El Gobierno se compromete a impulsar reformas legales para desjudicializar el conflicto catalán antes de final de año

Tercera reunión de la mesa de diálogo en lo que va de legislatura y primera en la que Gobierno y Generalitat salen con acuerdos. Las delegaciones han sellado sendos entendimientos en materia de desjudicialización de la política y de protección de la lengua catalana. Así lo ha anunciado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una rueda de prensa en la que ha asegurado que esta reunión ha servido para “dar un paso adelante más” en la normalización de las relaciones entre Catalunya y el resto de España.

“Recogemos acuerdos específicos”, ha expresado Bolaños, que los ha denominado “dos acuerdos muy importantes”: “uno para superar la judicialización y reforzar las garantías del diálogo” y otro para “la protección e impulso de la lengua catalana”. “Son acuerdos que dan respuesta a una mayoría amplia, transversal, de la sociedad catalana, que deja atrás los bloques que parecían hace poco tiempo irreconciliables. Hoy abandonamos los monólogos”, ha comenzado Bolaños.

Por su parte, desde la parte de la Generalitat, la consellera Laura Vilagrà ha destacado un compromiso de ambos gobiernos para “impulsar las reformas legislativas que hagan falta para hacer efectivo el fin de la judicialización”, que según ha dicho la consellera debe hacer efectivo “antes de fin de año”. En el ámbito de las reformas legislativas, el Govern tiene una larga lista de peticiones, entre ellas delitos como el de sedición y rebelión, pero también otras cuestiones incluidas en el llamado “informe Cilevics”.

Ambos gobiernos hacen suya “la apuesta por avances paulatinos y concretos sobre la base de acuerdos públicos que sean representativos de una mayoría amplia y transversal en el ámbito social y parlamentario”, afirma el documento pactado. También apunta que estos avances “se deben concretar en reformas legislativas, normativas, reglamentarias o de cualquier otra índole para superar la judicialización y sus efectos”. En la misma línea, ambos gobiernos asegura que esas reformas legislativas, de acordarse, se aprobarían “antes de finalizar el próximo periodo de sesiones”.

El documento, pese a lo anterior, es explícito en cuanto a la complejidad de pactar las reformas concretas a las que se refieren, una materia que será objeto de discusión en las próximas reuniones. “El Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya reconocen las dificultades para acordar la vía óptima para hacer efectiva la desjudicialización”, indican en el texto.

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Con todo, según ha adelantado Bolaños, el acuerdo no incluye ninguna concreción para reformas legales que puedan allanar el camino de los dirigentes independentistas, como pretende ERC. “La apuesta del Gobierno de España y de la Generalitat de Catalunya por la desjudicialización es apostar por la política en el marco democrático”, ha señalado el ministro, que dejado para más adelante futuros acuerdos en esa dirección: “La eventual mejora del marco normativo se ha de producir a través del diálogo, a través del acuerdo y de los procedimientos de reforma que ya están establecidos”. En esos acuerdos incluye la reforma del Código Penal para modificar lo relativo a la rebelión y la sedición. Bolaños sostiene que la intención de Pedro Sánchez es “armonizar” la legislación a la de otros países europeos, pero ha asegurado que no se da “una mayoría parlamentaria suficiente para abordar” ese asunto.

Bolaños ha presentado ese primer entendimiento con un conjunto de generalidades que ha resumido bajo el paraguas de “tres principios” que pasan por que la política debe “llevarse a cabo dentro del orden democrático vigente”, que los acuerdos tienen que ser “representativos de mayorías amplias y transversales de la sociedad catalana”, y que “las instituciones públicas han de preservar el interés general y adoptar las máximas garantías, especialmente cuando sus actuaciones afecten al patrimonio o a la situación de personas”. “Nos hemos comprometido a seguir dialogando”, ha zanjado.

Por su parte, la delegación catalana ha destacado la importancia de haber llegado a acuerdos parciales por primera vez, tras varias citas sin haber consensuado documentos. “La mesa de diálogo y negociación tiene el objetivo de construir unos primeros acuerdos, aunque parciales, como un paso previo para poder hacer frente a la resolución del conflicto político de fondo”, ha asegurado Vilagrà. “Hemos explicado muchas veces que ha habido un proceso de judicialización con muchos efectos: prisión, exilio, multas, inhabilitaciones… la represión enquista, aleja las posiciones y hace más difícil el conflicto”, ha resumido la consellera.

