aprobó el PP en 2013 y que es una reclamación generalizada de los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La iniciativa pretende, entre otras cuestiones, conceder a los municipios “la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos (sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica) y de disponer de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado”, según figura en el acuerdo programático. No obstante, algunas fuentes socialistas apuntan a que no ha habido todavía grandes avances en la negociación con los ayuntamientos.

La que está olvidada es la recuperación de la justicia universal que el PP dilapidó con su mayoría absoluta en un debate parlamentario que apenas duró dos horas. El acuerdo de la coalición contempla una modificación legislativa de aquella que se tramitó en 2014 y que el Gobierno ha llegado a esgrimir ante Estrasburgo para evitar la investigación del crimen que acabó con la vida del cámara de Telecinco José Couso en Irak.

Durante el mandato en solitario del PSOE, el Ministerio de Justicia, pilotado entonces por Dolores Delgado, encargó un informe a un comité de expertos, pero renunció a seguir sus recomendaciones. El informe de rendición de cuentas que semestralmente presenta Moncloa con el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo -y que ascendía a más de un tercio en su última presentación a finales de julio- admitía que no se han iniciado trámites para avanzar en la recuperación de la justicia universal.