Pedro Sánchez está determinado a sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos, aunque abrió la puerta a que sea más tarde de lo previsto por el Gobierno y que la exhumación se retrase a principios de 2019. Además, el Ejecutivo sostiene que no permitirá que el dictador sea enterrado en la cripta de la catedral de la Almudena, aunque no desvela su fórmula.
“El Gobierno ”habilitará los recursos y el procedimiento que estime oportuno para evitarlo; ustedes lo conocerán en tiempo y forma“, ha respondido la portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celaá, este jueves. Con esa afirmación, el Ejecutivo se muestra abierto a ir más allá de la tramitación parlamentaria de la modificación de la ley de memoria histórica con la que los socialistas amenazan, en el trámite de enmiendas, con cerrar la cripta de la catedral si Franco es inhumado allí, como quiere la familia y la Iglesia no está dispuesta a impedir.
La vía parlamentaria es compleja para los planes de Sánchez ya que PP y Ciudadanos tienen la mayoría en la Mesa del Congreso, con la que pueden bloquear “hasta el infinito” -como ha reconocido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero- las propuestas de los grupos y su tramitación. Por el momento los de Pablo Casado y Albert Rivera pidieron una semana más de plazo para la presentación de las enmiendas al decreto de modificación de la ley de memoria histórica con la que el Gobierno inició el procedimiento para exhumar a Franco.
Celaá ha reconocido que pretenden que la exhumación del dictador sea “coherente” en el tiempo, es decir, que no salgan los restos del Valle de los Caídos sin tener un lugar en el que ser enterrados de nuevo. “Creemos que es una cuestión que llegará a ajustarse a la otra”, ha expresado Celaá sobre la inhumación y ha dejado claro que “el año 2019 arrancará sin contar España con un dictador que pueda ser enaltecido” en el Valle de los Caídos.
“El Gobierno no va a permitir que un dictador siga ocupando un lugar público que se preste al enaltecimiento y eso con la ley en la mano y con todas las declaraciones del Parlamento Europeo y con toda la legislación española”, ha sentenciado la portavoz.
El Ejecutivo ha aprobado este viernes el siguiente paso del procedimiento administrativo para la exhumación: la petición de sendos informes a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para los que dan un plazo de un mes. A partir de ese momento, se abrirá un periodo de 10 días para que los nietos y los benedictinos, las partes “implicadas”, puedan presentar nuevas alegaciones.