Desde que las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) saltaron por los aires en tiempos de Pablo Casado, el bloqueo al que tiene sometido el PP al órgano de gobierno de los jueces ha sido un reproche constante desde el Gobierno. Salvo este jueves. Pedro Sánchez sorteó el asunto en la intervención inicial de su comparecencia en el Congreso en el que no escatimó reproches al principal partido de la oposición sobre su posición respecto a las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno para encarar la crisis energética. La corrupción fue otro de los temas que se echaron en cara mutuamente PSOE y PP.
En Moncloa no preveían cuando solicitaron la comparecencia del presidente para este jueves que habría un acercamiento con Alberto Núñez Feijóo para renovar el Poder Judicial, una vez se consumó la renuncia de su presidente, Carlos Lesmes. El asunto que planea en todas las conversaciones políticas –desde el patio del Congreso hasta los corrillos del Día de la Hispanidad en el Palacio Real– estuvo prácticamente desaparecido en las cerca de siete horas que duró el debate. “Estamos mucho peor en lo político. La degradación institucional no tiene límites con usted. Ha degradado el CNI, el CIS, la CNMC, la CNMV, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial… El penúltimo capítulo es lo ocurrido con RTVE. Primero hace dimitir al presidente para controlar el ente de cara a las próximas elecciones y cambia las normas para que la presidenta interina pueda tener todas las funciones que como interina no puede tener. Es curioso, porque actúa en sentido contrario que con el CGPJ”, golpeó de pasada la portavoz del PP, Cuca Gamarra.
“Le he dicho al PP y a sus dos líderes que hay que ser democráticos. El PP ha presentado sendas propuestas de reforma del método de elección del CGPJ a esta Cámara y han sido rechazadas por amplia mayoría de grupos parlamentarios. Acepten el resultado democrático y asuman que tienen que cumplir la ley, la Constitución”, fue la alusión que hizo Sánchez al asunto del Poder Judicial en su turno de réplica. El presidente cerraba así la puerta, como ya había hecho en privado y en los corrillos del 12 de Octubre, al cambio en el sistema de elección de los jueces, que era una de las condiciones que exigía Feijóo, aunque en las últimas horas los populares han ido reculando. “¿El PP quiere volver o no al acuerdo de 1978? ¿Qué ha hecho este Gobierno para sufrir el mayor bloqueo, la mayor crisis constitucional del órgano de gobierno del Poder Judicial de los últimos 40 años de democracia? Yo sé lo que ha hecho: ha ganado las elecciones. Pero hay que aceptar el resultado de las urnas, la mayoría parlamentaria y cumplir con la ley y la Constitución. Eso hace el Gobierno, ojalá podamos llegar a un acuerdo”, terminó el líder socialista.
Eso fue todo respecto al que ha sido uno de los principales conflictos entre el Gobierno y el PP en los más de dos años y medio de legislatura cuando se ha retomado la negociación. Ambas partes aseguran que hay margen para llegar a un acuerdo en esta ocasión, aunque el Ejecutivo guarda con celo los avances de las conversaciones. Lo poco que recalcan las fuentes consultadas en Moncloa es que el PP ha ido rebajando la condición de modificar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces y que la cuestión se basa ahora en encontrar una fórmula con la que Feijóo pueda salir del atolladero en el que, sostienen, se ha metido el PP. Pero no quieren dar ninguna pista de por dónde pueden ir los tiros: si un compromiso de una comisión de estudio, que sea el futuro CGPJ el que elabore una propuesta de reforma… En Moncloa ni siquiera quieren confirmar o desmentir si han acordado ya cambiar la mayoría a tres quintos para algunas decisiones, como ha asegurado Feijóo. La consigna oficial es que se deben mantener en la discreción las conversaciones para no facilitar ninguna excusa nueva al PP para romper y así dar una oportunidad real a la negociación. “La negociación avanza, pero hasta que no esté todo pactado, no habrá nada pactado”, afirmó a última hora en el 24 Horas de TVE el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que no quiso entrar en ningún detalle del “contenido ni la forma” del eventual acuerdo.
A pesar de ese afán de discreción, durante el Pleno de este jueves se sucedieron los contactos a múltiples bandas de algunas de las personas que están llevando el peso de las negociaciones. Durante un momento de la sesión, por ejemplo, se pudo ver al negociador del PSOE, Félix Bolaños, saliendo del hemiciclo junto a Aitor Esteban, con el que mantuvo una conversación a solas en una zona apartada del Congreso. Minutos después, el portavoz del PNV repetía esa misma situación con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que previamente se había ausentado también del hemiciclo para reunirse con el negociador de Unidas Podemos, Enrique Santiago.
