El Gobierno pide al PP que condene el acoso a las sedes del PSOE: “Es atentar contra la democracia”
El Gobierno exige al líder del PP que condene de manera rotunda el acoso a las sedes del PSOE de concentraciones de extrema derecha no autorizadas y que han provocado disturbios en las últimas horas. “Para aquellos que se les llena la boca de hablar de constitucionalismo: la Constitución Española otorga un papel fundamental a los partidos políticos en democracia. Atentar contra los partidos políticos es atentar contra la democracia”, ha dicho la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Isabel Rodríguez ha lamentado que Alberto Núñez Feijóo y los populares no se hayan mostrado abiertamente en contra de esos actos. “La actitud del PP, bajo nuestra punto de vista, tendría que ser muy distinta. Creemos que el PP y Feijóo tendrían que estar condenando con rotundidad este ataque a un partido político. Entendemos que tendrían que estar rechazando las consignas y los símbolos de estas manifestaciones. Pedimos al PP y a Feijóo que acepten de una vez por todas las reglas de la democracia y el resultado de las elecciones”, ha dicho.
La ministra portavoz ha esquivado la pregunta de los periodistas sobre la maniobra del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, para irrumpir en las negociaciones de la investidura al investigar al expresident Carles Puigdemont y a Marta Rovira, la secretaria general de ERC, por presuntos delitos vinculados con terrorismo. “No debo emitir opinión política sobre decisiones judiciales. Ahí están los hechos para que los puedan analizar ustedes: es una causa que se lleva instruyendo cuatro años y hay opiniones distintas, como la de la Fiscalía. Se trata de una decisión jurídica que, como todas, son respetadas por el gobierno de España”, ha respondido.
Sí ha sido más explícita en su crítica respecto al pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial contra la ley de amnistía a iniciativa del sector conservador. “No deja de ser inaudito que un órgano con personas de esas trayectorias jurídicas emita un pronunciamiento sobre una norma que no existe, de la que se desconoce su contenido. Se califica por sí mimo. Hubiera estado bien que hubieran actuado con la misma celeridad sobre algo que les afecta directamente: su mandato caducado”, ha criticado.
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