El Gobierno refuerza el plan de lucha contra las campañas de desinformación promovidas desde el extranjero y las injerencias externas en las elecciones

El Gobierno impulsa la estrategia contra la desinformación a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de un procedimiento de actuación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, que renueva el creado el pasado año. El objetivo de esa estrategia es combatir la desinformación y es el Ejecutivo, a través de varios departamentos involucrados -entre ellos la Secretaría de Estado de Comunicación, el departamento de Seguridad Nacional o el Centro Nacional de Inteligencia- el que se encarga de la “prevención, detección, alerta, seguimiento y respuesta” de ese tipo de campañas. Para ello establece distintos niveles de actuación, que van desde la monitorización y alerta hasta la coordinación de una respuesta política en el caso de que la desinformación afecte a un tercer Estado.

“Dado el rápido progreso del entorno digital, el uso intensivo de los medios digitales y la complejidad de la temática abordada, establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España resulta imprescindible”, dice la orden en la que se recoge el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 30 de octubre y que se basa en las directrices que la UE puso en marcha en 2018 ante las presuntas injerencias rusas en procesos como el Brexit o en elecciones como las de EEUU de hace cuatro años.

La orden hace referencia a las “líneas estratégicas” del European Democracy Action Plan, entre las que cita “incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos”; “fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación, así como el papel de la sociedad civil y, por último”; y “abordar la desinformación de manera coherente, considerando la necesidad de examinar los medios que se utilizan para interferir los sistemas democráticos, basándose en las acciones sobre la lucha contra la desinformación relacionada con la COVID-19”.

“Esta situación sugiere la necesidad de un reajuste de este marco de actuación y, a tal efecto, se desarrolla la actualización de este procedimiento, que ha servido de base para la creación de un Sistema Nacional para la prevención, detección, alerta, seguimiento y respuesta cuyas causas, medio y/o consecuencias están relacionadas con la desinformación”, señala la citada orden. Fuentes gubernamentales aseguran que se limita a dar cumplimiento a una directriz europea y que en ningún caso se pretende controlar los medios de comunicación. “No tiene nada que ver con los medios. Tiene que ver con las amenazas de las potencias extranjeras o con campañas organizadas, por ejemplo, a través de WhatsApp”, señalan esas fuentes, que sitúan la estrategia en el ámbito de la inteligencia y no del periodismo.

En un comunicado enviado al filo de las 19 horas, la Secretaría de Estado de Comunicación explica que “el procedimiento aprobado tiene como finalidad evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país” a partir de la exigencia de la UE de crear una actuación coordinada contra la desinformación. “En ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones”, zanja Moncloa.

El procedimiento de lucha contra la desinformación establece una estructura de la que forman parte distintos departamentos del Gobierno: desde el Consejo de Seguridad Nacional -y el departamento delegado a tal efecto por parte de la presidencia- al CNI pasando por la Secretaría de Estado de Comunicación y distintos ministerios implicados -Interior, Exteriores, o la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial“. Además, se incorpora la posibilidad de que colaboren entidades del sector privado y civil, como medios de comunicación, las plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico o las organizaciones no gubernamentales y la sociedad que, según la orden, ”juegan un papel esencial en la lucha contra la desinformación, con acciones como la identificación y no contribución a su difusión, la promoción de actividades de concienciación y la formación o el desarrollo herramientas para su evitar su propagación en el entorno digital“: ”En este sentido, las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de aquellas organizaciones o personas cuya contribución se considere oportuna y relevante en el marco de la lucha contra el fenómeno de la desinformación“.

También establece un protocolo de activación que se divide en cuatro niveles para la labor de “detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional, como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas”. Esos escalones van incluyen la monitorización, la respuesta a determinadas campañas e incluso -en el último escenario- la “coordinación de la respuesta a nivel político por parte del Consejo de Seguridad Nacional en caso de atribución pública de una campaña de desinformación a un tercer Estado”.

“No hay ningún precepto en la orden que incida sobre el derecho fundamental”

La publicación de la orden en el BOE y la interpretación en distintos medios de comunicación de que la comisión permanente contra la desinformación de que es una maniobra para vigilar y controlar al cuarto poder ha tenido una reacción inmediata de la oposición. El PP ha exigido la retirada de esa iniciativa “que ha aprobado por la puerta de atrás y escuchar a las asociaciones de periodistas y a los profesionales de los medios de comunicación” y también ha registrado sendas solicitudes de comparecencia de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y del jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, que tiene bajo su paraguas la seguridad nacional. Vox ha ido un paso más allá al acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de pretender “controlar las opiniones de los españoles en las redes sociales y censurar a los medios que no le aplauden”. La formación de extrema derecha lo ha calificado como “Ministerio de la Verdad” en referencia a la novela de George Orwell 1984.

Sin embargo, especialistas consultados por este medio descartan que la norma entrañe ese peligro, informa Carlos del Castillo. “Es una norma que pone un poco de orden interno entre los diferentes departamentos del Gobierno que pueden actuar ante la desinformación, lo cual parece razonable”, expone Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad hasta 2019.

“Cuando la amenaza de la desinformación es internacional y viene de un tercer estado es razonable que España intente averiguar su origen. No obstante, hay que poner mucho cuidado en esta cuestión porque a veces se intenta legitimar la restricción de contenidos legítimos en base a la actuación de un enemigo externo que amenaza la seguridad”, añade. “Lo que pasa es que no va más allá de esa organización para actuar, no habla ni una sola vez de qué tipo de medidas abordar”, concluye el catedrático.

Coincide con él Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información: “De momento no hay nada que valorar porque la norma carece de contenido sustantivo, es meramente organizativa. No hay ningún precepto en la orden que incida sobre el derecho fundamental”. “El problema de los medios que se están desagarrando las vestiduras una vez más es que les pasará como en el cuento del pastor y el lobo: cuando de verdad venga el Ministerio de la Verdad -que vendrá- nadie creerá nada de lo que cuente la prensa”, ironiza el abogado.