El Gobierno pedirá al Constitucional la suspensión de la ley andaluza que amplía los regadíos de Doñana

Los planes del Gobierno del PP de la Junta de Andalucía para ampliar la superficie regable de Doñana en contra de todos los informes técnicos y del criterio de la Unión Europea provoca ya un choque frontal entre administraciones. Después de que la mayoría parlamentaria de PP y Vox haya aprobado este miércoles iniciar la tramitación de urgencia de la proposición de ley que regularizará los regadíos junto al Parque Natural en plena sequía, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha salido en tromba a criticar los planes del presidente Juan Manuel Moreno y a advertirle de que pondrán la maquinaria administrativa en marcha para paralizar la norma.

“Si la ley sale adelante, el Gobierno presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, un recurso que es suspensivo. Y se estudiarán todas las vías para frenar esta norma”, confirman fuentes del Ministerio de Transición Ecológica. Desde el departamento de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, recalcan que “el Gobierno protegerá Doñana y hará todo lo que se tenga que hacer para salvar el humedal más emblemático de Europa” y alertan además de que “el desafío a Europa que está haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía va a provocar que España tenga que pagar multas millonarias coercitivas cada tres meses, cuando nos condene el Tribunal de la UE”.  

Durante un acto electoral del PSOE en Burgos este miércoles, el presidente del Gobierno se ha referido a la decisión de la Junta advirtiendo también de que ni su Ejecutivo ni la Unión Europea permitirán ataques al Parque Natural. “Doñana no se toca”, ha dicho. Pedro Sánchez ha criticado que en Castilla y León haya “un Gobierno que niega el cambio climático” y en Andalucía “hay otro gobierno que actúa como si no existiera. Gobiernan contra la ciencia, contra el interés de su propio territorio y contra la legislación europea”, ha dicho del PP.

La vicepresidenta Ribera también se dirigía este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía en unos términos muy duros durante una entrevista en laSexta. “Desde su arrogancia de señorito hace un daño inmenso a Andalucía y a Doñana”, dijo la ministra, que llegó a señalar que Juan Manuel Moreno “no actúa por ignorancia, sino por mala fe”.

El paso dado por el Gobierno del PP en Andalucía con el apoyo de Vox en contra de las directrices europeas se percibe incluso en el Ejecutivo central como una amenaza cierta para el futuro de los fondos europeos. “Coloca a España ante el peligro de que nos suceda como a Hungría, Polonia o Italia: la Comisión Europea podría llegar a congelar los fondos europeos porque considere que existe un incumplimiento de la legalidad europea y un desafío a las leyes comunitarias”, afirman fuentes de Transición Ecológica.

También desde Transición Ecológica se señala al Ejecutivo andaluz por “utilizar Doñana como una mera mercancía”. “Lo que están haciendo condenará Doñana, tendrá un coste enorme de credibilidad para España y frustrará el futuro económico de la agricultura en los pueblos de la comarca”, añaden.

Más allá de las consecuencias medioambientales de una decisión que supone en la práctica regularizar regadíos que hasta ahora eran ilegales en un entorno natural con la reserva hídrica más baja de España (25,6% en el Guadalquivir), desde el Gobierno de Pedro Sánchez dan la voz de alarma respecto al coste económico de la medida. “¿Qué dirá Juan Manuel Moreno Bonilla a los agricultores cuando las cadenas de distribución de toda Europa cuestionen el origen de las fresas de Huelva y duden si seguir comprando o no esas fresas y frutos rojos del entorno de Doñana, porque ya no sabrán si son legales o ilegales?”, se preguntan en el equipo de Teresa Ribera.

La mayoría de las parcelas que van a beneficiarse de la recalificación como suelos regables llevan años siendo cultivadas por sus propietarios con agua esquilmada del sobreexplotado acuífero de Doñana, la laguna de 1.500 kilómetros cuadrados de la reserva natural. La proposición de ley ha llegado a la Cámara andaluza con un informe contrario de sus servicios jurídicos, con el rechazo frontal de la comunidad científica, el CSIC, el director del Consejo de Participación de Doñana, las asociaciones ecologistas, el Gobierno central y la Comisión Europea, informa Daniel Cela.