El Gobierno inicia la regulación para repartir instituciones públicas a comunidades y ayuntamientos

El Gobierno ha comenzado a regular el reparto de instituciones públicas a comunidades y ayuntamientos. Pedro Sánchez ya había anunciado la intención del Gobierno descentralizar la administración del Estado, con inauguraciones de organismos en distintos puntos de España, y ahora el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para regular que el proceso de desconcentración se haga con “criterios objetivos y transparentes”.

“Se da la paradoja de que nuestro país ha avanzado mucho en descentralización política, con las autonomías, pero el Estado ha dejado concentradas buena parte de las estructuras administrativas”, ha sostenido la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, tras la reunión de los ministros.

La propuesta de la cartera de Política Territorial, que tendrá que desarrollarse después en un real decreto, es que sean las comunidades y los ayuntamientos los que propongan las localidades que albergarán las nuevas sedes. “Cualquier comunidad o ciudad autónoma, diputación provincial, cabildo, consejo insular o ayuntamiento podrá postular una localidad y ofrecer cesión de bienes inmuebles y asunción parcial o total del coste financiero”, explica Moncloa en un comunicado.

Para regular todo el proceso, el Ministerio de Política Territorial pondrá en marcha una comisión consultiva que asesorará al Consejo de Ministros a la hora de aprobar definitivamente qué localidad asumirá la determinada sede. Esta decisión se hará en base a criterios como el nivel de desempleo del municipio, la conexión con el ámbito de actuación de la entidad, el mercado de vivienda o el número de instituciones públicas estatales ya presentes en la región.

El Gobierno argumenta la decisión de descentralizar las instituciones del Estado en que estos organismos “ejercen un papel extremadamente beneficioso en los entornos en los que se ubican”. “Además de contribuir a la creación de empleos directos e indirectos, facilitan la participación ciudadana en la toma de decisiones y fortalecen la conexión de la institución con el sector con el que se relaciona”, señala el Ejecutivo.

“Estamos inmersos en un proceso de modernización del país y queremos que la recuperación justa sea justa también con los territorios”, ha defendido Rodríguez. “La Administración General del Estado es un agente esencial para la vertebración del territorio. Vamos a lograr revitalizar áreas despobladas o en declive, avanzar en cohesión territorial para avanzar en cohesión social”, ha añadido.

Una promesa de Gobierno

Sánchez ya había anunciado su intención de acometer esta descentralización. Lo hizo en septiembre, en un acto en Cantabria. “Hay que hacer de ello una política de Estado”, dijo el presidente del Gobierno, que desde entonces ha aprovechado diferentes desplazamientos por España para hacer anuncios o inauguraciones.

Por ejemplo, en Benidorm (Alicante), donde avanzó que la ciudad albergaría una plataforma inteligente de destinos turísticos, o en Soria, donde durante el congreso del PSOE de Castilla y León comunicó que la ciudad acogería el primer Centro Nacional de Fotografía, y Segovia, el Centro de Innovación y Tecnificación de Alto Rendimiento de la Formación Profesional. 

La mayoría de esos organismos serán de nueva creación, a excepción del Centro de Datos de la Seguridad Social que actualmente está en la capital y se trasladará a Soria a partir de 2024. Fuentes gubernamentales calculan que creará empleo para 60 personas y que supondrá un coste de 60 millones de euros, aunque se rebajará en un 60% el gasto anual en refrigeración por las condiciones meteorológicas suponiendo un “ahorro energético”.