El Gobierno quiere pasar página del revuelo creado por la propuesta de la exministra Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. No quiere entrar en la polémica de que siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se posicionaran en contra y se centra en que recibió el aval. Ahora bien, insta al PP a que respete la “voluntad de los ciudadanos” expresada en las urnas y se avenga a renovar los órganos constitucionales que amenaza con bloquear.
Por parte de los populares, sin embargo, han asegurado estar esperando la llamada de Pedro Sánchez, si bien han querido dejar claro que la designación de Delgado como fiscal general hace imposible el acuerdo para renovar el máximo órgano de los jueces y que lo que plantea el PP es modificar el método de elección de los miembros del CGPJ para volver al sistema en el que eran los propios jueces los que elegían a sus integrantes.
En su estreno, la portavoz del Consejo de Ministros, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno “no va a entrar dentro de las deliberaciones” que se producen dentro de organismos autónomos como el Poder Judicial, pero ha enfatizado que “la propuesta de nombramiento sigue su curso después de que el CGPJ ha declarado que es legal”.
“Ni con nuestras expresiones ni acciones vamos a contribuir a incrementar ningún grado de crispación. Es nuestra obligación velar por la convivencia y la normalidad de las instituciones”, ha expresado Montero tras la elusión por parte de siete vocales del Poder Judicial de valorar a Delgado como jurista.
Lo que ha subrayado Montero es la necesidad de renovar el órgano de gobierno de los jueces, que lleva un año y medio en funciones y mantiene la mayoría conservadora porque los nombramientos se produjeron cuando Mariano Rajoy obtuvo mayoría absoluta. Asím ha cargado contra el PP por amenazar con bloquear los cambios. “Tenemos que conseguir que se respete la voluntad de los ciudadanos”, ha recordado Montero. Los vocales del Poder Judicial los designan el Congreso y el Senado y el juego de mayorías ha cambiado. “El Ejecutivo espera que se produzca la renovación a la mayor brevedad”.
El ministro iniciará el contacto con el PP
“El respeto de las instituciones de todo tipo, incluidas las judiciales, es una responsabilidad que nos compete a todos”, ha dicho antes de mencionar concretamente a los partidos de la oposición. Montero ha cargado contra el líder del PP por presionar a los vocales en contra de la designación de Delgado. “El señor Casado no puede pretender un rato antes de que se reúna la Sala dictar lo que la sala tiene que decidir”, ha dicho Montero, que ha acusado a los conservadores de “bloquear la renovación sin ningún poder”. En ese combo los socialistas no solo meten el Poder Judicial sino también el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional. Montero ha recriminado al PP que pretenda “sacar tajada” de esa situación“ haciendo un ”flaco favor“ a la Administración de Justicia.
El PP es necesario para la renovación de esos organismos constitucionales puesto que se requiere mayoría de tres quintos en las Cortes para que salga adelante. Pedro Sánchez mantiene la mano tendida a Pablo Casado para lograr un acuerdo. Montero ha asegurado que “de inmediato” comenzarán los contactos en esa línea. Será el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien inicie las conversaciones con el PP, pero la portavoz no ha descartado que el presidente y Casado puedan abordar el asunto también si lo estiman “pertinente”. Eso, ha expresado, formaría parte de la “normalidad democrática”.
En rueda de prensa, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha denunciado en cambio que “Sánchez lleva mucho tiempo amenazando con llamar al PP y esa llamada no se produce nunca. Aquí estamos para coger el teléfono en cuanto suene”, ha advertido. No obstante, el 'número dos' del PP ya ha avisado de que el PP tiene su “modelo” de lo que quiere que sea el CGPJ, que pasa por la reforma del sistema de elección. También ha dicho García Egea que la designación de Delgado como fiscal general aleja cualquier posibilidad de acuerdo con el PSOE para renovar el máximo órgano de los jueces.
Además, el Partido Popular ha anunciado este viernes la presentación de una proposición de ley “para que no se pueda nombrar nunca más a un político como fiscal general del Estado”. Tal y como ha explicado García Egea se trata de una reforma de la ley del ministerio fiscal “para que nadie que haya ejercido un cargo público pueda ser fiscal general” con el objetivo de que “Delgado sea la excepción”.
García Egea ha asegurado que tras la votación que se produjo el jueves en el máximo órgano de los jueces y en la que hubo 12 votos a favor de la legalidad del nombramiento de Delgado frente a siete en contra “ninguno de los miembros del CGPJ ha avalado la idoneidad de Delgado para ser fiscal general del Estado” y ha considerado que “su designación es un regalo para los independentistas”.
Sin fecha para la reunión con Torra
Montero, por su parte, ha insistido en que los gabinetes de Sánchez y Quim Torra siguen trabajando en cerrar una fecha para el encuentro que el presidente de la Generalitat estableció como condición previa para que la mesa de negociación entre gobiernes eche a andar. El lunes y martes de la próxima semana Sánchez estará en el Foro de Davos.
La portavoz ha asegurado que el Gobierno seguirá recurriendo las iniciativas que, a su juicio, vulneren la legalidad, como pretende hacer con el Pin parental en Murcia, y también cuando sea oportuno en el caso de que la Generalitat o el Parlament se salen la ley. No obstante, ha explicado que, cuando hablan de “desjudicialización” de la política, se refieren a no dejar en manos de los tribunales asuntos que son propios de la “controversia política”. “La política no se puede esconder detrás de las togas”, ha afirmado.
También ha defendido la autorización a la Generalitat para la apertura de algunas 'embajadas' en el extranjero después de que la Justicia haya anulado otras -a instancias precisamente de un recurso del Ejecutivo central-. Montero ha explicado que para esta segunda tanda de delegaciones en el extranjero, el Govern se adecuó a los criterios establecidos desde Madrid. “El Govern retiró esa norma de creación e incorporó los requerimientos que había formulado el Gobierno de España”, ha señalado Montero.