El Gobierno mantiene su intención de que el estado de alarma se prorrogue seis meses, hasta el 9 de mayo, a pesar de que PP, ERC y Ciudadanos han apostado por recortar esa duración. Pablo Casado ha condicionado su apoyo a que se prolongue tan solo ocho semanas para salvar la campaña de Navidad. “El tiempo de seis meses tiene unos criterios objetivos, razonables, basados en la opinión de las personas expertas. Es el plazo que el Gobierno pone sobre la mesa”, ha expresado la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Esa será la propuesta que aprobará este martes el Consejo de Ministros, según ha afirmado Darias, y que planteará al Congreso, que tiene la última palabra.
“El presidente ayer fue tremendamente claro, diáfano, cristalino. Lo fijó en seis meses si así lo aprueba el Congreso. Este plazo de seis meses obedece a una serie de razones, a una serie de criterios”, ha dicho Darias, que sostiene que es el periodo que recomiendan los expertos: “Es el tiempo que estiman las personas expertas para superar no solo la segunda ola sino la etapa más dañina”. El Gobierno sostiene que “el plazo no es inamovible pero la movilidad del plazo va a depender de la evolución de la pandemia”. “Si los datos sanitarios mejoran ostensiblemente va a durar el tiempo estrictamente necesario. Va a depender de la evolución de la pandemia”, ha rematado Darias. La ministra ha pedido, además, a Casado que “abandone sus condiciones” y las “sustituya por las condiciones de los expertos y de la ciencia”.
Darias ha insistido en que los partidos abandonen las “condiciones”. Frente a la rotundidad en la negativa a acortar los plazos del estado de alarma, no lo ha sido tanto con el planteamiento de Inés Arrimadas de que sea Pedro Sánchez y no el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el que comparezca quincenalmente en el Congreso para rendir cuentas sobre la situación. La ministra ha pedido a los políticos aparquen el “partidismo”, que sean “capaces de elevarse” respecto a “los propios partidos”. “El Gobierno decidirá quién comparece, y quien lo haga lo hará bien”, ha sentenciado.
No obstante, la prórroga de medio año que pretende llevar a cabo el Ejecutivo aprovechando la coyuntura de que son las comunidades las que han reclamado la activación del estado de alarma -y que al fin y al cabo tienen flexibilidad total para aplicar o no las medidas que recoge el estado de alarma para dotarlas de cobertura legal para implantar restricciones- no convence tampoco a los socios parlamentarios del Gobierno. ERC considera que es un plazo “abusivo” y tratará de negociar con PSOE y Unidas Podemos la duración antes de decidir el sentido del voto el Congreso. Los grupos parlamentarios pueden presentar propuestas de resolución -enmiendas- que modifiquen el texto de la prórroga del estado de alarma que plantea el Ejecutivo. JxCat tampoco ve bien que se amplíe directamente el plazo seis meses sin control parlamentario y tratará de negociar, pero aún no ha decidido el sentido del voto. Los que sí han anunciado el apoyo son los cuatro diputados del PDeCAT. Por su parte, el PNV también ha mostrado la intención de secundar la propuesta del Gobierno. EH Bildu aún no ha anunciado el sentido de su voto.
“El plazo va a estar condicionado a la evolución de la pandemia”
Darias se ha pronunciado así al terminar la conferencia de presidentes en la que ha participado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen. En el encuentro, la mayoría de líderes autonómicos han reivindicado su capacidad de gestión de los fondos europeos -que ascenderán a unos 140.000 millones de euros- que llegarán en los próximos meses. El Gobierno aprobará este martes los Presupuestos Generales del Estado para 2021 que ya incorporan 27.000 millones. La ministra de Política Territorial ha insistido, además, en que la pretensión del Gobierno es invertir primero los 72.000 millones de transferencias directas, aunque no renuncia a solicitar el resto, que será a través de préstamos.
Sánchez, por su parte, ha asegurado en su intervención que las autonomías que más del 50% de los proyectos del Plan de Recuperación los ejecutarán directamente las comunidades en el marco de sus competencias (vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo o medioambiente). Para ello tendrán que presentar proyectos para cuya ejecución se acordarán los correspondientes convenios entre los ministerios implicados y las comunidades autónomas.
La nota más disonante en este encuentro la ha puesto el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha iniciado su intervención en inglés para lamentar ante Von der Layen la ausencia de Quim Torra al haber sido “injustamente” apartado de su cargo “por haber pedido la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados”. El líder republicano ha reclamado que los ciudadanos catalanes puedan votar para decidir “su futuro”. “Catalunya es un país europeo, profundamente comprometido con el proyecto de la UE y nuestra aspiración es poder participar en él con nuestra propia voz, como todos los estados miembros”, ha zanjado.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha comenzado su intervención respondiendo a Aragonès. “Yo me voy a dirigir en español, aunque realmente en Europa se utiliza el inglés, que es el idioma de un país que se quiere ir de Europa. El español lo hablan 200.000.000 más de habitantes en el planeta”, ha reivindicado.
En la rueda de prensa posterior a la conferencia de presidentes, Darias ha evitado pronunciarse sobre las palabras de Aragonès. “Me quiero quedar con el acuerdo el consenso y las ganas de ponerlo en marcha”, ha dicho sobre el plan de recuperación, que es sobre lo que versaba la reunión. También ha mostrado la determinación del Ejecutivo a “buscar un mínimo entendimiento”. “Este Gobierno lo va a seguir buscando, a pesar de las diferencias .”El Gobierno siempre va a estar para buscar el entendimiento con las comunidades“, ha zanjado.