Gobierno y PSOE comienzan a estudiar la aprobación de la ley de abdicación

La delicada salud del Rey y los numerosos episodios que están salpicando a la Casa Real han reabierto el debate sobre la necesidad de abordar la ley de abdicación, aún sin desarrollar, que siente las bases de cómo debería abordarse el proceso si el rey Juan Carlos pasara el testigo al príncipe Felipe. El Gobierno y el PSOE, por separado, trabajan ya en ello, así como en despejar algunas de las lagunas existentes sobre el papel del heredero cuando ejerza las funciones temporales del rey o asuma la agenda del monarca, como está ocurriendo ahora.

En Moncloa, no obstante, aseguran no tener prisa pendientes como están de ver cómo evoluciona el caso Urdangarin y cómo se solventa la imputación de la infanta Cristina. Fuentes de la Vicepresidencia del Gobierno afirman a eldiario.es que en este momento están totalmente centrados en ver cómo “encajar” a la Casa Real en la Ley de Transparencia, conjugando “la seguridad nacional” y “la protección de datos”. “No es fácil encajar ambos asuntos”, reconocen las mismas fuentes.

Estos trabajos y los contactos con los grupos parlamentarios los está llevando a cabo el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso. Eso no quita para que el Ministerio de Justicia lleve trabajando desde hace tiempo en otros asuntos que afectan a la Corona, como la ley de abdicación. De hecho, el diario El Mundo informó el domingo que Gallardón ha encargado a un grupo de expertos estudiar los mimbres de la futura ley orgánica que incluiría la posibilidad de aforamiento para algunos de los miembros de la familia real.

Las imprecisas declaraciones de Alfredo Pérez Rubalcaba realizadas estos días sobre la necesidad de acabar con “ciertas indefiniciones” sobre la Corona y el papel del príncipe han desatado todo tipo de especulaciones. Incluso se ha llegado a decir que el PSOE, en connivencia con el PP, estaría estudiando fórmulas para que de el heredero goce de los mismos privilegios que otorga la Constitución al Rey. La Constitución, en su artículo 56.3, establece que sólo “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Del resto de la familia real no dice nada.

El blindaje

“La prensa puede escribir lo que quiera, pero no es verdad. Nosotros no nos estamos planteando impulsar un Estatuto de la Casa Real que otorgue al príncipe, o a los familiares más directos del rey, un blindaje que le haga impune ante la ley”, asegura a eldiario.es Ramón Jáuregui, coordinador de la Conferencia Política del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión Constitucional del Congreso.

Ahora bien, en el PSOE no niegan que están trabajando en diversos aspectos que afectan a la Corona y a las funciones del príncipe con la idea de establecer una “regulación más precisa” que le brinde “una mayor protección jurídica” en casos -como el que está ocurriendo ahora- en los que deba asumir la agenda del rey o sus funciones de forma temporal. ¿Podría estudiarse un aforamiento como el que gozan los parlamentarios y otras autoridades del Estado para que solo pueda comparecer y ser juzgado ante el Tribunal Supremo?. Podría. Además, de cara a la celebración de la Conferencia Política de otoño, los socialistas preparan sus propuestas sobre la ley orgánica de la abdicación.

“Hay tareas pendientes dentro de la agenda reformista que creemos necesario abordar pero sin necesidad de alterar el marco jurídico–político ni el modelo de Estado actual, que está funcionando bien”, asegura Jáuregui.

Lo cierto es que esa ley orgánica está contemplada por el articulo 57.5 de la Constitución: “Las abdicaciones y renuncias o cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una Ley orgánica”. Es toda una asignatura pendiente, según reconocen todos los expertos consultados por eldiario.es, entre ellos el exvicepresidente del Gobierno y actual presidente de la Comisión Constitucional, Alfonso Guerra, que participó activamente en los trabajos de ponencia de la Constitución de 1978.

No obstante, si los acontecimientos se precipitaran, el desarrollo de dicha ley podría ser incluso posterior a la decisión del monarca de abdicar en el príncipe, y podría tramitarse por las Cortes por el procedimiento de urgencia y en lectura única. Al tratarse de una ley orgánica necesitaría mayoría absoluta y el consenso de los principales grupos de las Cámaras.

Una ley imprescindible

“Esa ley es obligada y en ella deberían de resolverse todas las cuestiones atinentes a la sucesión respetando siempre los criterios de sucesión establecidos en el art. 57.1 (primogenitura y representación) que vienen de Las Partidas de Alfonso X el Sabio”, opina Juan Luis Rascón, magistrado de la Audiencia de Córdoba y profesor asociado de Derecho Constitucional. ¿Por qué dejaron ese cabo suelto los padres de la Carta Magna?. “A mi juicio, no es que lo dejaran sin resolver los constituyentes, es que no tenía trascendencia jurídica y por eso no lo contemplaron en la Constitución”, afirma Rascón, que fue diputado socialista durante dos legislaturas.

Pero el debate actual no se remite solo a la sucesión o abdicación del Rey. También hay otras dudas o incluso algunas lagunas que afectan a ambas figuras. Como, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el príncipe desempeña la labor de jefe de Estado por 'baja' del Rey, como ocurre ahora? ¿Pierde el monarca sus privilegios? “Es evidente que durante el tiempo que dure esa imposibilidad, el rey sigue siendo inviolable y no pierde su estatus ni su blindaje. Aunque sea un sinsentido, la única persona a la que la Constitución declara inviolable es a la persona del rey y no a quien haga sus funciones durante un tiempo”, explica Rascón.

¿Y si se produce la abdicación? “Si se produce la abdicación, el escenario es distinto: el rey deja de ser jefe del Estado y pasa a serlo otra persona. Esta otra persona, el príncipe, deja de ser príncipe y pasa a ser rey y entonces su persona es ya inviolable”. ¿Y qué pasa con el rey emérito? “Pues que deja de ejercer sus funciones como jefe de Estado y, por tanto, es tan responsable jurídicamente de sus actos como cualquier otro ciudadano a partir del momento del cese. Es obvio que no se le podría exigir responsabilidad alguna de sus actuaciones anteriores como rey”, concluye el magistrado cordobés.

Para que se despejen muchas de esta cuestiones, el diputado de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, registró una iniciativa en el Congreso dirigida a “promover el desarrollo por Ley, tal y como sucede con el resto de las instituciones del Estado, del Estatuto Jurídico y Fuero de la Casa de S. M. el Rey, de los miembros de la Familia Real y de los miembros de la Familia del Rey con sus correspondientes funciones e incompatibilidades”.

Que la ley se hará, está claro. Pero ahora todo queda a expensas de ver qué ocurre con el caso Urdangarin y la imputación de la infanta Cristina.