Acuerdo sobre el catalán

El segundo de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la Generalitat tiene que ver con la “protección y fomento” de la lengua catalana. La principal cuestión en este ámbito es que el Gobierno haya reafirmado su apoyo al nuevo marco normativo aprobado por el Parlament para flexibilizar los usos lingüísticos en la escuela y evitar así que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya pueda imponer un porcentaje fijo del 25% de castellano a todos los centros. Esta ley, que fue aprobada con el apoyo del 78% del pleno de la Cámara catalana y los votos del PSC, no será recurrida por el Ejecutivo ante el Constitucional, aunque podría acabar allí si así lo decide el propio tribunal. En ese escenario, el Govern cree que acudir con el pronunciamiento favorable del Gobierno podría ser crucial.

Diferente es la situación del decreto aprobado por el Govern como refuerzo a la ley anterior, y en el que el PSC ya no participó. Esta otra norma va un paso más allá y rechaza de forma directa que el Tirbunal pueda imponer porcentajes lingüísticos a las escuelas. Un precepto que el Gobierno rechaza hasta el punto que el Ministerio de Educación ha pedido a la Abogacía del Estado que eleve una cuestión sobre este decreto al Constitucional.

También son “tres líneas estratégicas” las que fundamentan el acuerdo en materia lingüística. “Reafirmamos nuestro compromiso con el pleno dominio oral y escrito con el catalán y el castellano de todos los estudiantes”, ha comenzado Bolaños. “También reconocemos la autonomía de cada centro educativo para reforzar una lengua u otra lengua en función de cuál sea la realidad social y lingüística de su entorno”, ha dicho el ministro, subrayando una de las disposiciones concretas de la ley sobre usos lingüísticos del Parlament.

“Vamos a favorecer es una perspectiva lingüística de las políticas de la legislación y de las instituciones, y por eso vamos a incorporar la realidad lingüística a los proyectos legislativos, recabando la asistencia de universidades y de centros de investigación de Catalunya, para que participen en los procesos de elaboración legislativa”, ha explicado Bolaños. “Vamos a garantizar también el derecho de todos los ciudadanos a ser atendidos en la lengua oficial de su elección, especialmente en las comunicaciones orales y escritas ante la Administración Pública”, ha agregado antes de anunciar el impulso a una revisión del Reglamento del Senado para que se amplíen los supuestos en los que los parlamentarios pueden usar las lenguas cooficiales.

En ese sentido, se solicitará al Parlamento Europeo que el catalán pueda ser considerada “lengua de uso en el Pleno”, aunque su aprobación corresponde a la Eurocámara. “También vamos a facilitar la presencia de representantes de la Generalitat o su integración en la delegación española en todos aquellos foros internacionales donde se traten políticas con una dimensión lingüística”, ha agregado Bolaños, que ha asegurado que este acuerdo para la “protección e impulso del catalán es plenamente extensible al euskera, al gallego o a cualquier otra lengua cooficial en España, si así lo solicitan los gobiernos de esas comunidades autónomas que tengan lenguas oficiales”. 

“Siempre en esta mesa tenemos la tentación de poner el acento en todo lo que nos separa, pero yo hoy quiero poner el acento en que cada vez hay más cosas que nos unen. En cuatro años de diálogo hemos avanzado más y hemos hecho mucho más que en tres legislaturas de enfrentamiento y de inmovilismo”, ha defendido el socialista antes de enviar un recado al Govern: “Es imprescindible el diálogo entre gobiernos y por eso también es imprescindible el diálogo entre catalanes. Del Gobierno de Catalunya con el resto de las fuerzas políticas catalanas, donde también hay posiciones políticas diferentes”.

Las delegaciones de Gobierno y Generalitat, compuestas por los ministros Félix Bolaños, Yolanda Díaz, Isabel Rodríguez y Miquel Iceta, y Laura Vilagrà, Roger Torrent, Joan Ignasi Elena, y Natàlia Garriga, respectivamente, se han reunido durante una hora y 45 minutos en la sede del Ministerio de Presidencia en el complejo de la Moncloa.

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