El Gobierno propone medidas anticorrupción con los ojos puestos en el PSOE

Como respuesta a la corrupción derivada del caso Bárcenas, el Gobierno ha dado a conocer nuevas medidas para atajarla. Pero lo ha hecho con los ojos puestos en el principal partido de la oposición, el PSOE. La única nueva medida anunciada por la vicepresidenta en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ha sido la prohibición de que las entidades de crédito perdonen total o parcialmente las deudas de los partidos políticos. La medida afectaría al PSOE ya que en el pasado, el Tribunal de Cuentas detectó falta de claridad en cuanto a los préstamos recibidos en los últimos años y su negociación para poder pagarlos.

Los socialistas negaron haber sido agraciados en 2006 con el perdón de varios millones por parte de bancos y cajas correspondientes a deudas arrastradas desde 20 años atrás. Pero Ferraz sí admitió una renegociación con las entidades para pagar las deudas más cómodamente aunque sin dar detalles sobre los intereses. Otras formaciones, como el PSC o ERC también alcanzaron en el pasado acuerdos con La Caixa para que se les redujeran parcialmente sus deudas. La entidad admitió que era una “práctica habitual”. Según el PSC, al PP también se le perdonaron tres millones en esa época.

Esta posibilidad no estuvo regulada hasta que se incluyó en la Ley de Financiación de Partidos de 2007. A partir de ahora, dejará de ser legal. Según el Tribunal de Cuentas, los partidos debían a bancos y cajas en 2011 más de 275 millones y la mayoría estaba en una situación de quiebra técnica.

Además de esta iniciativa, Soraya Sáenz de Santamaría ha confirmado que también quedarán prohibidas las donaciones de personas físicas superiores a los 100.000 euros, como se anunció hace una semana. Las fundaciones afines a los partidos quedan fuera de esta prohibición. Según la vicepresidenta, las fundaciones deben tener otro trato “porque no son monolíticas y a través de sus patronatos pueden participar distintas entidades”.

En otro anteproyecto presentado, el Ejecutivo regulará el régimen de los altos cargos de la Administración y endurecerá los requisitos de idoneidad. La principal novedad es que no podrán serlo los condenados en sentencia firme, los que hayan sido inhabilitados o suspendidos anteriormente ni los condenados por delitos de terrorismo “mientras no se cancelen los antecedentes penales”. La medida tiene de entrada un obvio destinatario: Arnaldo Otegi.

El anteproyecto de ley orgánica sobre la actividad económica y financiera de las formaciones políticas sí permitirá que los partidos sigan renegociando lo que deben a bancos y cajas pero pondrá coto al trato de favor. Sáenz de Santamaría ha explicado que la propuesta del Gobierno es que los nuevos tipos de interés aplicados no podrán estar por debajo de los precios del mercado y que si se detecta con posterioridad alguna donación indebida “tendrán que devolverse o ingresarse en el Tesoro”.

Todas estas propuestas tienen que ser negociadas con el resto de formaciones en el Congreso para que aporten sus enmiendas. Hasta ahora no han prosperado los primeros contactos, ya que el PSOE y otras formaciones de izquierda exigen al Gobierno que dé ejemplo de su buena voluntad con la comparecencia de Mariano Rajoy para que explique el caso Bárcenas y la financiación ilegal que apunta al PP.