El Gobierno de Rajoy podrá librarse del control en el Congreso
Tras unos días de calma, el Congreso ha vuelto a entrar en ebullición este martes, cuando ha recuperado su actividad ordinaria. ¿El motivo? El intento de los grupos parlamentarios de que el Gobierno se someta a su escrutinio. Moncloa y el PP se niegan. Ambas partes -los conservadores y el PSOE, que es el que más beligerante se ha mostrado por la decisión del Ejecutivo- se han enzarzado con distintos informes jurídicos que avalan sus posturas. Si el gabinete de Mariano Rajoy no cambia de idea, la maniobra de los socialistas para forzar la rendición de cuentas sería en balde porque el procedimiento, que pasa por el Tribunal Constitucional, se alargaría más que el tiempo que le queda al Gobierno en funciones antes de que haya un pacto que le desbanque o de la disolución de las Cortes ante la hipotética repetición electoral.
Los grupos parlamentarios, excepto el PP, han apostado este martes en la Junta de Portavoces por que se tramiten con normalidad los plenos y comparecencias para ejercer la función de control al Gobierno que tiene atribuida el Congreso. La idea de las formaciones es que en el Pleno de la semana del 29 de marzo se incluyan preguntas a los ministros y también una comparecencia de Rajoy para que dé explicaciones sobre lo que acuerde el Consejo Europeo sobre los refugiados. Ese proceso de rendición de cuentas debería comenzar este jueves con la comparecencia ya convocada del ministro de Defensa, Pedro Morenés, para que explique los acuerdos adoptados en la reunión con sus homólogos de la OTAN.
Moncloa reaccionó ante la aprobación de esa comparecencia pidiendo un informe a sus servicios jurídicos para determinar si el ministro en funciones puede rendir cuentas ante la Comisión de Defensa. El texto en el que se escudan el Gobierno y el PP determina que no, ya que no cuenta con la relación de confianza que otorga a un Gobierno la investidura -en este caso, la confianza se la dio el anterior Parlamento-.
El Gobierno no aparecerá
“La ausencia de dicha relación de confianza también determina que el Gobierno en funciones no puede ser sometido a control alguno por parte del nuevo Congreso, en la medida en que todo control presupone una exigencia de responsabilidad de carácter político, y dicha responsabilidad sólo es predicable del Gobierno que cuenta con la confianza del Congreso”, reza el informe que Presidencia ha remitido al presidente del Congreso. Además, el documento recalca que el Ejecutivo de Rajoy solo puede ahora desarrollar una actividad que no conlleva “orientación política”, según lo que establecen las leyes respecto al Gobierno en funciones. Los servicios jurídicos de Moncloa sostienen que solo los órganos judiciales podrían actuar para fiscalizar la actividad de ese Ejecutivo.
Ese texto es suficiente para que el Gobierno haya anunciado que no se presentará a la cita. Sin embargo, el resto de grupos y el presidente del Congreso, Patxi López, aseguran que tienen razón para pedir que el Gobierno rinda cuentas. Se apoyan en un informe que elaboraron los letrados de la Cámara Baja sobre las atribuciones que tiene durante este periodo. Para ellos, los juristas del Congreso dejaron claro que sí se puede someter al Gobierno en funciones al control parlamentario.
Cruce de informes contradictorios
“En la medida en que el Gobierno en funciones conserva ciertas competencias, excepcionalmente y de forma singularizada en cada caso, la Mesa podría admitir y ordenar la tramitación de las iniciativas de control e información (preguntas, interpelaciones, comparecencias y solicitudes de informe) que pudieran plantearse, siempre referidas al ejercicio de las funciones” que tiene atribuidas. Es decir, el informe de los letrados del Congreso abre la puerta a las sesiones de control siempre y cuando se refieran a las actividades que el Gobierno puede desarrollar en esta situación de interinidad.
El PSOE, que es el grupo que con más contundencia ha atacado al PP por su negativa, considera que los miembros del Gobierno deben comparecer. Además, sostienen que este “conflicto entre órganos constitucionales” fue resuelto en una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2000, que dio en ese caso la razón al Gobierno ante la negativa del Senado de tramitar a finales de 1995 por el trámite de urgencia el proyecto de ley del aborto. Los conservadores consideran que ese precedente no se ajusta a la situación actual.
Un plazo demasiado largo
Los socialistas llevarán la negativa del PP a que sus ministros comparezcan al alto tribunal. Para ello deberá plantearlo en el Pleno del próximo día 30, porque debe ser el Congreso quien recurra. En el caso de que se apruebe la propuesta, el Gobierno de Rajoy tiene un plazo de 30 días para responder al requerimiento: o bien dar la razón a la Cámara Baja o bien rechazarlo. Una vez consumido ese tiempo, si el Congreso no queda satisfecho con la respuesta, elevaría la queja ante el Constitucional. No obstante, esa decisión ya se tomaría una vez disueltas las Cortes por la repetición electoral. Sería una decisión de la Diputación Permanente. Desde el PSOE aseguran que se podría llevar a cabo desde ese órgano.
Los plazos del trámite hacen imposible, por tanto, que el Gobierno se someta al control en comparecencias o plenos si no cambia de postura. Tanto desde Moncloa como desde el PP aseguran que no se moverán.
Podemos ha reconocido que no tendría mucho sentido recurrir ante el Constitucional porque para cuando hipotéticamente se pronuncie, ya no será necesario. “No somos ingenuos”, ha dicho Íñigo Errejón. En el PSOE son conscientes de que el Gobierno puede librarse del control, pero sostienen que seguirán adelante con todo el proceso “en defensa de la soberanía nacional”.
