El Gobierno ha mostrado su disconformidad con la propuesta del PSOE para reformar la Ley de Memoria Histórica al estimar que supondría un aumento de los créditos presupuestarios de más de 213 millones de euros, según precisa en el escrito remitido al Congreso a última hora del miércoles, cuando terminaba el plazo para que se pronunciara.
La iniciativa de los socialistas persigue que el Estado asuma la localización, identificación y exhumación de los restos de más de 100.000 personas represaliadas durante la Guerra Civil y el franquismo que se calcula que siguen enterradas en fosas comunes y cunetas.
Otras de las cuestiones que plantea la propuesta de modificación de la ley de memoria histórica es crear una comisión de la verdad, un banco público de ADN para facilitar las localizaciones, la retirada de la simbología franquista que aún perdura, así como la nulidad de las resoluciones de los tribunales “ilegítimos” franquistas. Asimismo, se quiere retirar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Una delegación de la dirección socialista se trasladó al lugar el miércoles, día que vencía el plazo del Gobierno para oponerse a la tramitación de la iniciativa.
Tras el veto, será la Mesa del Congreso el órgano encargado de decidir sobre la tramitación de la propuesta socialista. Los socialistas temen que Ciudadanos apoye el veto del Gobierno.