Los socios constatan avances
A pesar de que Sánchez ha evitado lanzar las campanas al vuelo, desde Unidas Podemos insisten en que la Moncloa les tiene “permanentemente” informados del transcurrir de las negociaciones con el PP y aseguran que se han producido avances. El presidente mantiene al tanto personalmente a Yolanda Díaz y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, hace lo propio con Enrique Santiago. Y con la información que se les ha trasladado, en el grupo confederal son menos pesimistas que hace 48 horas. Por el momento, prefieren mantener la cautela y siguen siendo escépticos con las intenciones de fondo de Feijóo aunque constatan que, de puertas hacia adentro, la actitud de los populares en algo ha cambiado.
Lo que interpretan los socios de coalición del PSOE es que los de Feijóo han empezado a poner sobre la mesa exigencias más inconcretas y más fácilmente asumibles por parte del Gobierno, alejándose de la postura maximalista del cambio de sistema de elección de los jueces en la que se mantienen enrocados desde los tiempos de Pablo Casado. Y de ahí, en opinión de Unidas Podemos, que se estén planteando opciones como la de la elaboración de un informe por parte de los propios magistrados en un plazo de seis meses. Un paso que, en la práctica, serviría para ganar tiempo en lo que queda de legislatura una vez se haya consumado el desbloqueo. Lo que consideran “inasumible” en el entorno de la vicepresidenta segunda es la posibilidad de elevar a 3/5 la mayoría necesaria para la toma de decisiones en el Consejo, algo que califican de “poco democrático” porque otorgaría al sector conservador la capacidad permanente de veto.
En el equipo de Yolanda Díaz llegaban a mostrar este jueves su convencimiento de que acabará rubricándose un acuerdo en los próximos días, para lo que consideran fundamental “sacar la negociación del enfrentamiento en los medios”. El hecho de que no fuera motivo de disputa durante la comparecencia del presidente en el Congreso es recibido en los socios del PSOE como una prueba más de que las negociaciones van por buen camino o, al menos, van.
Ese relativo optimismo de Unidas Podemos coincide además con el de otros socios parlamentarios del Ejecutivo que también están siendo informados del discurrir de las conversaciones. Un portavoz de uno de los grupos que conforman la mayoría de investidura corroboraba a la salida del Pleno de este jueves que las noticias que le llegaban apuntan a que las negociaciones se encuentran “encauzadas”, con la posibilidad incluso de que se produjera un principio de acuerdo antes de terminar la semana.
A pesar del acercamiento en la negociación del Poder Judicial que lleva en funciones casi cuatro años y atraviesa su mayor crisis institucional tras la dimisión de Carlos Lesmes, el debate sirvió de nuevo para escenificar un desencuentro total en la manera de gestionar la crisis. El primero en atizar al PP fue Sánchez, que tras anunciar un nuevo paquete de medidas que supondrán 3.000 millones de euros para aliviar al 40% de los hogares españoles, usó su discurso para reprochar a Feijóo las recetas para salir de la crisis que son, a su juicio, las mismas que las de Mariano Rajoy. “Una vuelta al peor de nuestros pasados, que es el de la desigualdad y la precariedad”, afirmó el presidente.
Sánchez y Gamarra se reprocharon mutuamente una retahíla de datos económicos hasta llegar al culmen de la corrupción. “¿Qué hace todavía en su bancada un diputado para el que el Supremo ha pedido el suplicatorio?”, le preguntó Sánchez en referencia a Alberto Casero, el diputado del PP procesado por el Tribunal Supremo tras apreciar indicios racionales de prevaricación y malversación en unos contratos cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres). Eso sirvió a la portavoz del PP para elevar el tono en su réplica. “No le permito lecciones a este grupo parlamentario a quien tiene condenado a dos presidentes del PSOE por el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia”, le espetó Gamarra, que acabó señalando al cambio de ciclo: “Lo que necesita España es un nuevo tiempo político”.. Y fue el portavoz socialista, Patxi López, el que remató la pelea: “Ha empezado con una soflama y con todos los suyos en pie, enfervorecidos, los representantes del único partido condenado como trama criminal organizada para delinquir. No lo digo yo, lo dice la sentencia. ¿No estarían mejor un poco callados?”.