El Gobierno prepara el terreno para abordar los indultos de los presos del procés

El Gobierno allana el escenario para abordar los indultos a los políticos independentistas que permanecen en prisión cumpliendo condena por sedición por el 1-O. Pedro Sánchez nunca ha descartado el perdón gubernamental para los líderes del procés, aunque siempre ha evitado un pronunciamiento taxativo al respecto a la espera de que el trámite culminara en la mesa del Consejo de Ministros. Ese momento se acerca después de que el Ministerio de Justicia iniciara el trámite de la solicitud que efectuó hace un año un abogado a título particular. No obstante, la fecha aún está por concretar y el Ejecutivo no tiene ninguna intención de pronunciarse antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero. Todavía queda que se pronuncie la Sala Segunda del Supremo, en su calidad de tribunal sentenciador. Y en ese intervalo el Gobierno va despejando el relato.

Nadie en el Gobierno oculta el malestar por el informe de la Fiscalía, que rechazó los indultos por falta de arrepentimiento de los condenados, pero aprovechó la ocasión para advertir a Sánchez de que no puede usar esa medida de gracia por “conveniencia política” toda vez que la coalición se apoya en ERC para gobernar. Por ahora la relación está encauzada, pero cuando pasen los comicios catalanes, Moncloa y la Generalitat tendrán que retomar la vía del diálogo para solventar el conflicto político en Catalunya. “A mí los informes dentro del ámbito del poder judicial me gusta que sean técnico-jurídicos, los de la Fiscalía también”, expresó en una entrevista en la Cadena SER el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Ese informe incluso abunda en la posición contraria de la Sala Segunda, que fue la que emitió la sentencia”, señaló este lunes la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en una entrevista en La Hora de TVE en la que preguntada por si el ministerio público se extralimitó en sus apreciaciones, respondió: “Identifica un delito que nuestro Tribunal Supremo no identificó”. La indirecta se refería a las alusiones de los cuatro fiscales a la rebelión, el delito por el que acusaron a los líderes independentistas -con hasta 30 años de prisión- y que finalmente el tribunal rebajó a una pena por sedición.

No obstante, en el Ejecutivo cuentan con que el Supremo también se pronuncie en contra de conceder el indulto a los presos independentistas. Y es ahí donde el Gobierno va allanando el terreno. “Este es un derecho que está regulado y a cada quien le corresponde su parte: al ministerio fiscal emitir su informe; a sala, también; y al Consejo de Ministros tomar la decisión -explicó Calvo-. El derecho de gracia es un derecho que tienen todos hombres y mujeres de este país si están cumpliendo una condena en firme. A partir de ahí está absolutamente normado y se puede decidir en función de lo que emiten los informes o al contrario de lo que emiten los informes”. “De eso a lo largo de 42 años hay todo tipo de ejemplos por parte de todos los gobiernos de los tres partidos que ya han gobernado”, señaló la vicepresidenta sobre la posibilidad de conceder el perdón gubernamental sin contar con el aval de la Fiscalía y el tribunal, cuyos informes son preceptivos pero no vinculantes. “Yo lo situaría en la normalidad procedimental”, apostilló Calvo.

El que se ha pronunciado más favorable a la concesión de los indultos es el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en varias entrevistas concedidas en las últimas semanas a medios catalanes. “El Gobierno respeta siempre las decisiones de los tribunales y espera respeto de las decisiones que tome en el ámbito de sus competencias. El Gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos, y la obligación moral de aliviar tensiones que puedan dañar la convivencia”, zanjó en La Vanguardia en la misma línea en la que se había pronunciado en El Periódico al ser preguntado por su opinión hacia la concesión de esa medida de gracia para los líderes independentistas. Ábalos defendió los “gestos” para “normalizar” las relaciones de Catalunya con el resto del Estado: “Todo lo que sean medidas que normalicen y tranquilicen la vida política son todas bienvenidas”.

Dentro de esos gestos que forman parte de la política de distensión con Catalunya que ha emprendido Sánchez, Ábalos enmarcaba también la reforma del Código Penal para rebajar las penas por sedición, que conllevaría un adelantamiento en la salida de prisión de los líderes independentistas. La idea del Gobierno es adecuar ese castigo al resto de países europeos, donde la comisión de ese delito por parte de personas no militares está penado con unos cuatro años de cárcel. No obstante, la pretensión de Sánchez era que ese cambio legislativo recibiera el visto bueno del Consejo de Ministros antes de que acabara el año, tal y como figuraba en el plan normativo elaborado para el último trimestre, pero no ha sido así. El compromiso ahora es un genérico “más pronto que tarde” sin fijar una fecha.

Por mucho que se vaya preparando el terreno, en la parte socialista del Gobierno son conscientes de que el perdón gubernamental para los presos independentistas es una de las decisiones de mayor calado del mandato de Sánchez en buena medida por el coste electoral para el PSOE en determinadas zonas de España, especialmente en feudos tradicionales como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha. Por el contrario, Unidas Podemos apuesta sin tapujos por la concesión de los indultos. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, abogó hace unas semanas en La Sexta por que la tramitación culminara “lo antes posible” al tiempo que los comunes presionaron sin éxito para acelerar la reforma del delito de sedición.

Calvo reprendió entonces a Iglesias en otra entrevista en la que aseguró que sus socios minoritarios estaban en “posiciones de precampaña” por las catalanas y aseguró que “el Gobierno no funciona así”. Desde la parte socialista del Gobierno fían para largo la resolución de la tramitación y como mínimo hasta que pasen las elecciones del 14 de febrero. Sin embargo, el terreno se va allanando: los de Sánchez dejan claro que la ley no obliga a seguir la recomendación de la Fiscalía y el tribunal sentenciador y apuestan por normalizar las relaciones políticas con Catalunya.