El Gobierno exige al PP que renueve el Tribunal de Cuentas ahora que el mandato de sus miembros está a punto de expirar ya que vence el 21 de julio. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha pedido a Pablo Casado que “deje de poner excusas” para bloquear la renovación de órganos constitucionales, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, que están operando con sus mandatos caducados y a los que amenaza con incluir al órgano fiscalizador. “A criterio del Gobierno no es de recibo, es una actitud tremendamente antidemocrática, no cumplir con el mandato constitucional y poner obstáculos o directamente boicotear la renovación de los órganos constitucionales con la única motivación de que cree que tiene una mejor mayoría si no procede a su renovación”, ha respondido Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ante las preguntas sobre qué pretende hacer el Ejecutivo dado que la Generalitat exige a Pedro Sánchez que actúe ante las causas abiertas contra líderes independentistas por el procés.
En Moncloa reconocen que tienen poco margen dado que se trata de una institución administrativa que no depende del Gobierno, pero el mensaje de Montero ha sido claro al responder dirigiéndose directamente al PP, que ya adelanta que no tiene ninguna intención de proceder al nombramiento de nuevos consejeros una vez que el mandato de los actuales caduque el 21 de julio tras nueve años de duración, que es lo que establece la normativa. Montero ha acusado a Casado de buscar “excusas”, como los indultos, la relación con el independentismo o la propia “legitimidad del Gobierno, para negarse a renovar esos órganos cuando, a su juicio, ”las razones que le asisten es porque considera que las mayorías que existen benefician al PP“.
“El Tribunal de Cuentas es la china en el zapato de Sánchez y los independentistas”, dice el PP en su argumentario interno: “El hecho de que siga adelante el proceso por malversación incomoda a los indultados y, por tanto, incomoda a un Sánchez que actúa como abogado defensor y que quiere liquidar cualquier problema judicial que les afecte”. “El perdón que quiere otorgar Sánchez va más allá del delito de sedición, también quiere perdonarlos por los más de 5 millones de dinero público que malversaron. Por eso le han entrado las prisas por renovar a los miembros del Tribunal de Cuentas”, señala Génova en sus consignas, obviando que el mandato estipulado por ley termina el 21 de julio dado que fue ese día de 2012 cuando se publicó en el BOE la designación de los consejeros. “No renovaremos ningún órgano judicial sin que venga acompañado de un reforzamiento de su independencia”, zanjan los conservadores.
La portavoz del Ejecutivo no ha descartado que se pongan en marcha mecanismos, como el cambio de la ley para rebajar la mayoría de tres quintos que se requiere para elegir a los consejeros del Tribunal de Cuentas, aunque ha apostado por “esperar al momento en que cumplen los mandatos”. “Creemos que tiene que haber oportunidad para que rectifiquen quienes están de forma indebida desarrollando un veto que no corresponde sobre los órganos constitucionales”, ha expresado Montero, que ha reconocido que no sabe hasta “dónde llega esa voluntad” del PP de bloquear las instituciones. Sin embargo, otras fuentes del Gobierno rechazan rotundamente esa opción que ya se planteó con el Poder Judicial como método de presión al PP y finalmente se retiró dado que generaba mucha polémica.
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado que la Abogacía del Estado no actúa en este momento del proceso que afecta a 41 cargos independentistas. “El funcionamiento del Tribunal de Cuentas, lo que dice la doctrina y lo que se hace cada día es que una vez la liquidación provisional la Abogacía no presenta demanda, es lo que se hace”, ha afirmado. Sánchez aseguró este lunes que no dará ninguna instrucción a la Abogacía del Estado en este asunto y lo que reiteran desde el Ejecutivo es que el Tribunal de Cuentas es un organismo administrativo y que, contra sus resoluciones, cabe recurrir a la vía judicial.